El trumpismo siempre llama dos veces

“No votes por correo, puede estar amañado”. Este es uno de los eslóganes que desde la ultraderecha se están lanzando de cara a los comicios autonómicos en Madrid del 4 de mayo. Ya en las últimas elecciones catalanas agitaron el mismo fantasma. Entonces la ultraderecha se jugaba sobrepasar al resto de candidaturas de derechas y así convertirse en el principal azote del nacionalismo en Cataluña. Una tribuna perfecta para promocionarse hasta las próximas elecciones generales. Y no les fue nada mal.

En Madrid, debido a la configuración del estado en España y la centralización de los principales poderes en su capital, la batalla es aún más relevante si cabe. Una vez más, desde el entorno de Vox, se replica la famosa campaña trumpista contra el voto por correo.

Si algo ha demostrado la derecha española es su adicción al “todo vale”. Desde las cloacas del estado a la compra-venta de representantes políticos, pasando por fotomontajes de la Gran Vía repleta de ataúdes. Cualquier campaña, declaración, acción o manifiesto es utilizable –tenga o no fundamento alguno- para conseguir el objetivo propuesto. Esa es la única libertad que les interesa, la de hacer y deshacer sin consecuencias.

Es poco probable que los promotores de dicha campaña anti voto por correo, realmente consideren que vaya a haber un pucherazo electoral por esa vía. Hablamos de una alternativa vigente desde hace ya mucho tiempo en el ordenamiento jurídico de nuestro país, para garantizar la universalidad del sufragio y favorecer la participación de la ciudadanía en dichos procesos democráticos.

¿Qué hay detrás entonces? Determinar un martes laborable como fecha para celebrar las elecciones ha generado justificado revuelo entre asociaciones de madres y padres, pues el hecho de declarar tal día como no lectivo, no resuelve el problema de las familias para ocuparse de las niñas y niños al no tener clases.

En el marco laboral, la ley ampara claramente al trabajador que acuda a votar durante su jornada y reconoce el derecho al sufragio como un permiso retribuido. Sin embargo, la amplia diversidad de circunstancias que nos encontramos en el mundo del trabajo, así como los condicionantes propios impuestos por la pandemia, hacen del voto por correo una posibilidad más que razonable para un gran número de trabajadores. Y cabe esperar un aumento exponencial del mismo.

En esta situación, desplegar una campaña señalando el voto por correo como una fórmula para el fraude, parece claro que únicamente busca desincentivar la participación en las elecciones. 

Pero no solo eso, con esta campaña también se pone en el disparadero a la plantilla postal. El personal de Correos llevamos realizando elecciones de manera histórica. Ha habido gobiernos del PSOE, del PP, ascensos y bajadas de Vox y de Unidas Podemos, desplomes como el de Ciudadanos… Nuestro compromiso con estos procesos democráticos está más que probado. 

Y eso a pesar de que cada vez que abordamos uno, la plantilla pagamos una factura enorme debido a la sobrecarga a la que nos vemos forzados por la merma de plantilla y la falta de contratación. Una vuelta de tuerca más en una perversa rutina de sobreesfuerzos del todo inasumibles. Claro que eso a la ultraderecha no le interesa lo más mínimo, como el resto de problemas cruciales que tenemos la gente trabajadora.

Nos señalan y nos atacan porque somos empleados públicos y, como al resto de servicios públicos, también nos odian. Odian la Sanidad pública por cuidar igual a alguien que se apellide García o Espinosa de los Monteros. Odian la Educación pública por formar al alumnado sin preguntar de qué barrio es ni cuánto dinero tiene su familia. Y también nos odian a la plantilla de Correos, no porque el presidente Serrano sea próximo a Pedro Sánchez, sino porque mediante el servicio público que prestamos y nuestro trabajo en cada proceso electoral, contribuimos mucho más a la democracia en España de lo que jamás lo harán ellos.

Odian lo público porque es para todos, salvo cuando les sirve para hacerse de oro.