Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea, ha vuelto a desmontar las trampas realizadas para esconder el rescate bancario. Esta vez le ha tocado a Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, cuya reclasificación esta semana ha situado a esta mercantil dentro del perímetro de las cuentas del sector público.
¿Qué se esconde detrás de esta “pelea de contables”?
Se trata de algo extremadamente importante, no es un tema menor. Tras la decisión de Eurostat, los 35.000 millones de euros que están todavía en el balance de Sareb, pasan a ser considerados como deuda pública y eso incrementará la misma del 117,1% del PIB en 2020 a situarse por encima del 120%. Además, el déficit de esta sociedad también computará como público. La decisión adoptada incorporará a la “mochila” del actual Ejecutivo, una deuda y un déficit relacionado directamente con las decisiones políticas de Mariano Rajoy y Luis de Guindos. Sin embargo, no tardarán los lectores en escuchar al presidente del “nuevo” Partido Popular lamentarse de la escalada de la deuda de las Administraciones Públicas.
La creación de una sociedad de gestión de activos inmobiliarios, o banco malo, fue una de las condiciones impuestas en el MoU, el memorándum de entendimiento firmado con la Unión Europea para el rescate de España en 2012. Sareb fue creada con el objetivo de comprar todos los activos tóxicos y problemáticos que tenía la banca para “limpiar” sus balances y eliminar el lastre que en ellos tenían los activos “improductivos”. Viviendas y suelos que estaban en poder de las entidades después de haber sido ejecutadas las garantías e hipotecas de quienes no habían pagado los préstamos firmados, además de créditos fallidos con enormes dificultades de recuperación, fueron traspasados a este “banco malo” para que las entidades dejasen de tener el lastre de tener que provisionar esos activos que no les generaban más que gastos y les obligaban a reservar capital.
La creación de este “cortafuegos” separaría “el grano de la paja”, los activos buenos, de los malos. Y eso permitiría, además de restablecer la confianza en el sector bancario, que éste se pudiera dedicar a su función de concesión de créditos para evitar el colapso de la actividad económica.
Pero había un problema. Ni el gobierno de Zapatero, ni el de Rajoy, responsables del descontrol y la falta de supervisión del sistema bancario, tenían las manos libres porque eran rehenes de su pasado. No podían reconocer el volumen descomunal de ayudas públicas ni de coste económico que era necesario comprometer para acudir al rescate de las entidades bancarias porque se trataba de salvar a éstas mientras se retiraba el paraguas protector público que debía haber protegido a millones de personas durante una crisis letal. Por eso, cuando PSOE y PP acordaron en agosto la modificación del artículo 135 de la Constitución, en el pack venía incluido realizar las oportunas maniobras que consistían en colocar un tupido velo que impidiese al pueblo ver que, al mismo tiempo que se recortaba en sanidad, educación, dependencia, atención a nuestros mayores o pensiones, se proporcionaban ayudas públicas al sector bancario que han ascendido anualmente en el período 2008-2019 al 12,1% del PIB.
Era difícil de explicar. Por eso se utilizó la “ingeniería financiera” y la “contabilidad creativa” para disimular este gran expolio. De hecho, el uso de una estrategia similar por parte de Ruiz Gallardón en Madrid que ocultó la deuda de Madrid Calle 30, ya había sido desmontado en 2005 por la Comisión Europea. Pero lo volvieron a hacer.
Sareb adquirió por tanto inmuebles, créditos y suelo por valor de 50.781 millones de euros después de aplicar un descuento medio del 52% sobre el que tenían en las entidades. Es decir, activos contabilizados en las entidades bancarias nacionalizadas por 107.121 millones de euros, fueron adquiridos por el “banco malo” por 50.781 millones. ¿Negocio redondo? Pues no. Porque se traspasaron, incluso con esa rebaja, mucho más caros de lo que realmente valían. No lo digo yo. La Comisión Europea indicó en diciembre de 2012, que el descuento medio con el que Sareb debería haber adquirido los activos era de un 72%. Es decir, suponía casi 20 puntos porcentuales sobre el valor bruto de traspaso realmente practicado. Se compraron los inmuebles, el suelo y los créditos por 18.000 millones de euros más de lo que valían. No mereció todo esto titular significativo alguno por parte de los grandes medios de comunicación, seguramente porque estaban en ese momento contando las tropelías fiscales del entonces Jefe del Estado… (ironía que no deja de ser dolorosa).
Sareb compraba muy caras las 55.700 viviendas y unos 30.000 activos anexos, como plazas de garaje y trasteros, más de 185.000 metros cuadrados en oficinas, una treintena de hoteles, 150.000 metros cuadrados de superficie alquilable en centros comerciales y 13 millones de metros cuadrados en solares, de los que un tercio tienen la consideración de suelo urbano. Se convertía en la empresa inmobiliaria más importante de España y una de las primeras de la Unión Europea.
¿Y cómo se pagaban estos activos?
Porque la historia de los “bancos malos” nos muestra que pueden ser empresas del Estado, mixtas o solo privadas. Aquí la clave era que pagásemos todas y todos, pero sin que la gente fuera consciente. Y para eso, Luis De Guindos, a martillazos, cuadró el círculo. Ponemos el dinero, pero sin que se note.
