Un poco de soma, por favor
“Un solo centímetro cúbico cura diez sentimientos melancólicos” decía la sabiduría “hipnopédica” sobre el soma en Un mundo feliz. En la distopia de Aldous Huxley el soma era una droga que inhibía la conciencia y el razonamiento. Así se mantenía a la población en la inopia y una felicidad sintética. El verano suele ser un periodo de despreocupacion inducida, en el que hasta los populistas se ponen en traje de baño para arengar o asustar a los bañistas y los gobiernos reparten soma a espuertas. ¿Habrán calculado los centímetros cúbicos necesarios para que sus electores consigan ignorar las muertes y el sufrimiento de los migrantes sin sufrir de sobredosis o efectos secundarios?
El episodio del Open Arms refleja dos fenómenos distintos pero entrelazados. Por un lado, la insensibilidad inducida hacia el destino de seres humanos cuyo único delito es buscar una vida mejor y huir del infierno de Libia o de otros paraísos perdidos. Por otro lado, la censura y desprecio o incluso la fiscalización hacia aquellos que de manera altruista –literalmente por el otro– sacrifican tiempo, seguridad y recursos para defender los derechos y la vida de los más desfavorecidos. Son los desintoxicados del soma, cuya empatía y sentido de la justicia les hace luchar contra un sistema de control migratorio, ineficaz, inoperante y cruel.
El trapicheo de los conceptos y valores ni siquiera respeta el andamiaje legal construido sobre la ley de la selva. Se conculcan derechos y leyes vinculantes, como el derecho del mar, el derecho al asilo, el principio de no devolución o los derechos de la infancia. ¿Qué ha ocurrido para que aceptemos las devoluciones en caliente o la detención de familias y niños migrantes o escondamos a un niño detrás del acrónimo MENA? ¿Cómo se ha extendido ese recelo y condena a la labor humanitaria o al noble y secular deber de rescate en el mar?
En un estudio del Parlamento Europeo de 2018 sobre la aplicación de la Directiva de Facilitación 2016 se utiliza el término “vigilancia del humanitarismo” para definir el ambiente de sospecha y acoso, así como las dinámicas legales y judiciales que van estrechando el cerco en torno a los defensores de los derechos de los migrantes. No se trata sólo de los derechos de las personas migrantes, sino del menoscabo de algunas libertades fundamentales europeas, como la de reunión, expresión o la libertad de conciencia. El informe denuncia que al silenciar a la sociedad civil, indirectamente se acepta esta merma de derechos y libertades básicos y se pervierten los valores fundacionales de la UE, desde el estado de derecho, a la democracia y los derechos fundamentales.
La Directiva de facilitación de la inmigración irregular de 2002 dejó a la discreción de los Estados miembros la aplicación de la exención humanitaria, lo que suponía un desvío de los valores fundacionales y del compromiso de protección de los actores humanitarios del Tratado de la UE, y de la Carta de los Derechos Fundamentales. La discrecionalidad a la hora de definir el “tráfico de migrantes” y su regulación y castigo, ha dado lugar a sanciones y penas desproporcionadas, además de ahondar en la inseguridad jurídica. En Francia y en Grecia, que tienen las leyes más duras de la UE, la facilitación sin lucro de la entrada o estancia de migrantes se castiga hasta con 10 años de cárcel y 20.000 euros de multa y 5 años de privación de libertad y 30.000 euros respectivamente.
En 2015 las Agendas europeas de Migración y de Seguridad establecieron la lucha contra el tráfico de migrantes como prioridad política. En paralelo, los actores de la sociedad civil fueron llenando el vacío de las agencias europeas y de los gobiernos nacionales en las tareas de rescate y de salvamento marítimo, además de la salvaguardia y vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos de refugiados y migrantes. En lugar de complementarse y verlos como aliados, comenzó la limitación de su espacio, de su capacidad de maniobra y acción y en algunos países, como Hungría o Polonia, su criminalización. Casos recientes en el ámbito marítimo como el de Carola Rackete o Helena Maleno, o como el del francés Cédric Herrou en la frontera terrestre franco-italiana, son los más mediáticos. Pero la lista de procesados podría llegar a 158 personas desde 2015 en once países europeos, principalmente en Grecia, Italia, Francia y Países Bajos, según el informe de junio de 2019 de la plataforma ReSOMA. También 16 ONG han sido formalmente encausadas o investigadas como es el caso de Open Arms o Médicos sin Fronteras.
Efecto llamada, taxis de migrantes o cómplices de las mafias de traficantes, las acusaciones van subiendo de tono y se van generalizando a la vez que las llegadas de personas migrantes irregulares desciende. Los “sospechosos” son en su mayoría voluntarios, defensores de derechos, pero también miembros de tripulación de embarcaciones de rescate, marinos, familias, periodistas, alcaldes y hasta líderes religiosos como el mismísimo Papa Francisco, convertido en usurpador para los populistas xenófobos. La sospecha se extiende hacia todo el que voluntaria o incidentalmente salvó, cobijó, rescató, alimentó o defendió a personas migrantes en situación irregular.
El método, profundamente antiliberal para acabar con la sociedad civil dedicada a labores humanitarias, carece de originalidad y copia medidas de tinte autoritario utilizadas en muchos países: aumento de las restricciones legales, recortes de la libertad de asociación, trabas administrativas, asfixia financiera, etc. El muro legal, administrativo y financiero que se está levantando en torno a las ONG de rescate puede llevar a poner en peligro los resortes del sistema democrático. El mejor ejemplo es el de Hungría, donde Viktor Orbán, utilizó la ley “Stop Soros” para socavar la pluralidad democrática prohibiendo ONG pro-migrantes, restringiendo la libertad de reunión y la capacidad de las ONG para trabajar libremente en el país.
Como señala la plataforma ReSOMA, las implicaciones de esta criminalización y sospecha hacia las ONG pro-migrantes suponen un retroceso en la protección de derechos humanos y libertades, tiene implicaciones políticas, además de costes humanos y sociales. La falta de confianza pública y la disminución de contribuciones privadas, así como la disminución de sus posibilidades de financiación pública está socavando su operatividad y su capacidad para promover unos valores que considerábamos la esencia de la UE.
La divisa del “Estado Mundial” inventado por Huxley: “Comunidad, Identidad, Estabilidad” se convierte así en el confortable mantra que resuena y nos acuna en las cada vez más frecuentes campañas electorales. Un poco más de soma, por favor.
