La sanidad, universal, pública y de calidad

Hubo un tiempo en el que nuestro país tenía una sanidad relativamente aceptable en términos de servicio y calidad, impulsada por la modernización y el modelo que le dio Ernest Lluch cuando fue ministro de Sanidad, en los primeros gobiernos de izquierdas de la democracia.

Luego vinieron la crisis del 2008 y los años de la austeridad. El gasto público en sanidad, dice la estadística, había ido subiendo hasta el 2009, y del 2009 al 2014 tuvo un recorte de casi el 20%. Esto evidentemente generó una gran tensión en el sistema sanitario público: recorte en los productos farmacéuticos y restauración del copago, largas listas de espera, parada de la inversión y actualización y, de forma muy significativa, recortes en las condiciones laborales, generando muchos espacios de precariedad laboral en el sector.

Cuando en 2020 llegó la emergencia sanitaria de la COVID, el gasto público en sanidad aún estaba al 90% del de 2009. Llovía sobre mojado. La pandemia puso de manifiesto las vulnerabilidades del sistema sanitario. Desinversión, falta de personal —y el que estaba, en condiciones precarias— y una Atención Primaria muy debilitada. Falta de personal, especialmente profesionales médicos de familia, de pediatría, y caída de ratios, también en enfermería.

Hay bastante consenso en que el modelo sanitario tiene que bascular de la centralidad hospitalaria hacia la importancia de la Atención Primaria de cercanía y, sobre todo, la promoción de la salud, que es donde más se tiene que invertir. En 2019 se dibujó con el Ministerio una estrategia en ese sentido, pero nunca tuvo presupuesto ni se implementó y la llegada de la COVID obligó a destinar todos los recursos y más a la emergencia sanitaria y a la vacunación masiva de la población.

Añado algunos datos más para ubicarnos: el gasto público en la sanidad prepandémica en España, en 2019, suponía el 6,1% del PIB. La mediana de la UE es del 7%, y en los países más avanzados, como Alemania, Reino Unido, Francia o Finlandia, oscila entre el 9 y el 10 %. Nuestro país está en el puesto 17 de los 27 Estados miembros.

Otro elemento importante para hablar de nuestra sanidad pública es la disparidad de situaciones entre las distintas comunidades autónomas. El gasto público en sanidad por habitante en 2021 varía en función de las comunidades autónomas: de los 1.931€ en Asturias, 1.897€ en Euskadi, 1.888€ en Navarra, a los 1.327€ en Andalucía, 1.246€ en Catalunya y 1.170€ en Madrid.

Sois conocedores de la histórica reivindicación sindical y social de que la Atención Primaria tendría que ser el 25% del presupuesto de Sanidad: en España va del 17,6% de Andalucía y el 16,13% de Castilla y León, al 11,62% de Galicia y al ínfimo 10,66% de la Comunidad de Madrid. Y eso se nota.

Voy a decirlo alto y claro: 30 años de gobiernos liberales y de derechas en Madrid han generado un gran deterioro de la sanidad, de los barrios, el aumento de los problemas sociales y el aumento de las desigualdades. Corresponde a un modelo ideológico que no es igual en todos los sitios: en el último presupuesto autonómico catalán, por ejemplo, suben los impuestos autonómicos y aumenta en 1.200 millones de euros el gasto sanitario. En Madrid bajan impuestos haciendo dumping fiscal entre territorios y en nombre de una supuesta libertad recortan los servicios sanitarios universales.

Salimos de la pandemia con un sistema sanitario muy tocado, con un personal en burnout, muy quemado. En algunos hospitales las renuncias del personal de enfermería han llegado al 20%. El personal médico mal pagado y con más guardias que en la antigua mili. 

La gota que colmó el vaso en Madrid fue el plan de abrir centros de urgencia extrahospitalaria y de atención rural, sin médicos en pueblos y barrios. La gente parece que lo tiene claro. Este domingo nos vemos en las calles en defensa de la sanidad pública, universal y de calidad.