La elección presidencial en Venezuela del domingo, 28 de julio, ha desembocado en el peor escenario de todos los posibles. En la madrugada del lunes, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la autoridad responsable del proceso, dio ganador al actual presidente Nicolás Maduro por un 51,20% de los votos frente al 44,20% obtenido por su principal contrincante, Edmundo González Urrutia, candidato de la opositora Plataforma Unitaria Democrática. Inmediatamente, la oposición hizo saber por boca de María Corina Machado, su verdadera líder, que no reconocía la victoria de Maduro y consideraba falsos los resultados anunciados por la CNE, ya que contradecían abiertamente los datos recogidos por sus militantes durante la jornada electoral y los sondeos a pie de urna, y exigió la publicación de las actas electorales de cada mesa, así como una revisión pública, transparente y detallada de todos los votos.
Desde entonces la situación no ha hecho sino empeorar. La CNE no ha dado ningún dato más, ni ha publicado las actas. La oposición ha declarado vencedor a Edmundo González y ha llamado a la movilización contra lo que consideran un fraude escandaloso, y las protestas ciudadanas han ido en aumento causando desórdenes públicos. Maduro se ha declarado reelegido, en base a los resultados comunicados por la CNE sin más explicaciones, ha calificado las protestas de intento de golpe de estado alentado por Estados Unidos, y ha llamado a la defensa de la revolución bolivariana, es decir a la represión violenta de los manifestantes y alborotadores, con el resultado hasta ahora de entre 12 y 20 muertos –según las fuentes– y más de mil detenidos, pero no ha conseguido detener las manifestaciones.
El prestigioso centro Carter –que había sido invitado a observar las elecciones por el propio Gobierno venezolano– ha emitido un comunicado criticando severamente el proceso electoral y calificándolo de no democrático, aunque se refiere sobre todo a las condiciones en las que se realizó la votación, con casos de intimidación, represión previa de disidentes, propaganda abusiva y obstáculos para ejercer el derecho al voto, más que al propio resultado. Este simplemente no lo pueden evaluar porque la CNE no ha proporcionado los datos necesarios, lo que hace que los pocos publicados no sean fiables. La UE y un gran número de países, como EEUU, España y muchos latinoamericanos, han pedido un proceso de verificación transparente y completo de los resultados, antes de aceptarlos como válidos, y en algunos casos han puesto en duda los que ha dado la CNE e incluso los han calificado directamente de falsos. Solo Cuba, Bolivia, Honduras y Nicaragua han reconocido en América la victoria de Maduro.
El Gobierno bolivariano no ha dado respuesta a los reiterados requerimientos de publicar las actas, ni siquiera a los que proceden de los gobiernos de izquierdas simpatizantes con el chavismo de los dos países más grandes de Latinoamérica –Brasil y México– y de su vecina Colombia. La falta de información sobre todos los resultados, la no publicación de las actas, e incluso el silencio sobre las causas que lo impedirían, han ido incrementando día a día las sospechas de que el fraude es real, ya que si no lo fuera no habría ninguna razón para esa falta de transparencia.
Cinco días después de la elección, la situación está bloqueada. Si la actitud del Gobierno y de la CNE no cambian, la reelección de Maduro no va a ser reconocida por la mayoría de la comunidad internacional, y Venezuela será relegada definitivamente a la categoría de países no democráticos o con gobiernos dictatoriales, lo que tendrá consecuencias económicas negativas y aumentará probablemente la ya masiva emigración de venezolanos al extranjero.
El sistema electoral de Venezuela es uno de los más garantistas del mundo… si se respeta en su totalidad. Si no se activan los mecanismos de comprobación y ratificación de los resultados, que son parte esencial del sistema, las garantías dejan de existir. Las máquinas electrónicas que reciben en primera instancia los votos, transmiten sus resultados por vía telemática únicamente al Consejo Nacional Electoral (CNE); los partidos políticos y la población en general solo tienen acceso a ellos a través de las actas en papel que emiten automáticamente las mismas máquinas, que lógicamente son idénticos a los que transmite al CNE, y de las que se hacen varias copias, incluidas las que se entregan a los testigos (interventores) de los partidos, y la que se envía al CNE.
