El Valle sí se toca
Desde que Pedro Sánchez anunciara la futurible exhumación de Franco del conocido como Valle de los Caídos, los medios de comunicación han generado una ingente cantidad de artículos, tertulias televisivas y editoriales acerca de este asunto tan clave en lo simbólico para cualquier democracia que se precie. Sería impensable que en cualquier otra democracia europea se rindieran honores a la tumba de un dictador. Es por ello que creo necesario explicar la posición fundamentada de Izquierda Unida sobre este tema, también -por qué no- para hacer pedagogía sobre un lugar muy popular del que creemos conocer más de lo que realmente sabemos.
Qué sabemos del valle de Cuelgamuros
El Valle de los Caídos se erigió para “perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra Gloriosa Cruzada”, según reza el artículo 1 del Decreto del 1 de abril de 1940 que le dio lugar. Fue en 1958 cuando, antes de inaugurar el complejo, se cambiaron sus objetivos fundacionales y se exhumaron –la mayoría sin consentimiento ni información a los familiares– los restos de decenas de miles de asesinados “del otro bando” llegando a contar con más de 33.000 cuerpos enterrados en lo que es la fosa común más numerosa del Estado. En el interior de la basílica en un lugar preeminente se hallan las tumbas de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, y del dictador Francisco Franco, llegando a incumplir los preceptos del derecho canónico que salvaguardan ese espacio sacro a obispos y al Papa.
Las obras acabaron en 1958 con un coste de unos 1.086 millones de pesetas. Si lo reconvertimos a la moneda y al valor actuales serían unos 226 millones de euros. En 1942 el Gobierno se ve desbordado por la ingente tarea de la faraónica construcción e integra en los trabajos a batallones de trabajadores. En este caso, sería la Compañía del Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores Penados nº 95 la que se sumó a la construcción del que sería el mausoleo para la tumba del dictador.
El periodista José María Calleja escribió un libro y un reportaje acerca de las condiciones de trabajo de los presos en el Valle, en los que recogió el testimonio de Trinitario Rubio, uno de esos trabajadores: “Lo cierto es que nos daban 50 céntimos por día, que los pagaban al final de la semana, y que el Estado se quedaba con 1,5 pesetas al día, en concepto, decían, de manutención. Fuera, en la calle, el jornal era de 13 o 14 pesetas diarias. La diferencia entre lo que se cobraba en Cuelgamuros y lo que cobraban los obreros que no estaban allí iba para un fondo que servía para pagar las obras del Valle”.
A través del sistema de redención de penas por el trabajo, tanto empresarios como el propio régimen franquista se beneficiaron económicamente de las enormes plusvalías que el trabajo semiesclavo les proporcionaba. En otro reportaje de Alejandro Torrús, “Del Valle de los Caídos al IBEX 35”, se explica el funcionamiento de esta perversa relación de poder cuyos frutos han llegado hasta nuestros días. Un claro ejemplo fue el de la empresa Huarte y Cía, una de las encargadas de la construcción del Valle a partir de 1952 y que, en la actualidad, forma parte del gigante de la construcción OHL, dirigido por Juan Miguel Villar Mir, quien fuera alto cargo durante el franquismo y ahora se encuentra imputado en los casos Lezo y Púnica por supuestas mordidas al PP de Madrid.
La silicosis, los accidentes laborales y decenas de muertos –apenas 14, según la documentación oficial del régimen– formaban parte del día a día de los presos. Algunos testimonios no conceden autoridad alguna a las cifras oficiales, ya que era raro el día en que los obreros no sufrían algún percance, y consideraban que fueron muchas más las víctimas que perecieron fruto de la inseguridad y la peligrosidad de los trabajos.
Qué hacer con el Valle de los Caídos
En el equipo de Memoria de Izquierda Unida trabajamos durante 2017 y 2018 en una Ley integral de memoria democrática y de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo y la Transición, que registramos como Unidos Podemos en junio de este año. En ella planteamos una solución integral para el Valle que va en la línea de lo exigido por la ONU y de lo solicitado por las víctimas del franquismo a través de decenas de asociaciones memorialistas con quienes consensuamos el texto final.
Es en el Artículo 53 de esta ley donde desarrollamos las medidas a implementar en el Valle de los Caídos. Una cuestión fundamental para nosotras reside en la desacralización del lugar. Es urgente recuperar la gestión directa del Valle por parte de Patrimonio Nacional dejando sin efecto el Decreto Ley del 23 de agosto de 1957 a partir del cual se delegaron las tareas de representación y administración a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz.
El siguiente paso sería la resignificación del espacio convirtiéndolo en un lugar de memoria en el que se expliquen los crímenes del franquismo, con especial atención al sistema concentracionario, el funcionamiento del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, su relación con las grandes empresas y el crucial papel de la Iglesia católica como sostén de la dictadura. Para ello se procederá al desmantelamiento o demolición de aquellos elementos arquitectónicos y simbólicos incompatibles con un Estado democrático, entre los que cabe destacar la monumental cruz-espada de 150 metros de altura y 200.000 toneladas de peso, cuyo mantenimiento haría imposible el citado proceso de resignificación.
Es urgente que deje de formar parte del paisaje un elemento gigantesco creado expresamente para celebrar la dictadura. Obviamente, se prohibirán los actos de homenaje a quienes promovieron el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y apoyaron el franquismo. El lugar deberá dejar de nombrarse de la forma que concibió el régimen franquista para recuperar su nombre original, es decir, valle de Cuelgamuros.
En quinto lugar, planteamos la obligatoria exhumación de Franco junto a la de José Antonio Primo de Rivera, ya que una democracia no puede otorgar honores ni rendir culto a figuras representativas de los principios que impulsaron el golpe de Estado a la II República y la posterior dictadura franquista. Seguidamente no podemos olvidar al resto de víctimas inhumadas en el recinto y, por lo tanto, deberán atenderse todas las reclamaciones y peticiones de exhumación de los familiares de las más de 33.000 víctimas cuyos restos mortales se encuentren en el lugar. Por último, consideramos la creación de una comisión científico-técnica para la realización de un estudio científico integral sobre el estado en que se encuentran los restos de quienes fueron llevados allí.
El Valle de la Memoria
Estos últimos días hemos asistido a una intensificación del proceso de revisionismo de nuestra historia democrática en el que se iguala a golpistas y demócratas; y en el que se habla de reconciliación antes que de reparación y justicia. Vivimos en una democracia cimentada sobre miles de fosas comunes que nos sitúan como el segundo país del mundo en número de desaparecidos forzosos. Es por tanto una urgencia democrática que el Gobierno estudie nuestras peticiones y abandone el acercamiento a posiciones equidistantes. El Valle debe convertirse en un lugar de dignificación de las víctimas que trabajaron, sufrieron y murieron durante la construcción del mausoleo. No debemos dejarlo como está porque sigue siendo un lugar de peregrinación del fascismo organizado. Tampoco podemos demolerlo en su totalidad porque cometeríamos el error de borrar las huellas del crimen.
Es por ello que, para avanzar hacia la verdad, la justicia y la reparación, el valle de Cuelgamuros debe ser un lugar de memoria. Del mismo modo que Auschwitz y Mauthausen se convirtieron en memoriales para educar en los horrores del nazismo; como Chile hizo con Villa Grimaldi y Argentina con la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), lugares clave de la represión durante las dictaduras de Pinochet y Videla. Si no explicamos qué ocurrió en España, el olvido nos pasará factura, porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Estamos a tiempo, dejémoslo claro: ¡El Valle sí se toca!
