¿Subir o bajar los impuestos?
Este dilema estará, ya lo está, en el centro del debate político y de la confrontación electoral. Parece una pregunta clara a la que los partidos políticos en liza tendrían obligación de contestar.
El recetario de la derecha es “bajemos los impuestos” y los argumentos puestos sobre la mesa son de sobra conocidos: la carga fiscal que soportan las familias y las empresas es muy elevada y ello desincentiva tanto el consumo como la inversión; el Estado es intrínsecamente ineficiente, en oposición al sector privado, y por lo tanto conviene reducir su peso en la economía.
Todavía recordamos al gobierno de Rajoy cuando se tragó estos principios y procedió a una sustancial subida de los impuestos que graban las rentas medias y bajas… eso sí descargando toda la responsabilidad en la herencia recibida del anterior gobierno socialista. Con todo, hay que reconocer que las derechas y también los partidos socialistas (aquí y en Europa) han reducido los impuestos… a los ricos. Las estadísticas son, en este sentido, concluyentes: Según Intermon Oxfam, en 2016, el 84% de la recaudación fiscal del Estado español procedía de las familias, mientras que las empresas aportaron sólo el 13%, sin embargo, en 2007, el esfuerzo fiscal de los hogares representaba el 75% del total recaudado, y el de las empresas, el 22%. En la Comunidad de Madrid (CM), la situación es especialmente grave pues su política de bonificaciones y exenciones fiscales la ha convertido casi en un paraíso fiscal interior: es la única Comunidad del país que no cobra impuesto de patrimonio y además es la que mayor bonificación aplica sobre el impuesto de sucesiones (99%). Que nuestra Comunidad sea una de las más desiguales de toda España no es casualidad, la excepcionalidad fiscal aplicada sobre los Impuestos de Sucesiones y Patrimonio sumada a la aplicación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas menos progresivo de toda España, demuestran cual ha sido la política fiscal de los gobiernos del Partido Popular durante sus 24 años de gobierno.
Esta tendencia, que algunos apuntan como un logro a mantener y acentuar, ha estado en el origen de la crisis económica y refleja las perversiones del denominado proyecto europeo y del capitalismo -recordemos, por poner un ejemplo, que Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea, constituyó a Luxemburgo como paraíso fiscal, contribuyendo significativamente a la evasión fiscal en Europa-.
Los Estados han sido ocupados por las élites económicas y fruto de esta ocupación han experimentado una continua merma en su capacidad recaudatoria que, como no podía ser de otra manera, ha tenido como contrapartida el incremento de la presión fiscal de los trabajadores. Antes y ahora, el mensaje de bajar los impuestos supone, aunque se oculte, continuar concediendo privilegios a los de arriba, y dinamitar el sector social y productivo público, poniéndolo a merced de los intereses de las corporaciones privadas.
¿La alternativa es entonces aumentar los impuestos? ¿Esta debe ser la bandera de la izquierda transformadora? Se trata de preguntas tramposas que no cabe contestar en estos términos, simplones y equívocos. La pregunta es más bien ¿cuáles y de qué magnitud son las necesidades a cubrir cuya atención, ineludiblemente, debe contar con la activa participación de las administraciones públicas? Y sobre todo ¿qué sectores sociales deben asumir la carga impositiva de manera que se asegure la justicia económica y social?
Empezando por aquí, hay que decir que vivimos, y muchos sufren, una situación de emergencia social y económica -detrás de la cual, no lo olvidemos, hay personas- que necesita respuestas a corto plazo. Según el Instituto Nacional de Estadística, a pesar de que la CM es la que registra el mayor PIB por habitante de España, un 46% de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes y el 17% de la población está en riesgo de pobreza. Además, esta se ceba especialmente con los niños y las niñas; según Unicef, 3 de cada 10 viven en riesgo de pobreza y exclusión social. Poner en marcha un plan de emergencia que logre dar respuesta a la situación en la que se encuentra gran parte de la población madrileña necesita la movilización de recursos públicos. No cabe apelar a un crecimiento económico que no acaba de consolidarse, que distribuye sus supuestos beneficios de manera desigual y que, por lo demás, está definitivamente instalado en una lógica depredadora y confiscatoria.
En este contexto, en efecto, nuestra propuesta y nuestro compromiso es que las rentas y los patrimonios altos contribuyan en mayor medida al presupuesto de la CM. En primer lugar, se debe recuperar la normalidad en su política fiscal aplicando de nuevo el Impuesto del Patrimonio, reduciendo la escandalosa bonificación del 100% de la cuota a ingresar para los patrimonios más elevados. Con respecto al Impuesto de Sucesiones, proponemos una reducción progresiva de las bonificaciones actuales, lo que permitiría el aumento de la recaudación sobre las grandes fortunas. Además, se debe impulsar la progresividad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, reduciendo los tipos en el primer tramo y aumentándolo en los tramos más altos. Hay dinero, por supuesto, para financiar ese plan de emergencia, cuya ejecución estimamos que se situaría en torno a 3000 millones de euros anuales, que se podrían obtener aplicando estas reformas de normalización fiscal. Lo que hasta ahora no ha existido es voluntad política para poner en marcha una política al servicio de la ciudadanía.
