No he tenido la oportunidad de conocer personalmente ni de trabajar con Francisco de la Torre en la Agencia Tributaria. Por compañeros que coincidieron con él durante su paso por la Inspección y en el Instituto de Estudios Fiscales sé de su extraordinaria competencia profesional y de su profundo conocimiento tanto de nuestro sistema tributario como de la fiscalidad internacional. De su capacidad para explicarlo de manera sencilla y sin que el rigor se resienta tengo constancia por haber sido lector atento de sus artículos y de su libro ¿Hacienda somos todos?. De tal modo que, a pesar de la divergencia de ideas políticas que saludablemente nos separe, me considero en alguna medida uno de sus discípulos.
Desde su época de portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda se esforzó por desvelar, con sólido conocimiento de causa, cuáles son las más graves quiebras estructurales de nuestro ordenamiento fiscal. Denunció que se arrebatara a la Agencia Tributaria, por medio de una perversa triquiñuela legal, el control sobre las Sociedades de Inversión de Capital Variable (las célebres SICAV), lo que no supuso tan colosal quebranto para nuestras cuentas públicas como a menudo se piensa, pero sí que se sentara el antidemocrático y peligroso precedente de que una determinada categoría de contribuyentes quedara eximida de responder ante la Hacienda Pública. Apuntó los huecos de desfiscalización abiertos por el mecanismo de exención por doble imposición en dividendos y plusvalías, que además estimula que las grandes empresas se endeuden aquí para sacar fuera la inversión productiva. Alarmó sobre la erosión de las bases imponibles de Impuesto sobre Sociedades y el descontrol de las deducciones, y ha criticado con toda razón que la competencia a la baja entre Comunidades Autónomas haya vaciado de sentido los impuestos de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, pero no para reclamar su eliminación sino una reforma de raíz que permitiera que cumpliesen la finalidad para la que fueron concebidos.
Más allá de las diferentes opiniones acerca de qué impuestos elevar y cuáles bajar, urge reconstruir un sistema tributario que se desmorona trágicamente desde hace lustros a golpe de improvisaciones legislativas más o menos electoralistas de los sucesivos gobiernos y a fuerza de negligencia del Estado. Los políticos gustan a menudo de inventar un nuevo impuesto cada vez que se ha de financiar un determinado programa social, pero nuestro gran mal estriba en la irresponsabilidad con que se ha dejado agujerear y corroer los grandes tributos, que son a fin de cuentas los que poseen capacidad de sustentar el grueso de nuestro Estado de Bienestar. Sólo con abordar a fondo alguno de los problemas que arriba enumeraba, aún sin variar tipos impositivos, se produciría un vuelco casi revolucionario en el sistema y se cerrarían algunas de sus más sangrantes vías de agua. Y en tan trascendental tarea, la aportación de quien acumula la experiencia profesional y la formación de Francisco de la Torre posee un valor inapreciable.
La dimisión de sus responsabilidades directivas y de representación en Ciudadanos coincide con otras conocidas fugas debidas a la desbocada derechización de este partido político. Desde luego, muy mal cuadra la racionalidad de los textos de Francisco de la Torre con la desmesura verbal y crecientemente demagógica de la que viene haciendo gala en los últimos tiempos Albert Rivera. Y aunque algunos pensemos que el centrismo político de Ciudadanos suponía como mínimo una realidad problemática desde sus orígenes, resulta comprensible que otros muchos, incluido el propio señor de la Torre, lo vieran de modo distinto y buscaran una formación liberal que respondiera a sus ideales y aspiraciones de participación política. ¡Y qué bien le hubiera ido a este país, vive Dios, si alguna vez hubiese existido un partido de peso al que de verdad pudiera llamarse liberal!
Francisco de la Torre es un auténtico liberal que entiende la necesidad de los bienes públicos y de un Estado social y democrático de derecho que garantice una vida digna a toda la ciudadanía, sin dejar a nadie en la estacada. Y no sólo eso, posee además los conocimientos económicos y jurídicos y sobre todo prácticos necesarios para contribuir a la reforma radical –entiéndase, de nuevo, por ser reforma de raíz– que nuestra precaria democracia precisa.
Por ello, y por encima de la coyuntura en la que su renuncia se produce, es síntoma de una enfermedad de la que la vida política de nuestro país viene dando inquietantes avisos de tiempo atrás. El caso de Ciudadanos es muy llamativo pero no el único. La tendencia de los aparatos de los partidos a amarrar fidelidades, ignorar o silenciar cualquier atisbo de disidencia, señalar y marginar a “traidores” y buscar el triunfo sobre la base de consignas simples carentes de matices arrincona la razón –de nuevo y como tantas veces a lo largo de nuestra historia– y expulsa a las personas que como Francisco de la Torre, desde diferentes ópticas políticas y fundándose en los más dispares idearios, pueden hacer aportaciones muy sustanciales al bien común. El populismo, por lo que se ve, impregna a bastantes más partidos que aquellos a los que de manera convencional se atribuye.
Si finalmente Francisco de la Torre se reincorpora a su trabajo en la Agencia Tributaria, sus compañeros y compañeras podremos felicitarnos por haber recuperado a un magnífico profesional y la ciudadanía por recobrar a un entregado servidor público. Pero todos habremos perdido la contribución, en la más alta instancia de representación democrática, de un conciudadano cargado de ideas de reforma, naturalmente siempre discutibles pero basadas en la razón y no en el prejuicio, ni en el odio, ni en las orejeras ideológicas.