Las máquinas emiten también una copia en papel de cada voto que reciben, para que se introduzca en las urnas de los colegios electorales, y permitir así una segunda comprobación, que consiste en un conteo manual de los votos de la urna, que deben coincidir con los que el acta emitida por la máquina refleja. Esta última comprobación no se hace en todas las mesas, sino en algo más del 50%, y normalmente no produce ninguna contradicción, porque los votos de las urnas solo pueden ser los que ha emitido la máquina, y al conteo asisten los testigos e incluso los particulares que lo deseen. En el día electoral la oposición denunció que en un pequeño número de centros de votación se había dificultado el acceso de los testigos, pero esto se fue corrigiendo a lo largo de la jornada, y al final el problema se había resuelto salvo alguna mínima excepción.
Las actas pasan así a tener un papel esencial en la garantía de veracidad de los resultados. El CNE puede dar inicialmente un resultado falso, puesto que solo él dispone de los datos electrónicos, pero si se hacen públicas las actas el fraude se haría evidente, ya que esas actas pueden ser confrontadas con las que tienen los testigos, y su suma debe dar el mismo resultado que los datos electrónicos, pues provienen de las mismas máquinas. Cuando el presidente del CNE comunicó los resultados que daban vencedor a Maduro, que calificó de “irreversibles”, dijo que procedían del 80% de las máquinas, pero igualmente debían disponer entonces del 80% de las actas y esas actas no fueron mostradas ni lo han sido hasta el día de hoy, a pesar de la presión interna e internacional para que se hagan públicas. El CNE arguye un pretendido hackeo procedente de Macedonia del Norte, del que no hay constancia, ni detalles, ni pruebas. Pero en todo caso el hackeo habría afectado a la transmisión de datos, nunca a las actas que se emiten en papel.
Tampoco la oposición es muy de fiar, puesto que ya estaban hablando de fraude incluso antes de las votaciones, si no ganaban ellos, y también el mismo día de las elecciones antes de que se hiciera público ningún resultado. Están publicando en internet actas recabadas por sus testigos en los centros de votación, que cubrirían un 73% de las mesas y darían vencedor a su candidato por casi un 70% de los votos. Por ahora no hay ninguna garantía de que todas esas actas sean auténticas, porque para que la hubiera tendrían que mostrarlas físicamente, ya que las máquinas las imprimen en un papel especial, timbrado en su dorso, mientras que en internet se pueden imitar fácilmente, con bastante precisión, con algunos programas informáticos. Aunque lo cierto es que no tendría mucho sentido falsificarlas, porque, si se acepta la transparencia que la oposición demanda, al final tendrían que mostrar las originales.
Lo que la oposición debiera haber hecho es elevar una denuncia de fraude al Tribunal Supremo de Justicia, presentando esas actas de las que dispone como prueba. Aunque el Tribunal esté formado por jueces chavistas, difícilmente hubieran podido ignorar esas pruebas, y además la opinión internacional lo valoraría muy positivamente. En lugar de eso, los líderes opositores han preferido promover disturbios de protesta en las calles, lo que ha dado excusas al Gobierno para denunciar un intento de golpe de estado y desatar la represión.
Quien sí que ha acudido al Tribunal Supremo en demanda de aclaración de la situación ha sido Maduro, pero esto parece más bien una cortina de humo destinada a sus seguidores y para ganar tiempo, ya que tiene en su mano aclarar enseguida la situación exigiendo al CNE que publique inmediatamente las actas e invitando a la oposición a una auditoria conjunta de los resultados. Si el Gobierno y el CNE quieren acabar con las dudas, la desconfianza interna y externa, las protestas, si no tienen nada que ocultar... ¿por qué no publican las actas y así se acabarían todos los problemas? La respuesta parece obvia.
