¿Recuerdan el TTIP? El acuerdo comercial entre la UE y los EEUU que lleva paralizado desde hace tres años. El TTIP sacó a la calle a millones de personas, además de los 3,3 millones en Europa que firmaron contra él: una de las peticiones europeas más grandes de la historia y con más éxito.
El TTIP era peligroso, pues aunque sus defensores se referían a él como un ‘acuerdo de comercio’, realmente no era sobre comercio. Más bien, era una carta de derechos corporativos que otorgaba a las multinacionales un poder enorme de influencia sobre los procesos políticos entre ambos lados del Atlántico.
Una de las partes más controvertidas del TTIP fue la inclusión del mecanismo de resolución de disputas entre Estado-inversor (ISDS). Esto es un sistema exclusivo de tribunales de arbitraje que las multinacionales usan para demandar a los países que toman decisiones soberanas que vayan en contra de sus intereses privados.
Pues bien, ahora el Parlamento Europeo está a punto de extender la vida de este sistema de protección a las inversiones si votan a favor de la aprobación del tratado entre la UE y Singapur el 13 de Febrero durante el pleno de Estrasburgo.
El ISDS ha existido durante muchos años, pero los casos se han incrementado en los últimos, multiplicándose por dos en la última década. El sistema se ha utilizado para persuadir a gobiernos que están tomando decisiones en el interés público a no hacerlo, y más bien a velar por los intereses de las multinacionales.
Por ejemplo, el ISDS se ha usado por la compañía energética Vatenfall para intimidar a Alemania durante años por sus políticas de reducción de emisiones en una planta de carbón y de transición hacia una política energética más sostenible.
En el caso nuestro contexto más cercano, en el Estado español se han multiplicado las demandas. Ahora mismo, somos el país de la Unión Europea que más demandas acumula, lo que podría traducirse en la pérdida de miles de millones de euros de dinero público para la defensa legal y el pago de indemnizaciones a los inversores: desde fondos de inversión especulativos, a empresas públicas o grandes multinacionales.
Si los inversores ganaran todas las demandas, el Estado tendría que pagar más de 8.000 millones de euros de los presupuestos públicos. Pero vamos a quedarnos en Singapur. En efecto, empresas de origen en Singapur han demandado a otros países por cientos de millones de dólares en varias ocasiones, utilizando el ISDS. Un ejemplo alarmante es el caso de PACC Offshore Services Holdings contra México. Esta empresa demandó a México alegando que al estar siendo investigada (una orden de investigación criminal por fraude y corrupción) estaba perdiendo importantes ingresos económicos y de manera indirecta sus inversiones habían sido expropiadas. La empresa demandó a México 200 millones de euros en compensaciones.
Un ISDS maquillado
Sabemos que la Comisión Europea ha aprendido alguna lección del fracaso del TTIP, pero desgraciadamente, las lecciones incorrectas.
Los que respaldan el ISDS saben que la ciudadanía nunca va a apoyar este sistema aunque lo intenten reformar. Pero en lugar de reconocerlo y abandonar el del ISDS, la Comisión está ocupada tratando de expandir el sistema por la puerta de atrás firmando un nuevo acuerdo de comercio y de inversión con Singapur con la esperanza de que un tratado firmado con un país más pequeño y más lejano pueda atraer menos atención pública. Si permitimos que este tratado se apruebe en el Parlamento Europeo, esto podría abrir la puerta a nuevos acuerdos similares con economías más grandes como los EEUU o Japón.
Los promotores del tratado dicen que la versión del ISDS incluida en el acuerdo con Singapur está 'reformado' y que los problemas del sistema ISDS están solucionados en la versión renombrada. La verdad es que aunque hay alguna mejora estos son únicamente sobre temas procesuales como transparencia del sistema. Lo preocupante es que esta propuesta aún mantiene las peores partes del clásico ‘ISDS’. Sigue siendo un sistema con el cual las multinacionales pueden presionar a los gobiernos para incluir sus intereses privados por encima del planeta o las personas. Mantiene la clausula legal de ‘expectativas legítimas’ a través de la cual muchos inversores han demandado a otros gobiernos aludiendo a que las regulaciones medioambientales y de salud publica violan sus expectativas de retorno económico de las inversiones presentes o futuras.
El ISDS no puede ser reformado. Tiene que ser eliminado. La idea que las corporaciones merecen unos privilegios exclusivos con este sistema de justicia privado es errónea en su principio básico, no importa cuánta más transparencia tenga el sistema. Para terminar con esta asimetría tenemos que eliminar el ISDS en todas sus versiones y reemplazarlo por un sistema internacional que tenga la fuerza para obligar a las multinacionales a cumplir con los Derechos Humanos y a penalizar a aquellas que han cometido abusos fuera de sus territorios. Un primer paso para esto sería la adopción de un tratado vinculante en Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas, un proceso que lleva activo desde hace más de cuatro años y el cual están boicoteando la mayoría de los gobiernos de la UE y los Estados Unidos.
Con todo, una cosa está clara. Las personas en Europa se están levantando contra este sistema y a favor de una legislación más dura que obligue a las multinacionales a cumplir con los derechos humanos. En este sentido, se acaba de lanzar una campaña europea que incluye una petición masiva de firmas para pedir la eliminación de los mecanismos de protección a las inversiones en todos los tratados de comercio y de inversión.
En apenas tres semanas desde el lanzamiento de la petición, ya se han obtenido casi medio millón de firmas. Esto demuestra que existe una enorme preocupación entre la ciudadanía europea sobre asuntos que se llaman de 'comercio', aunque incluyan muchas cosas más. La pregunta es si la Comisión Europea está preparada para asumir esta vez una petición respaldada por la sociedad civil y aprender de la lección del TTIP y rechazar el ISDS en todas sus formas (que recogió 3,3 millones de firmas).
Este año tenemos varias tareas difíciles, y una de ellas es convencer al Gobierno del PSOE de apoyar de manera activa este proceso en Naciones Unidas para un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y Derechos Humanos. Pero otra tarea un poco más sencilla debería ser eliminar el sistema de protección de las inversiones , ya que ha tenido una toxicidad política en los últimos años, empezando con el rechazo de millones de ciudadanos al ISDS como parte del TTIP así como la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de eliminar el ISDS de todos los tratados intra europeos. Es importante que los eurodiputados (sobre todo los socialistas) voten en contra de este tratado. Si logramos derrotar el tratado de Singapur en el Parlamento Europeo podría ser el inicio del fin de este sistema.