‘Tax the Rich’ o cómo hacer del sentido común un nuevo consenso fiscal
Vivimos tiempos extraordinarios. En los últimos años hemos asistido a la mayor crisis sanitaria del último siglo, una crisis energética fruto de la invasión rusa de Ucrania y la escalada de precios que supone una pérdida de poder adquisitivo a marchas forzadas de las familias españolas. En este contexto, de volatilidad e incertidumbre, hay quienes pretenden convencernos de que los grandes damnificados son quienes amasan patrimonios millonarios, algunos de los cuales hicieron fortuna gracias al aprovechamiento de las últimas crisis
Hace cincuenta años Ronald Reagan y Margaret Thatcher alumbraron la doctrina de bajar los impuestos a los ricos bajo el nombre de “teoría del goteo”. Según estos postulados, que a los ricos les vaya muy bien permitiría que caigan migajas hacia abajo que beneficiarían al conjunto de la población. Una teoría que asumía que el común de los mortales debía vivir de las migajas de los ricos muy bien no pintaba.
Tras décadas de aumento de las desigualdades económicas y en las que los súper ricos consiguieron que sus intereses fueran defendidos desde las instituciones como si fueran los de las mayorías, sin ningún respaldo empírico sobre su eficacia económica, la ficción está llegando a su fin. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó recientemente que “es hora de poner un clavo en el ataúd de la economía del goteo, no funciona”. Esta sencilla frase pone fin a un sinsentido de política fiscal y resume un cambio de tendencia al que se han unido la mayoría de gobiernos europeos, el FMI, el BCE o la Unión Europea. Hoy es ya sentido común.
Sin embargo, frente al nuevo consenso económico que coincide en exigir un mayor esfuerzo a quienes más tienen, hay quienes se revuelven e intentan seguir defendiendo los intereses de unos pocos frente a los de la mayoría. Ayuso hace gala de su obstinación y se erige como el guardián, junto a la caída en desgracia Liz Truss, de las esencias del negacionismo fiscal. Su dogmatismo y su fanatismo le han dejado sola, aislada y le impiden ver que asistimos a una nueva etapa donde el consenso está más alineado con las familias que con las grandes fortunas.
Si estamos de acuerdo en que las vacunas funcionan y la emergencia climática existe, es hora de tratar la fiscalidad con la misma rotundidad. Ni gorritos de aluminio en la cabeza, ni chips con 5G, ni mantenimiento de los regalos fiscales a los más ricos. El negacionismo fiscal que practica el Gobierno de la Comunidad de Madrid es un peligro para la cohesión social, los servicios públicos y el estado de bienestar.
El negacionismo fiscal es incompatible con una sociedad justa, con fuertes lazos comunitarios y que atiende las necesidades del conjunto de la población repartiendo de manera justa y equitativa los esfuerzos. Nada más ni nada menos que lo que dice la Constitución. Si los impuestos son el pegamento de una comunidad, un síntoma civilizatorio, el combustible que pone en marcha la igualdad de oportunidades, el negacionismo fiscal supone un ataque directo a una sociedad que se preocupa por cada uno de sus miembros. O si, como escribió la propia Ayuso en el prólogo de un libro, “los impuestos son los que materializan la responsabilidad inherente a la libertad” el negacionismo fiscal es el caballo de Troya de la condición de libertad y de la condición de ciudadanía“.
Los impuestos salvan vidas, trasplantan corazones, hacen funcionar el metro, abren universidades, enseñan matemáticas, apagan incendios, encienden las calles, detienen corruptos, dan de comer a los mayores, becan a los deportistas, te hacen el DNI, te vacunan, te cuidan y te ayudan a reconocerte en todo aquello que te identifica con una ciudadanía con derechos.
El egoísmo que sostiene el negacionismo fiscal es inadmisible en cualquier momento pero especialmente en tiempos de crisis y zozobra como los que vivimos. No hay cabida para el sálvese quien tenga. “Que aporte más el que más tiene” es puro sentido común y Madrid no puede ser la deshonrosa excepción que confirme la regla. Los madrileños y madrileñas no necesitamos estériles recursos al Tribunal Constitucional ni aplicar recetas que se han demostrado obsoletas. Queremos una fiscalidad justa que haga más fácil la vida a la mayoría al tiempo que crea una red para amortiguar los golpes a quienes tropiezan.
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