No se puede afirmar todavía con absoluta seguridad que haya habido fraude en la comunicación de los resultados, pero las probabilidades de que haya sido así se aproximan mucho a la certeza. En lugar de optar por la transparencia y aceptar sus consecuencias, Maduro ha preferido acudir la represión y mantenerse en el poder a toda costa, aunque sea asumiendo claramente que se trata de un poder ilegítimo y no democrático.
Se puede argüir que a ningún país se le exige demostrar tanto la limpieza de sus elecciones, que ha habido casos peores en otros lugares, que la oposición venezolana ha intentado antes –siempre–, reiteradamente, acabar con el régimen bolivariano por cualquier medio, democrático o no –incluida la proclamación de un presidente fantasma, Juan Guaidó–, que está financiada por grupos oligárquicos y por EEUU para hacer prevalecer sus intereses, que pretenden volver al régimen corrupto y cleptocrático anterior a la revolución y poner el país y sus recursos al servicio de intereses extranjeros. Pero nada de esto justifica nunca, en ningún caso, que se alteren los resultados de una elección y se ignore o falsee la voluntad de los votantes.
Los ciudadanos tienen derecho a equivocarse, nadie puede elegir por ellos, aunque crea que lo que están decidiendo no es lo mejor para su futuro. Es obvio que ninguna democracia es perfecta, siempre hay una parte que dispone de más recursos, más dinero, más apoyo mediático, que es generalmente la que apoya y es apoyada por los poderosos, pero eso no autoriza a otros a emplear medios ilegítimos, porque la democracia es la única garantía de libertad y justicia. Un político democrático tiene el derecho y el deber de hacer todo lo posible para convencer a sus conciudadanos de que la alternativa que representa es la mejor. Pero cuando se produce la elección y los votantes no le dan su apoyo mayoritario, aunque lo merezca, su única opción es resignarse, ceder el poder, y prepararse para hacerlo mejor en la siguiente ocasión.
Maduro ha dilapidado las esperanzas que surgieron con la victoria electoral de Hugo Chávez en 1998, ha perjudicado gravemente a Venezuela, y ha hecho mucho daño a la imagen y las expectativas de la izquierda latinoamericana y –más en general– del socialismo y de la izquierda en todo el mundo. Lo que está haciendo, con su actitud inflexible, es privar al movimiento bolivariano de la posibilidad de convertirse en una opción política normal del espectro democrático, con opciones de volver al poder en el futuro. Es difícil pensar que, si se mantiene en el poder en las condiciones actuales, lo haga por su país y por una revolución que ha perdido hace tiempo sus señas de identidad, sino más bien por interés propio y de su círculo más cercano, que no ha podido sustraerse a la corrupción endémica en Venezuela, ni ha podido evitar que gran parte de la población volviera a caer en la pobreza que el régimen bolivariano consiguió atenuar en sus primeros años.
La única salida que tiene Maduro es permitir que las elecciones terminen en paz, aceptando un escrutinio transparente con conteo de votos y actas, bajo el control de todas las fuerzas políticas venezolanas y de observadores internacionales, tal como le aconseja el presidente colombiano, Gustavo Petro, en un excelente comunicado que puede consultarse en X, en el que, además, aboga por un acuerdo entre gobierno y oposición que garantice el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones, con el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y pide a EEUU que suspenda los bloqueos y las decisiones en contra de ciudadanos venezolanos.
Si sigue defendiendo su victoria sin permitir que se demuestre, como le pide gran parte de su pueblo y de la comunidad internacional; si mantiene la represión como única forma de responder a las protestas; si se aferra al poder y pretende seguir gobernando sin el mínimo aval democrático real, estará empujando a su país hacia una polarización extrema y hacia un camino de violencia, que terminará antes o después por estallar llevando a Venezuela, a él mismo y a sus seguidores a una situación catastrófica. Aún está a tiempo de reflexionar y cambiar de actitud. Si lo hiciera demostraría que su patriotismo es real y que el amor a su pueblo está todavía por encima de sus intereses.