¡Shhhh…. Silencio! Se venden armas

¡Shhhhh….. silencio! Que no salga de aquí, pero se siguen vendiendo armas a países que violan los derechos humanos. Quizá no tantas como en la época de Rajoy, pero se siguen vendiendo. Chitón. Que no se entere nadie. Eso al menos es lo que pretende este gobierno que, últimamente, ni admite ni deniega las solicitudes de venta de munición a Arabia Saudí: las guarda en un cajón, hasta que apruebe un reglamento que regule el uso en destino del armamento.

¿Cuándo lo hará? También es un secreto. De momento, prefiere jugar a las medias tintas: congela la venta de municiones de empresas privadas, mientras autoriza en secreto la entrega a Riad de cinco corbetas de Navantia. ¿Por qué no acuerda expresamente el embargo de armas al régimen saudí como han hecho países como Alemania? Pues porque el negocio de la muerte apremia con sus bocados suculentos y sus jugosas comisiones: o nos suministras tú el matarile, o el chollo se lo lleva otro que está dispuesto a vender. Y, como comprenderéis, no se puede consentir que nuestra altruista industria de la guerra se quede sin su trozo de tarta. Con las cosas de comer no se juega.

Lo hemos sabido por la noticia publicada el pasado 10 de Febrero en El País, no por el informe que el Ejecutivo está obligado a presentar cada semestre al Congreso sobre exportación de armas. Con el truco de la interinidad, el Gobierno no ha hecho pública esa información desde el primer semestre de 2018, lo que constituye un grave incumplimiento de su obligación de transparencia.

Aunque mire para otro lado, el Gobierno conoce perfectamente lo que pasa en Yemen: el horror de la barbarie y de la muerte. Lo han denunciado la ONU y distintas ONGs en reiterados informes. Sabe de sobra que exportar armas al país que lidera la coalición saudí, que mata a civiles en Yemen, además de inmoral es ilegal. Se lo recuerdan de continuo activistas de derechos humanos que protestan cada vez que llega un barco de la naviera saudí Bahri a cargar armas en el puerto de Bilbao, comprometiendo incluso su propia libertad. Pero al Ejecutivo español no parece importarle que nuestras armas puedan matar inocentes. Lo que parece preocuparle es que en los casquillos pueda aparecer la etiqueta “made in Spain”.

El Gobierno no solo olvida la moral y los principios sino que vulnera el derecho nacional e internacional sobre comercio de armas. Y lo hace en voz baja, al amparo de la franquista Ley de Secretos Oficiales (LSO), una norma utilizada sistemáticamente para clasificar información relativa al comercio de armas que garantiza al Gobierno total impunidad.

Ejemplo de ese secretismo ha sido la denuncia de la organización 'Sociedad Humana' contra el anterior Gobierno por la presunta comisión de un delito de prevaricación, al haber autorizado la venta de 400 bombas a Arabia Saudí. La querella, inadmitida a trámite y luego recurrida, fue desestimada definitivamente en la Audiencia Provincial, por no aportar una prueba incriminatoria fundamental: la licencia de autorización de la venta de las bombas. Una prueba diabólica, porque la referida licencia no se puede obtener ya que el Gobierno se ampara en la LSO y en la defensa de la seguridad nacional, para no entregar información al respecto.

Junto a la referida LSO, el Gobierno se vale de otro instrumento jurídico para denegar la información: el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 12 de marzo de 1987, que declara secretas todas las actas de la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), responsable de autorizar la venta de armas, aunque es cuestionable que dicho acuerdo siga vigente, tras la Ley de 2007, sobre el comercio de armas, y la firma de los tratados internacionales que nada dicen del supuesto carácter secreto de esta materia.

Ambos instrumentos sirven al Ejecutivo para mantener a la opinión pública y al Parlamento ajenos a una información que podría salvar vidas y contribuir a la paz y la seguridad. Lo hace pretendidamente en nombre de esa seguridad nacional. Y para ello cuenta, además, con la colaboración del Poder Judicial, pues aunque la LSO atribuye al Gobierno el acceso a materias reservadas o su desclasificación, los tribunales suelen negarse a pedir la desclasificación de las actas de la JIMDDU, renunciando así a su potestad constitucional de controlar a la Administración.

Todos los gobiernos de la democracia han ocultado esta información a la opinión pública, para no desvelar que la razón última del secreto no reside en la salvaguarda de la seguridad nacional, sino en los intereses multimillonarios de la industria armamentística. En ocasiones, algún ministro ha dado explicaciones -siempre limitadas- sobre el comercio de armas en el Congreso, con ocasión de la presentación de las estadísticas anuales, o se han filtrado informaciones a la prensa, quedando entonces en entredicho la exigencia del secreto en la información sobre la exportación de armas para garantizar esa famosa seguridad.

Hace falta una nueva LSO que garantice la transparencia en el comercio de armas. Una Ley que permita que las autorizaciones sean públicas y recurribles ante la justicia; que establezca la obligatoriedad de motivar la clasificación de “secreta”, y excluya de dicha clasificación las materias que afectan a los derechos humanos. Pero, mientras se aprueba esa nueva Ley, bastaría algo tan sencillo como derogar el Decreto de 1987 en el próximo Consejo de Ministros, lo que permitiría conocer las razones del Gobierno para continuar vendiendo armas a terceros Estados que las usan para violar los derechos humanos, como sucede también con Israel (país al que también vendemos armas, aunque su ejército comete crímenes sistemáticos contra la población palestina).

Y mientras el Gobierno juega con el pretexto de la seguridad para tapar el negocio de las armas, está en juego la seguridad de cuatro activistas de Greenpeace, imputados por llevar a cabo una acción de protesta en el puerto de Bilbao para denunciar la carga de armamento que portaba un buque saudí. 'Greenpeace' es una organización pacifista (“peace”, paz en inglés) que tiene por bandera el activismo no violento, y resulta más que cuestionable que esos activistas cometieran los delitos por los que la Fiscalía les pide tres años y medio de prisión. Pero empieza a ser habitual que el poder utilice argucias de tipo ejemplarizante para desalentar a quienes, cargados de pacíficas razones, denuncian los enredos más oscuros y turbios del sistema. Incluso en el caso de que se obtenga una sentencia absolutoria, el precio de defender los derechos humanos habrá sido muy alto: varios años de duración del proceso judicial en los que se pasa miedo, se experimenta un descrédito personal, a lo que hay que añadir el coste de pagar abogados y procuradores.

Este Gobierno “progresista” tiene una oportunidad magnífica para comprometerse con la paz. También con la de los yemeníes. Bastaría un acto muy sencillo: derogar, en el próximo Consejo de Ministros, el Acuerdo de 1987 que declara secretas las actas de la JIMDDU, permitiendo a la ciudadanía acceder a esa información y poder impugnarla ante los tribunales si vulnera el derecho sobre comercio de armas. Una ocasión única para demostrar que es un Gobierno diferente: preocupado por la vida de las personas y los derechos humanos. Un Gobierno de verdad progresista.