La renovación del CGPJ y el secuestro de la Justicia

El poder judicial apenas ha tenido transformaciones desde el inicio de la democracia. Su control por la oligarquía española y la derecha política se ha mantenido en todo el periodo democrático, con mayor o menor intensidad. El anquilosado y clasista mecanismo de acceso a la carrera judicial, la escasa participación en la configuración de este poder del Estado de la soberanía popular, el deficiente funcionamiento del servicio público de justicia y la mala imagen que tiene de él una mayoría de la ciudadanía, muestran la necesidad de modernizar  y democratizar la Justicia en España como hicieron en su momento la mayoría de  países de nuestro entorno. Si la democracia española no ha tomado aún esas medidas, ha sido por la falta de voluntad política del bipartidismo durante años, con consecuencias agravadas en los últimos años por el bloqueo del PP a la renovación del  Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace más de un lustro. El sistema ha permitido que se haya repetido frecuentemente ese secuestro, siempre por una derecha que ha bloqueado su renovación  cada vez que no ha tenido mayoría suficiente para controlarlo. Lo secuestró Aznar entre 1995 y 1996, Rajoy, entre 2006 y 2008. Y ahora  Casado y Feijóo desde 2018. Así, durante 22 de los últimos 27 años el PP se ha garantizado un dominio absoluto del órgano que decide los ascensos para el desempeño de las máximas responsabilidades en los altos tribunales –las salas del Tribunal Supremo o las presidencias de la Audiencia Nacional, los tribunales superiores autonómicos y las audiencias provinciales– con nombramientos vitalicios hasta jubilación. Como ejemplo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha pasado de tener en 1995 siete jueces progresistas y seis conservadores a que en 2024 sean 11 conservadores y cuatro progresistas. 

El daño colateral de este control político del PP ha sido la guerra jurídica, lawfare, contra sus adversarios, la ultra protección de las clases dominantes por los tribunales mediante doble criterio en la aplicación de la ley y una degradación del servicio público de justicia  que acaban padeciendo los sectores sociales más desfavorecidos y todos los operadores jurídicos. Pendientes de nombramiento en el Tribunal Supremo está el 31% de su plantilla, 27 magistradas o magistrados, y más de 80 correspondientes a audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia de comunidades autónomas.

Esta guerra entre el PP y el Estado de Derecho ha sido permitida demasiados años por un PSOE incapaz de adoptar medidas legales eficaces para acabar este secuestro y evitar su repetición periódica, a pesar de las abundantes propuestas realizadas por Unidas Podemos antes, y Sumar ahora, para impedir para siempre esta actitud sediciosa de la derecha política y de la muy organizada derecha judicial. Esta tendrá que explicar algún día su silencio cómplice ante un incumplimiento constitucional que, si hubiera sido realizado por la izquierda, hace tiempo que habría hasta justificado algún tipo de “golpe” institucional. Esperemos que esa responsabilidad se la exijan en algún momento los miles de profesionales que se desempeñan en juzgados y tribunales de todas las instancias, que han soportado directamente la pérdida de prestigio de la justicia y la sobrecarga de trabajo derivada de este bloqueo del servicio público de la justicia.

Ahora, debido a factores políticos internos en el PP, hay una oportunidad para acabar con el secuestro del CGPJ. Feijóo ha renunciado a sus dos principales y alegales exigencias: ni la renovación del CGPJ dependerá de que la mayoría parlamentaria acepte el mecanismo de elección de este órgano que quiera imponer el PP, ni “los jueces van a elegir a los jueces”, algo tan antidemocrático como que los diputados eligieran a los siguientes diputados o que las ministras eligieran al siguiente Gobierno. En democracia, quién elige es la soberanía popular, el voto de los electores. La coalición Sumar no va a aceptar nunca algo diferente.

La negociación entre el actual ministro de Justicia y el PP ha durado años. En 2022 se frustró por la negativa de la derecha de aceptar los candidatos propuesto entonces por Unidas Podemos. Sumar y otras fuerzas parlamentarias han sido ahora informadas del desbloqueo pocas horas antes de hacerse público, momento en el que se confirmó que el PP ya no vetaba ninguna de las candidaturas de vocales propuestos por las dos fuerzas del Gobierno de coalición.

