El rey y España

En condiciones normales, el pasado jueves 14 de octubre España hubiera vivido una monumental crisis constitucional. Los líderes políticos demócratas se habrían reunido para tramitar una salida de urgencia mientras Felipe VI habría comparecido ante los españoles para hacer un discurso que sonara a despedida. 

El jueves 14 de octubre ABC (ese periódico cuyo nombre no hace falta mencionar si se dice “el diario monárquico”) publicó dos artículos como colofón a una indescifrable saga que lleva unas semanas sobre “los papeles de Manglano”. Los del 14 de octubre no sólo revelaban más robos cometidos por el rey Juan Carlos. Revelaban algo más, todo gravísimo; vayamos de menos gravísimo a más gravísimo.

En la portada de ABC podíamos leer: “El pago a ETA para liberar a Diego Prado lo puso Zarzuela”. El pago a ETA lo puso Zarzuela. Casi nada. Y pese a la gravedad de que la Casa Real pagara a ETA para que liberasen al hermano del testaferro del rey, la otra noticia suponía un insoportable golpe a la democracia española aún mayor. 

“El Rey Juan Carlos dio un millón de dólares a Adolfo Suárez después de su dimisión. 

Los fondos procedían de la donación saudí y buscaban que dejara la política“. Ya sabíamos desde hace décadas que Juan Carlos había recibido ilegalmente dinero de la dictadura saudí. Pero esta noticia confirmaba los dos aspectos políticamente más graves de la corrupción de Juan Carlos:

En primer lugar, que la inmensa corrupción emanada desde la Jefatura del Estado empapaba a todo el Estado. Si en la cúspide del edificio institucional el rey está robando a manos llenas, es inevitable que en los escalones inferiores del Estado se asuma la corrupción como la forma en que se gestionan los asuntos públicos. Según ABC, Juan Carlos I sobornó a Adolfo Suárez con un millón de dólares a cambio de su dimisión. Y Adolfo Suárez aceptó. Y los gobiernos de Felipe González tuvieron gravísimos problemas de corrupción. Y los gobiernos de Aznar fueron sinónimos de corrupción… Es imposible que la corrupción que hemos conocido de Juan Carlos I se haya fraguado sin la complicidad al menos de todos los presidentes de Gobierno, de todos los ministros de Exteriores, de todos los ministros de Interior y de todos los ministros de Defensa. Y es bastante difícil pensar que la complicidad de nuestros gobiernos con la corrupción del rey fuera de la mano de una inmaculada rigidez ética en todo lo demás. Es muy representativo el papel de Villar Mir, al que Juan Carlos concedió el título de Marqués de Villar Mir, alma del escándalo del AVE saudí y de casi todos los escándalos que han salpicado al PP (y que avanza en su vejez sin que ninguno de tantísimos escándalos le haya llevado a pasar ni un día en la cárcel, por cierto): la continuidad de la corrupción en la Casa Real y en las instituciones del Estado inferiores era la esperable. Cuentan que en una reunión de Urdangarín con Felipe y Juan Carlos en Zarzuela en febrero de 2012 explicó “Yo sólo he hecho lo que hacen todos aquí”. No fue el único que hizo lo que hacían todos allí.

Pero lo más grave de todo para la democracia española no es el trasiego de dinero negro en su élite. Lo más grave es que la corrupción del rey Juan Carlos (titular de un cargo no electo cuya frágil legitimidad sólo puede descansar en que su poder simbólico es ajeno al gobierno político de la nación) condicionó de forma importantísima la política española. El Jefe del Estado no elegido democráticamente habría logrado echar (mediante sobornos procedentes de una sanguinaria dictadura) al presidente del Gobierno elegido democráticamente. Es probablemente el caso más grave pero no el único en el que la corrupción del rey ha venido condicionando las políticas económicas, exterior, energéticas… de España. Las mordidas del rey del petróleo saudí impidieron al gobierno español comprar petróleo de otros países más barato en plena crisis del petróleo en los 70; los vínculos con gobiernos sanguinarios fijaron una política exterior que podría haber sido otra y que sólo correspondía fijar a los gobiernos democráticos (si Chávez también hubiera financiado al rey, ¿habría espetado Juan Carlos aquel “por qué no te callas” o le habría tratado con la misma exquisitez que a los dictadores que ahora le hospedan?). La compraventa de armas internacional, la dependencia energética del petróleo (en un país que evita explotar nuestro potencial natural para las renovables), la dependencia económica del sector de la construcción, que acompañaba a Juan Carlos en todos sus viajes internacionales, cuyas estrategias “comerciales” hemos visto aclaradas en el AVE de La Meca… Las políticas estratégicas que han condicionado la vida de los españoles han tenido entre sus causas la corrupción del rey.

Habría sido radicalmente ilegítimo que un rey de un país democrático se inmiscuyera con tanta constancia en los asuntos capitales del país. Un rey es compatible con una democracia si su papel se limita a lo simbólico (casi a lo folclórico) y se somete con lealtad a los gobiernos democráticamente elegidos: nunca al revés. Pero si, además, esa injerencia del rey para condicionar las políticas estratégicas del país se debe a los negocios ilegales del rey, cuyos intereses corruptos se ponen por encima de los del país, tenemos una fractura constitucional de primera magnitud.

Juan Carlos I ya no es rey de España. Sin embargo todas las instituciones están retorciendo sus actuaciones para blindar este escándalo. La Mesa del Congreso ha impedido innumerables veces investigar (vulnerando el artículo 76 de la Constitución española) lo sucedido. La Mesa del Congreso ha impedido legislar para evitar que en el futuro haya condiciones para que vuelva a suceder lo mismo (vulnerando el deber del Congreso de legislar orgánicamente sobre las instituciones constitucionales y en concreto sobre la Corona). La Casa Real no ha hecho públicos sus bienes y actividades, su patrimonio, sus recursos… como está obligado a hacer hasta el último concejal de España: los avances en transparencia de la Casa Real son un animal mitológico del que hablamos tanto que casi nos parece haberlo visto. 

España no ha hecho nada para que lo que sucedió con Juan Carlos no vuelva a suceder. Sólo estamos entregados a la confianza en que Felipe no esté haciendo hoy lo que vio hacer a su padre y antecesor durante cuarenta años. La misma confianza a la que ya nos entregamos durante los cuarenta años anteriores.