En las últimas semanas hemos observado desde el Gobierno municipal algo que nos preocupa enormemente: algunos padecen sordera medioambiental. Por más veces que decimos desde el Ayuntamiento de Madrid que nuestra ciudad ha incumplido reiteradamente los valores límite fijados por la normativa europea y nacional desde que la regulación entró en vigor en 2010, hace ya 7 años, hay quien no parece darle mayor importancia, lo cual nos resulta insólito en 2017.
Añadido a esto, Madrid ha sido una de las pocas ciudades europeas que supera no solo el valor límite anual al igual, por cierto, que Barcelona, Valencia, Murcia, Granada, y en 2015 Córdoba, para desgracia de sus millones de habitantes, sino también el valor límite horario. Esto es especialmente grave ya que supone que durante ciertos periodos de tiempo (los episodios de alta contaminación, de los que ya hemos sufrido varios) la población de la ciudad está sometida a niveles muy elevados de dióxido de nitrógeno, lo que significa un riesgo importante para la salud de la ciudadanía madrileña y muy especialmente, para las poblaciones más vulnerables: pacientes de enfermedades crónicas respiratorias y cardiovasculares, niños, ancianos, embarazadas, diabéticos, etc.
Como delegada de Medio Ambiente y Movilidad consideré imprescindible actuar de forma inmediata para que dichas superaciones de los límites tolerables no se produjeran y, cuando lo han hecho, que la duración fuese lo más breve posible. La alcaldesa Manuela Carmena me acompaña en este objetivo irrenunciable, y también mis compañeras y compañeros del Gobierno.
Bien, ¿y qué tenemos que hacer? Necesitamos aplicar medidas en cuanto se inicia un episodio, para reducir la exposición de la población al contaminante cuanto antes, y para ello contamos con el Protocolo de medidas a adoptar ante episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno que entró en vigor el pasado 1 de febrero y que prioriza los principios de precaución y prevención.
Porque hablamos de salud pública. No de coches. No de multas. Sí de salud. De la pública, la de todos. Y esa sordera de la que hablaba tan preocupante se manifiesta especialmente en este punto, cuando hay quien parece no oír de qué estamos hablando realmente.
Al mismo tiempo que tomamos estas medidas urgentes, estamos actuando con la vista en el medio y largo plazo, para lograr introducir cambios en la ciudad que de forma definitiva erradiquen el problema de la contaminación atmosférica. Estamos diseñando medidas estructurales, que podrán tomar meses o años, pero que debemos planificar y ejecutar sin dilación y que se concretan en un nuevo Plan de calidad del aire y cambio climático, actualmente en fase de borrador, sobre el que estamos trabajando desde hace meses ya, con los distintos colectivos de la ciudad que tienen mucho que aportar, antes de someterlo a un proceso de información pública en los primeros meses de este año.
Tanto las medidas inmediatas que contempla el Protocolo, como las que se están elaborando en el nuevo Plan, se ocupan de atajar la principal causa de los altos niveles de óxidos de nitrógeno en Madrid, que son las emisiones de los tubos de escape de los diferentes vehículos que circulan por la ciudad.
De ellos, los vehículos privados suman el 73% de las emisiones totales de NO2, de acuerdo al análisis de las fuentes emisoras de gases contaminantes se encuentra en el Inventario de Emisiones de la Ciudad de Madrid y la identificación de la contribución de los vehículos y medios de transporte motorizados a las emisiones de NO2, en el Estudio del Parque Circulante de Madrid.
Es evidente por tanto que, para reducir las emisiones contaminantes, el camino es reducir muy significativamente el uso del vehículo privado en la ciudad, pero no somos un Gobierno enemigo de los coches. Lo que pretendemos es que el parque circulante y las diferentes opciones de movilidad (especialmente mejorando nuestro gran transporte público) se adapten a la realidad de 3,2 millones de vecinas y vecinos, si no contamos la gran afluencia de visitantes, que tienen derecho y también necesidades, pero principalmente derecho, a respirar un aire limpio.
Desde el Gobierno al que pertenezco sentimos profundamente esta responsabilidad, y estamos determinados a responder y a protegerlo. Y en esta lucha nos encontramos varias ciudades del mundo, el reto es compartido: Roma, Milán, París, Berlín, Londres, Beijing y tantas otras. Nuestra voz, junta, es más fuerte.
Sabemos que las medidas funcionan, así las diseñamos con expertos académicos, pero tenemos una prueba aún más evidente: solo tenemos que mirar los datos que registran las estaciones de la red de calidad del aire los fines de semana ordinarios, en los que la circulación es muy inferior a la de los días laborables, y que son mucho más bajos que los registrados de lunes a viernes. A menos vehículo privado, menos contaminación por NO2. Sencillo, claro y concluyente. ¿Quién se empeña en no escuchar lo evidente?
En cualquier caso y como ya hemos contado en varias ocasiones, el actual Protocolo se evaluará a finales de este mes valorando, de nuevo, las distintas alternativas que puedan ofrecer las mejores garantías para preservar la salud colectiva.
Entre tanto, todas las medidas que estamos adoptando no son solo una necesidad, sino un imperativo que marca la Unión Europea en sus directivas y requerimientos y que recomienda, en la misma dirección, la Organización Mundial de la Salud.
Eludir, rebajar o no actuar de forma preventiva, rápida y eficaz es una irresponsabilidad que este Ayuntamiento del que formo parte no va a asumir, y en la que ninguna otra institución como la Comunidad de Madrid debería incurrir.
El mejor remedio contra esta sordera medioambiental insólita a la que estamos asistiendo es, precisamente, escuchar atentamente y ejercer la responsabilidad, aptitudes que se nos presuponen a los representantes políticos. Háganselo mirar, colegas, y actúen para proteger la salud de todos, de quienes les votaron y de quienes no lo hicieron. Para esto nos pusieron aquí. Yo, por lo menos, lo tengo clarísimo.