El PP acepta ahora, en 2024, los mismos contenidos del acuerdo con el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos que ya había aceptado en 2022: regulación de las “puertas giratorias” judicatura y política; que los vocales del CGPJ no hayan desempeñado recientemente actividad política; más años de ejercicio de la carrera judicial para ser magistrado/a del Tribunal Supremo; y un mecanismo para que el CGPJ tenga que aplicar criterios más objetivos profesionalmente y más equilibrados políticamente para realizar nombramientos. A estos contenidos se ha añadido ahora una disposición adicional con escaso alcance legal, un placebo para que el PP tenga una excusa frente a quienes se negaban a desbloquear la elección de un nuevo CGPJ. 

Ante esta claudicación del PP, obligado a retirar sus prolongadas exigencias antidemocráticas para liberar al secuestrado, lo que era aceptable para Unidas Podemos en 2022, debe ser aceptable para Sumar en 2024. O, dicho de otra forma, el interés principal y superior de la democracia y de la sociedad española no puede decaer por su vergonzosa puesta en escena para la soberanía del Estado y por el muy cuestionable método como se ha gestionado el acuerdo: la  foto del ministro de Justicia y del representante del partido secuestrador, firmando la liberación del secuestrado ante una comisaria “intermediaria” de la Unión Europea; la opacidad con sus socios de gobierno y parlamentarios con la que el PSOE ha gestionado el acuerdo y el posterior registro de la Proposición de Ley en el que se contiene; los dudosos méritos e idoneidad de algunos de los vocales propuestos por el PP; y la contradicción entre firmar un acuerdo para sanear la justicia y la exigencia del PP de nombrar como magistrado del Tribunal Constitucional al hasta ahora vocal Macías, uno de los máximos responsables de la politización y degradación del CGPJ. Otro sapo como el que tuvo que tragar Unidas Podemos y otras fuerzas democráticas en 2021 para acabar con el otro bloqueo inconstitucional del PP, el de la renovación del Tribunal Constitucional.

El fin del secuestro del CGPJ y el consiguiente desbloqueo de los nombramientos para altos tribunales pendientes es la aceptación por el PP de las reglas del juego democrático e institucional contendidas en la Constitución, pero no por voluntad propia, sino obligado por los acontecimientos. La vuelta a una normalidad que, en materia de justicia,  requiere profundas medidas de democratización y  modernización para garantizar el contenido del artículo 117 de la Constitución, “la justicia emana le pueblo”.

Sumar ya ha traslado a su socio de gobierno que este desbloqueo no significa tener por adoptadas las medidas de regeneración democrática de la justicia que necesita nuestro país. La obligación del Gobierno de coalición es adoptarlas a la mayor brevedad, ojalá que con el concurso de todas las fuerzas democráticas que apoyaron la investidura del presidente Sánchez. Son medidas imprescindibles  actualizar el sistema de acceso a las carreras judiciales y fiscal eliminando cualquier factor de discriminación de clase; la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ para evitar que en el futuro vuelva a producirse el habitual secuestro de la derecha cuando no tiene mayoría para controlar su renovación; la reforma de las competencias del CGPJ, equiparándolas a las de los países democráticos y ajustándolas al mandato constitucional y a la plurinacionalidad del Estado; incrementar la eficiencia del servicio público de Justicia dotando los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de una sociedad moderna; medidas para acabar con la guerra jurídica y la utilización política de la justicia contra los adversarios políticos de la derecha; un nuevo modelo de investigación penal a cargo de la fiscalía con la introducción del juez de garantías;  la recuperación de la vía procesal de exigibilidad de responsabilidad civil a los jueces eliminada por el PP mediante Ley Orgánica 7/2015; la ampliación de los supuestos de anormal funcionamiento de la justicia para incluir reparaciones públicas del prestigio y buen nombre de las personas afectados por las ya habituales investigaciones judiciales que generan multitud de titulares pero nunca llegan a juicio ni condena…

Suena precipitado, si no desmesurado, concluir que el acuerdo para renovar el CGPJ es un gran pacto PP-PSOE para volver al bipartidismo y poner en marcha  la gran coalición. Esto podría ocurrir, sobre todo si la izquierda no tiene mayoría suficiente para gobernar. Es más probable que ocurra si las izquierdas transformadoras de este país, en lugar de debatir, proponer y tener fuerza para implementar las medidas concretas que se necesitan para conseguir transformaciones políticas y sociales profundas que amplían derechos y mejoran la vida de la gente, se pierden en estériles confrontaciones de relatos dependiendo de quienes forman parte o no de una coalición electoral, parlamentaria o de gobierno. En la compleja situación política de España, nada es descartable, pero lo que es seguro es que esta renovación del CGPJ tras más de cinco años de bloqueo, es el paso sin el cual no es posible poner en marcha la imprescindible y profunda reforma del tercer poder del Estado, el poder judicial.