Vagones envenenados
Corría el verano de 1983 cuando Jill Drower se montó en un tren en Madrid con destino Algeciras. Según cuenta Soledad Gallego Díaz, esta mujer se presentó en su oficina de corresponsal en Londres y le contó que un polvo azul le había ido cayendo durante el trayecto y que tras analizarlo, el polvo era en un 95% “crididolite asbestos” en estado no estable. Esto es, fibra de amianto muy peligrosa. En Reino Unido está prohibido desde 1969.
Amianto proviene del latín Amiantus, que significa literalmente incorruptible y su nombre comercial en la mayor parte de Europa fue Eternit, si bien en España su denominación más popular fue URALITA, propiedad de la familia March hasta 1993 durante más de 50 años, los mejores años comerciales de este producto mortal.
La primera vez que se reconoció la asbestosis en España fue 1947, cuando un Decreto del 10 de enero la constata como enfermedad profesional. En 1978 se reconoció oficialmente la exposición al amianto como causa de cáncer de pulmón 36 años después que Alemania, pero antes que muchos otros países como Francia, Bélgica, Italia o incluso Suiza.
Es decir, en España hemos estado utilizando amianto de manera intensiva a sabiendas de lo perjudicial que es para la salud, quizás animados por lo rentable que salía en comparación con otros materiales, quizás por la enorme presión que la familia March, poseedora de una de las mayores fortunas de la época (y de la actualidad) podía ejercer sobre los gobernantes de cada momento. Es curioso, la prohibición de fabricación con amianto en España data de junio de 2002, 55 años después de que se reconociese la asbestosis como enfermedad profesional y tan solo 9 años después de que la familia March se deshiciese de su participación en URALITA.
Hace escasos meses, se reconoció a un trabajador de Metro de Madrid una enfermedad profesional debida a la exposición al amianto en su trabajo y, a partir de ese momento, las noticias sobre la falta de responsabilidad de la empresa suburbana han sido portada semana tras semana. Ya en 2003, a requerimiento de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Metro envió un informe indicando la presencia de este material en trenes, estaciones y cuartos de servicio. Desde entonces ni uno solo de los consejos de administración ha tomado cartas en el asunto: no se han puesto en marcha ni planes de desamiantado, ni cursos de formación. La irresponsabilidad de la dirección llegó a propiciar la venta de material móvil a Argentina en 2011, 10 años después de la prohibición total de la venta de cualquier producto que contuviese asbesto.
Desde Podemos Comunidad de Madrid hemos impulsado la creación de una comisión de Investigación para esclarecer los motivos que han llevado a Metro de Madrid a no tomar cartas en el asunto, a obviar la evidencia y a negar cualquier tipo de responsabilidad sobre este grave problema, llegando incluso a contratar a prestigiosos (y carísimos) bufetes de abogados para pleitear contra trabajadores enfermos.
En Metro de Madrid ya hay varios trabajadores con la enfermedad reconocida y se están estudiando algunos que por desgracia ya no están. No podemos seguir metiendo el polvo debajo de las alfombras, no podemos permitir que quienes han hecho su labor durante tantos años ahora se vean enfermos e indefensos, no podemos permitir que quienes han obviado sus responsabilidades queden impunes de nuevo.
Como suele decir Paco Puche, si estás del lado de las víctimas, nunca te equivocas.
