A medida que se van haciendo públicas las grabaciones del caso Lezo vamos entendiendo el tamaño y los modos de la corrupción del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. La cadena SER ha hecho pública una conversación entre Edmundo Rodríguez e Ignacio González en la que mostraban su preocupación por que “un tipo de Podemos” había visto en la memoria del Canal de Isabel II la compra irregular de la empresa EMISSAO en Brasil, que es el origen de la Operación Lezo. Este tipo se llama Eduardo Gutiérrez, es diputado de Podemos y portavoz de la Comisión de Endeudamiento en la Asamblea de Madrid.
Más allá del rubor que generan estas conversaciones, que dan medida de cómo se entiende la tarea de gobierno, son varias las ideas que subyacen.
La primera es que el caso Lezo no surge de la filtración de un documento secreto, sino de leer con detenimiento el balance de cuentas del Canal; es decir, en veintidós años de Gobierno en Madrid el Partido Popular ha incorporado tanto la cultura del despilfarro y la corrupción que ni siquiera se ha preocupado en esconderlo. La sensación de impunidad que trasluce ese balance es la misma que tenía Francisco Granados guardando dinero en el altillo o la empresa Arpegio pasando una factura de dieciséis millones de euros por actos de primeras piedras de obras inexistentes.
La segunda es que nadie se había percatado de esta compra fraudulenta. Ni el Consejo de Administración, ni la Intervención, ni la Cámara de Cuentas, ni la Fiscalía, ni los partidos de la oposición en ese momento. Hay que recordar que la compra de EMISSAO se hace en noviembre de 2013 por un valor de 21,5 millones de euros; un mes después, cuando se pone en el balance, sólo vale 10; en el balance del año siguiente sólo 5 y en el del 2015 aparece con valor negativo de 2 millones. ¿Cómo es posible que ninguno de los órganos de control de la administración haga su trabajo?
Una respuesta posible es, por ejemplo, que el presidente de la Cámara de cuentas –Arturo Canalda– fue gerente del Canal que entre 2001 y 2003, precisamente cuando se efectuó la privatización que nos ha llevado a la situación actual. Otra es que el fiscal que tenía que haberlo investigado se llamaba Manuel Moix. Los organismos de control no han hecho su función.
La tercera es que se confirma que fue el trabajo parlamentario, la Comisión del Endeudamiento, la que destapó la venta fraudulenta. Sólo después el Gobierno de Cristina Cifuentes llevó a la Fiscalía la situación. ¿No lo vieron antes? Hay que recordar que la propia Cifuentes fue miembro del Consejo de Administración del Canal entre 2012 y 2014, precisamente cuando se centra la investigación del juez.
Por último, hay que poner en valor el papel del trabajo parlamentario. La Comisión de Endeudamiento ha trabajado tres temas en estos casi dos años; comenzó con el Campus de la Justicia que era una operación innecesaria de 1.200 millones de euros de los que ya se habían gastado 125 –algunos sin justificar– en un edificio inutilizable que se ha quedado a medio construir. El proyecto se paró. Siguió con el Canal que ha terminado con el expresidente de la Comunidad en la cárcel y ahora está con la reversión de los hospitales de “modelo hipoteca” que costaron realmente 640 millones pero por los que se firmó un contrato por más de 3.000 millones de los que todavía se deben 2.000. Ahora toca revertirlos.
El Partido Popular se opuso a esta Comisión –en todos los parlamentos que se propuso– alegando que se trataba de una causa general. La realidad muestra que cada tema que se aborda acaba con una alfombra levantada y unos cuantos imputados. La experiencia dice que el PP, al menos en Madrid, tenía razón porque su gobierno de más de dos décadas requiere de una causa general.
Eduardo Gutiérrez, este tipo de Podemos, ha destapado la corrupción en la empresa pública más grande de la Comunidad de Madrid; queda mucho por hacer y… mucho por ver.