Había que conseguir que Sareb fuera una sociedad “que no formase parte del sector de Administraciones Públicas”. Y por eso, en el capital de la mercantil, el Estado a través del FROB, puso “solo” el 45% del capital inicial de 1.200 millones. El resto lo aportaron catorce bancos nacionales (Santander, Caixabank, Banco Sabadell, Banco Popular, Kutxabank, Ibercaja, Bankinter, Unicaja, Cajamar, Caja Laboral, Banca March, Cecabank, Banco Cooperativo Español y Banco Caminos); dos bancos extranjeros, (Deutsche Bank y Barclays Bank), una eléctrica (Iberdrola) diez aseguradoras (Mapfre, Mutua Madrileña, Catalana Occidente, Axa, Generali, Zurich, Reale, Pelayo, Asisa y Santa Lucía).
Pero con 1.200 millones no se podían adquirir casi 51.000 millones en activos sobrevalorados. Y ahí entró en juego la imaginación. El “banco malo” emitió bonos, títulos de deuda por valor de 50.781 millones de euros. Como os podréis imaginar, una sociedad que compraba “basura” a precios elevados, no sería sencillo que fuera mirada con ojos “golosones” por parte de los mercados. Pero para esas cosas está el Estado, que avaló esos títulos para convertir la chatarra en un coche de lujo, en un título válido.
En definitiva, la Sareb fue financiada con recursos públicos que suponían un 95,31% del total, pero el porcentaje de propiedad accionarial público solo sería del 45,68%. Al mismo tiempo, los socios privados que solo aportaban solamente el 4,69% de la financiación total, se quedaban con el 54,33% de las acciones.
Todos hemos visto películas que describen robos menos descarados que el que os estoy relatando. Sobre todo porque hay gente que desconfía del papel que juegan en Sareb las entidades bancarias que forman parte de su accionariado porque es evidente que podrían existir conflictos de intereses, al ser al mismo tiempo propietarios y competencia de esta sociedad.
Se consiguió el objetivo, el Estado ha aportado más de 52 mil millones de euros entre capital, deuda subordinada y deuda avalada. Pero tiene una participación minoritaria en el capital para evitar que las pérdidas de Sareb computen como déficit público y la deuda sea considerada como pública. La máxima ilusión de los que han pergeñado el plan es que consiguieron durante estos años que la deuda no computase ni en las cuentas públicas, ni tampoco en el de las entidades.
El trilerismo contable no ha colado.
Simular que no es una empresa pública es un flagrante fraude de ley. Pero la patada hacia delante ha conseguido dilatar el reconocimiento del problema que, por cierto, va más allá de lo que Eurostat ha puesto sobre la mesa. Porque Sareb ha tenido pérdidas todos y cada uno de los ejercicios, ha consumido todo el capital y la deuda subordinada, más de 4.500 millones de euros y tiene pérdidas latentes por casi 8.000 millones más. Me diréis que es imposible porque Luis De Guindos contaba ufano en el Plan de negocio que se preveía “una rentabilidad esperada sobre el capital invertido del 14%-15% en un escenario conservador”.
Pues tampoco. De momento las pérdidas públicas superan los 7.500 millones cuando Sareb ha vendido los activos más valiosos. ¿Alguien puede convencernos que no vamos a perder “hasta la camisa”?
Cierto es que no todo el quebranto procede del diseño de la operación que hemos contado. Por si no fuera poco lo anterior, los “inteligentes y buenos gestores” contrataron un swap, un derivado financiero, para proteger la considerable deuda de Sareb de “posibles subidas de tipo de interés”. Pero también aquí metieron la pata, porque el seguro contratado en 2013 era a un tipo de interés absolutamente alejado de la realidad y ha ocasionado hasta ahora 2.265 millones de euros de pérdidas. Cuando Draghi bajaba los tipos de interés al 0%, estos “linces” formalizaban un contrato para abonar hasta el 3,14% de forma fija. No os preocupéis porque, en cualquier caso, lo que ha perdido Sareb con el derivado, lo han ganado las entidades bancarias que cobran las primas del swap. Al final, todo queda en “su” casa.
¿Habéis escuchado alguna petición de disculpas por parte de la derecha en este país? Por supuesto que no. De hecho, hemos promocionado y ascendido al máximo responsable del desastre de Sareb a la Vicepresidencia del Banco Central Europeo. ¿Qué podría salir mal?
Ahora ya no vale de nada lamentarse como única forma de abordar el problema. Tampoco recordar aquello de que “ya lo dijimos” porque, aunque lo hicimos, eso no resuelve el grave quebranto.
Toca actuar.
Todas las viviendas y el suelo propiedad de Sareb tienen que convertirse en la herramienta pública para abordar el drama que supone el flagrante incumplimiento del derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución. Está claro que la mayoría social pagará la fiesta de las élites, nos tocará recoger su basura y los vómitos que han dejado en este país. Al menos, que los “activos” pasen a ser “viviendas” y sirvan para garantizar el derecho a techo y no el negocio de unos pocos.