Telefónica vuelve a ser pública

Si el Gobierno no lo impide, y es poco probable que así sea, la multinacional Telefónica volverá a ser en parte pública. La empresa de telecomunicaciones STC, controlada por el fondo soberano FIP (Fondo de Inversiones Públicas), en manos del Estado de Arabia Saudí y presidido por el mismísimo príncipe Bin Salman, adquirirá cerca de un 10% –un 9.99%–de la entidad española.  

La maniobra lleva tiempo tejiéndose, en un contexto en el que el incremento de los precios del petróleo ha reforzado la riqueza de los petroestados y en el que las transiciones energéticas –con la previsible reducción del consumo de combustibles fósiles– recomiendan a los productores de crudo la diversificación de sus inversiones. Arabia Saudí ha declarado, además, su intención de vender petróleo en otras monedas distintas del dólar, una forma de decir que comerciará en yuanes con China, lo que sería el inicio de la ruptura del modelo monetario unipolar dominado por EEUU. La integración del Estado saudí –en compañía de los Emiratos Árabes Unidos–en la alianza comercial de los BRICS, potencias emergentes como Brasil, Rusia, India, China o Sudáfrica, representa un escalón más en la erosión de la hegemonía estadounidense y la expansión de modelos políticos explícitamente autoritarios.  

Como después de las crisis de los setenta, los fondos soberanos que beben del petróleo proliferan en el capitalismo occidental. Las formas han cambiado; si en los años ochenta aterrizaron vehículos como el fondo kuwaití KIO, con el financiero Javier de la Rosa como virrey, ahora estos son más discretos: Iberdrola, la inmobiliaria cotizada Colonial, la petrolera Cepsa o la distribuidora gasista Enagás, entre otras grandes empresas, cuentan ya con fondos árabes.  

La operación de entrada de capital saudí ha sorprendido a un Gobierno que sigue en funciones. La teleco STC ha sido auxiliada por bancos de inversión (Morgan Stanley), bufetes de prestigio internacional (Linklaters y Allen & Overy) y abogados del Estado con una amplia experiencia en la regulación de las telecomunicaciones. El Ministerio de Economía se ha afirmado como ha podido en la españolidad de una compañía que es estratégica por la posesión de información sensible y por sus estrechos vínculos con el sector de la Defensa. Un área en la que el gasto público se ha incrementado notablemente –por exigencias estadounidenses a través de la OTAN– y en la que empresas españolas, como la pública Navantia, han logrado recientes exportaciones relevantes, como las ventas de corbetas precisamente a Arabia Saudí. 

Los lazos comerciales entre dos monarquías que han logrado múltiples acuerdos desde la Transición podrían condicionar el desenlace de la operación corporativa que afecta a Telefónica, aunque, como ocurrió con el culebrón accionarial de la eléctrica Endesa, este podría resolverse con variantes inesperadas. La eléctrica, que fuera en su momento la Empresa Nacional de Electricidad –de ahí las siglas de Endesa–, acabó también en manos de una entidad mixta controlada por otro Estado, el italiano. La legislación que regula las entradas de capital en España exige una autorización del Ministerio de Defensa si la participación es relevante y si se pretende colocar a representantes corporativos en el consejo de Administración. La solicitud de dicha autorización, que sí se hizo efectiva hace unos días, permite deducir que los saudíes querrían contar con esta última prerrogativa. 

No quedan claras las consecuencias de esta intención. Gestoras de fondos de inversión como Blackrock, Vanguard, State Street u otro fondo petrolero como el de Noruega –Norges Bank–, no suelen estar presentes en los órganos decisorios de las empresas en las que participan –pues pueden llegar a ser decenas de miles–, y ejercen su influencia invirtiendo o desinvirtiendo en Bolsa cuando lo juzgan apropiado. En el caso de aportar consejeros y si el ejecutivo finalmente lo autoriza, los saudíes tienen varios candidatos. Uno de ellos podría ser José del Valle, uno de los 16 hombres que integran la junta directiva de la teleco STC y que estos días ha llamado la atención por su procedencia española; Del Valle, exdirectivo de Telefónica durante 18 años destinado a la ampliación y comercialización en América Latina, donde coincidió con el actual primer ejecutivo de la compañía, José María Álvarez Pallete, trabaja como responsable de proyectos especiales en la teleco saudí. 

Los análisis periodísticos más o menos especializados nos proveerán de infinitos detalles. Pero a veces puede ser más interesante hablar de aquello que solo se menciona de manera marginal. ¿Podría el Estado español ejercer su soberanía y participar en una de sus empresas más rentables? A ello se refirió hace unos días la ministra en funciones de Derechos Sociales, Ione Belarra, al sugerir que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), sucesora institucional del antiguo Instituto Nacional de Industria, se hiciera con una participación de control en la empresa de telecomunicaciones. 

No sería nada precisamente nuevo. Miles de millones de euros públicos han sido invertidos en Telefónica desde su fundación como Compañía Nacional, en 1924, cuando el banquero y marqués Estanislao de Urquijo y Ussía, en alianza con la oligarquía financiera patria y una extraña empresa tecnológica estadounidense, la International Telephone & Telegraph, lanzaran el operador único de telefonía; en sus primeros años, el dictador Miguel Primo de Rivera se sentó en su consejo de Administración; su hijo, el abogado y futuro político José Antonio Primo de Rivera, figuró como asesor jurídico. Desde entonces hasta ahora ha sido más fácil separar al Estado de la iglesia que de Telefónica, cuyos consejos y direcciones han jugado el papel de un cierto bipartidismo empresarial, con exministros, altos cargos, funcionarios en excedencia y familiares diversos. De la nobleza de Estado española a la clase dominante feudal wahabí solo media un paso: será difícil encajar esta nueva internacionalización en un periodo en el que el fútbol y las prohibiciones de regímenes como el saudí han sido objeto de un acalorado debate en España. El cableado de Telefónica no es solo inalámbrico: fundaciones, acciones benéficas, conferencias, derechos del fútbol, programas de ficción y publicidad institucional que difícilmente permitan la necesaria condena de unas violaciones de los derechos humanos institucionalizadas que no parecen pesar tanto en las cuentas de resultados de nuestras apuradas empresas.