El rey investigado vuelve a España

La presencia en España del rey que abdicó merece un comentario. Porque no ha vuelto a comparecer ante la Justicia penal sino a exponer, una vez más, su poder económico y su impunidad.

Ello obliga a repasar sus reprochables actividades económicas, pese a los Decretos de la Fiscalía Anticorrupción de 2 de marzo del presente año. Basta repasar estas disposiciones, el Decreto de “Delimitación de la investigación”- de 67 páginas- y el de Archivo de la investigación -de 27 páginas- para conocer el enorme alcance de las conductas económicas, presuntamente ilícitas, de Juan Carlos I. Generadoras de un evidente reproche social que, sin duda alguna, alcanza a la institución monárquica.

En el primero de los Decretos, consta el título de un apartado que ya expresa cuanto decimos. “II. Transferencias efectuadas por Allen de Jesús Sanginés Krause en favor de Nicolás Murga Mendoza y de las que ha sido beneficiario directo o indirecto S. M. D. Juan Carlos de Borbón, posteriores al 19 de junio de 2014”. Y añade: “El importe total de estas transferencias, que ascienden a 516.606,32 euros, ha sido destinado al abono de gastos particulares de S. M.D. Juan Carlos de Borbón o de personas relacionadas con él por tratarse de familiares o allegados del mismo”.(?) Y, más adelante, continúa: “No hay constancia de contraprestación alguna a estas transferencias. Se trata de actos unilaterales efectuados a título lucrativo; por tanto, son donaciones que están sujetas al impuesto de sucesiones y donaciones….”.

Y el apartado III de la denominada “delimitación” investigadora, contiene el siguiente título: “Gastos realizados por S. M .D. Juan Carlos de Borbón que han sido sufragados por la Fundación Zagatka, posteriores al 19 de junio de 2014”. Fundación fundada por Álvaro de Orleans-Borbón en 2003, domiciliada en Liechtenstein, de la que, en 2006, el entonces Rey, Juan Carlos I, fue incluido como “tercer beneficiario de los fondos” !cuando estaba en pleno ejercicio de su función institucional! Dato que no merece mayor atención, pese a su evidente trascendencia, pues la inmunidad de que gozaba en aquella fecha no puede impedir la investigación de conductas, en todo caso irregulares, si no presuntamente delictivas. En dicho apartado, se hace referencia “…a transferencias bancarias desde sus posiciones financieras en las entidades suizas Credit Suisse, Aktiengesellschaft y Lombard, Odiier and Cie., Viajes Terra Viva S. A. y Fathomless Advisory Services Limited cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento, entre otros, originados por S.M.D. Juan Carlos de Borbón, así como sus familiares y allegados”.

En otro apartado, el citado Decreto de “delimitación” hace referencia a “movimientos en las cuentas bancarias españolas de las que S. M. D. Juan Carlos de Borbón ha sido titular o autorizado”. Análisis efectuado a partir de los extractos de las cuentas bancarias, cuya cuantía destacando en algunas de ellas “numerosos movimientos bancarios”, “que usualmente tienen que ver con la compra y venta de valores financieros”? Se ha investigado el origen y alcance de dichos “valores”? No faltan referencias a los pagos realizados a la sociedad Air Partner, PLC, “por transportes en avión privado”. Tampoco se precisa el importe de cada uno de estos vuelos y su destino, pese a estar reseñados por fecha y año. No falta una breve referencia a la “adquisición de armas de fuego”. 

Y, finalmente, el análisis del Trust “The JRM 2004 Trust” y los beneficios que otorga el art. 305.4 del Código penal, sobre la regularización tributaria, ha llevado a la Fiscalía a aplicar “la eficacia exoneradora de reproche penal de las declaraciones tributarias efectuadas….” por la representación del abdicado. Pese a lo dispuesto en la norma penal aplicada, nunca estaremos de acuerdo con que dicho beneficio represente “el pleno retorno a la legalidad” de su conducta defraudatoria, “que pudiera haber alcanzado entidad penal” como se reconoce expresamente en el Decreto de archivo. Una vez más, bajo un Gobierno, que se autodenomina de izquierdas, normas penales que favorecen a los poderosos- esta vez, a un rey abdicado-, siguen vigentes.