En octubre de 2018, Francia se llenó de chalecos amarillos. El detonante fue la subida del precio del combustible. Pero entre los sentimientos que abonaron la protesta, estaba una sensación de abandono en el mundo rural. De hecho, si en un lugar tuvo una mayor repercusión el movimiento de los chalecos amarillos fue en el campo. Su método de protesta lo estamos viendo estas semanas: cortaron carreteras y rotondas para dificultar el tráfico. En aquellos meses, este movimiento se extendió por otros países como Bélgica, Italia, Alemania o España, pero no tuvo el mismo grado de repercusión.
Esta sensación de abandono en el mundo rural no ha desaparecido, si es que alguna vez no existió. De hecho, desde hace mucho tiempo, nos encontramos con una percepción de incomprensión que agranda la brecha entre el campo y la ciudad. Los dos principales desafíos del futuro, el cambio climático y la digitalización, están transformando nuestras sociedades. Pero su impacto está siendo mucho mayor en la vida de los que residen en la España interior, generando numerosos perdedores. La Agenda 2030, las energías renovables o el progreso biotecnológico son algunos de los ejemplos de estos cambios. La nueva normativa restringe cada vez más las actividades agrícolas, ganaderas o la caza, mientras que grandes extensiones de terreno rural se dedican a generar energía para abastecer a las zonas más industrializadas. Al mismo tiempo, caminamos a un mundo donde los supermercados estarán llenos de alimentos cultivados en laboratorios. ¿Cómo gestionamos todo esto?
Pero nos equivocaríamos si viéramos las tractoradas de estas semanas únicamente como el grito desgarrador del campo. Lo cierto es que la sensación de incertidumbre y angustia respecto al futuro de la agricultura y ganadería son compartidas por amplias capas de la sociedad. No hay que olvidar que la alimentación es una de las actividades básicas de cualquier persona. En la semana que comenzaron las protestas, Metroscopia realizó una encuesta de la que se desprendían algunos datos muy interesantes: el 89% de los españoles comparte que la situación de los agricultores es mala y el 93% piensa que los agricultores tienen razón en sus reivindicaciones.
Al igual que ocurrió en su día con el 15M, estamos ante una movilización que despierta las simpatías en la inmensa mayoría de la sociedad y, por lo tanto, es trasversal a las ideologías. Las diferencias radican más bien a la hora de atribuir la responsabilidad de la situación del campo. Los votantes progresistas consideran mayoritariamente que las explotaciones agrícolas están en esta mala situación por culpa de la cadena de distribución. Así, la izquierda atribuye la responsabilidad al mercado y a las grandes empresas que trasladan los frutos del campo a los supermercados. En cambio, entre los votantes conservadores triunfan mucho más las opiniones negativas sobre los bajos costes de producción de otros países, la Política Agraria Común y las políticas medioambientales de la Unión Europea. Es decir, la derecha atribuye la responsabilidad a las políticas comunitarias y a la globalización. En definitiva, la inmensa mayoría de la ciudadanía comparte la simpatía por las protestas, aunque cada ciudadano ve razones distintas en el descontento según su ideología.
Pero cuando se pregunta a la gente que elija entre posibles soluciones, la mayoría se decanta por continuar con políticas que protejan el medio ambiente. Excepto para los votantes de Vox, todos los demás consideran de forma mayoritaria que hay que seguir reduciendo el uso de pesticidas con el fin de proteger el medio ambiente. El negacionismo respecto a la Agenda 2030 que viene practicando la formación de Santiago Abascal tiene su reflejo en las opiniones de sus votantes. En cambio, si la elección es entre más o menos importaciones de productos extracomunitarios, el 80% de los españoles prefiere reducir la importación para no perjudicar a los agricultores europeos. Por lo tanto, la opinión pública española se decanta en favor de las políticas medioambientales, mientras que está dispuesta a sacrificar parte de la apertura económica y el libre comercio internacional.
Estos datos de encuesta nos transmiten dos ideas. Por un lado, la política agraria es de una enorme complejidad, puesto que resume muchas de las contradicciones y desafíos de nuestra sociedad. Por otro lado, vemos que la brecha entre el mundo urbano y el mundo rural no es emocional, sino más bien ideológica. Es decir, la inmensa mayoría de la sociedad se siente muy próxima al malestar del campo, aunque cada grupo ideológico por razones distintas. Además, dentro de los progresistas existen divergencias, existiendo una izquierda urbana y una izquierda rural. Es por todo ello que solucionar esta situación no es nada sencilla y, como todo problema complejo, exigirá de altas dosis de empatía y pragmatismo.
Como los datos de opinión pública muestran, la solución no puede ser mirar al pasado. El progreso nos lleva a más sostenibilidad y más preocupación por el cambio climático, a pesar de Vox. Y el mundo rural puede aportar mucho en ello. No hay nada más sostenible que bosques y campos cuidados, donde las actividades agrícola y ganadera juegan un papel fundamental a la hora de combatir fenómenos tan peligrosos como, por ejemplo, los incendios. Pero como todo perdedor en una política pública, es necesario establecer medidas compensatorias a los habitantes de la España interior. No es comprensible que la instalación de las energías renovables no garantice mayores ingresos para estos municipios, mejores precios en el acceso a la energía o la industrialización de territorios que hasta ahora no habían tenido esta oportunidad. De la misma manera, las mayores exigencias respecto a los métodos de cultivo o la ganadería no pueden implicar sólo más burocracia. Es decir: más costes. La distancia que se está produciendo entre los lugares donde se genera la normativa y aquellos que la tienen que cumplir, no sólo es física o geográfica. Mucha de la burocracia se está generando de espaldas a la realidad, y no sólo en la agricultura y la ganadería.
No sabemos cuánto durarán las tractoradas y si serán capaces de atraer a más sectores a su malestar. Muchos de sus problemas y dificultades son compartidos por otros grupos sociales. Pero de lo que no cabe ninguna duda es que sus reivindicaciones y su desazón son compartidas por una inmensa mayoría social. Desde luego que no tiene la misma fortaleza política que fenómenos como los chalecos amarillos o el 15M. Pero ello no nos puede llevar a minusvalorar el problema. El futuro de nuestras sociedades no sólo se juega en las ciudades, los laboratorios o en las universidades. El mundo rural también quiere formar parte de las soluciones y del futuro, y estas movilizaciones son una llamada de atención en esta dirección. La opinión pública puede estar más o menos informada, pero pocas veces se equivoca.