El 10 de diciembre de 2020, Donald Trump publicó un tuit en el que reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Dicha publicación fue interpretada en algunos espacios como “el principio del fin” de la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación e independencia.
Casi cuatro años después, en un contexto geopolítico internacional determinado por distintos escenarios bélicos como la guerra de Ucrania o el genocidio de la población palestina, el pueblo del Sáhara Occidental sigue determinado en su camino hacia el efectivo ejercicio de sus legítimos derechos.
Avanzando en la línea cronológica, el 18 de marzo de 2022 se hizo pública la carta enviada por el presidente del Gobierno de España al rey de Marruecos en la cual reconocía la propuesta marroquí sobre el Sahara Occidental como “la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”.
Sin embargo, según las declaraciones efectuadas hace unas semanas por el Enviado Especial de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, dicho posicionamiento se trató más bien de un salto al vacío, un acto totalmente desinformado, puesto que esa “base más” todo Naciones Unidas no la considera explicada a día de hoy, es decir, casi tres años después de la carta enviada por el presidente del Gobierno a Marruecos.
Por otra parte, son muchos los motivos por los que la crítica a la mencionada misiva fue mucho mayor de la ocasionada al tuit de Trump (y sería mucho mayor que la provocada a las realizadas por el presidente francés).
Lo anterior se explica, en primer lugar, por el hecho de que España sigue siendo la potencia administradora del Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental. Otro de los elementos justificativos es el hecho de que el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui más amplio es el articulado en el Estado español; lo cual evidencia que los lazos entre la sociedad española y la saharaui son indiscutibles, notorios y muy sólidos (a título ilustrativo, el programa “Vacaciones en Paz”).
Asimismo, el territorio español, –por razones históricas evidentes–, ha sido (y continúa siendo) el destino por el que opta la población saharaui que se ha visto abocada, por unos motivos u otros, a un doble exilio. Elección explicada en gran medida también por la red de solidaridad existente y la gran acogida que el conjunto de la sociedad siempre ha brindado al pueblo saharaui.
Por ello, el posicionamiento trasladado a Marruecos –totalmente incongruente con el sentir de la ciudadanía– fue vivido desde un punto de vista emocional por muchas personas como la “segunda traición de España a los saharauis”.
No obstante –más allá de los sentimientos–, no hay tuit, carta o declaración que pueda alterar la naturaleza jurídica de la cuestión del Sáhara Occidental.
El Sáhara Occidental sigue siendo un Territorio No Autónomo pendiente de descolonización y como tal, todos los actores del escenario político internacional tienen la obligación de contribuir a una República Árabe Saharaui Democrática libre e independiente (o al menos no obstaculizar su consecución).
Un momento oportuno, procedente y justo hubiese sido el reconocimiento del Estado saharaui por parte de España el pasado mes de mayo, cuando reconoció al Estado de Palestina.
Sin embargo, su Gobierno se decantó por seguir relegando los derechos del pueblo saharaui, entre otras excusas, a una supuesta “excelente relación de vecindad”.
En lo que respecta al caso francés, las declaraciones formales supusieron la confirmación de un secreto a voces, habida cuenta del apoyo político, económico y militar de Francia a Marruecos en sus pretensiones e iniciativas relacionadas con el Sáhara Occidental. Unas declaraciones hostiles al pueblo saharaui, que fueron escenificadas mediante la visita de Macron a Marruecos y ratificadas ante el Parlamento marroquí.
En este contexto, la mayoría de Estados miembros de la Unión Europea a nivel individual, así como la Unión Europea en su conjunto, mantienen un posicionamiento alineado con el Derecho Internacional, insistiendo en el hecho –público y notorio, por cierto–, de que es en el seno de Naciones Unidas, mediante un referéndum, la vía por la cual debe decidirse el futuro del Sáhara Occidental.
Lo anterior no es de extrañar tomando en consideración las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 4 de octubre, en las cuales, entre otras cuestiones, se incide en la distinción evidente entre el Sáhara Occidental y Marruecos así como en la soberanía del pueblo del Sahara Occidental sobre los recursos naturales del territorio.
El Tribunal, con base en los anteriores argumentos, anuló los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos al considerarlos concluidos, vulnerando el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y el efecto relativo de los tratados. Asimismo, reconoció, una vez más, la capacidad procesal del Frente Polisario para actuar, ante el Tribunal de la Unión Europea, en defensa de los intereses del pueblo del Sáhara Occidental.
Sin embargo, ante las declaraciones formuladas por varias instituciones de la Unión Europea, tras la contundente victoria del Frente Polisario, esperemos que la Unión Europea opte por acatar las decisiones de su más alta instancia judicial y no por recurrir a obras de ingeniería jurídica para huir de lo evidente.
En este contexto, por tanto, se puede afirmar que Marruecos fracasa estrepitosamente (y cada vez de manera más evidente) –aunque destine muchos esfuerzos en aparentar lo contrario–, en convencer de sus aspiraciones, generalmente, mediante promesas económicas.
Con todo, de lo que no cabe albergar duda alguna es que, contra todo pronóstico y pese a los numerosos intentos, el pueblo saharaui sigue decidido a luchar con plena convicción y determinación por ejercer de manera efectiva su derecho a la autodeterminación e independencia.
Bujari Ahmed (q.e.p.d), gran diplomático saharaui, sintetizaba dicha conclusión así: “Aquellos que crean que los saharauis van a ser víctimas del paso del tiempo, no conocen la naturaleza del desierto. Podemos morir, otros continuarán”.