No es sencillo repasar los datos de la violencia machista en España. Es espeluznante leer el informe del Ministerio del Interior que evidencia que una mujer es violada en nuestro país cada 5 horas y media. De hecho, las estimaciones globales publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2013 indican que aproximadamente 1 de cada 3 (35%) de las mujeres en todo el mundo han experimentado violencia física y/o sexual en su vida. Sin ir más lejos, la anterior directora general de la OMS, Margaret Chan afirmó: “Estos hallazgos envían un mensaje poderoso: que la violencia contra las mujeres es un problema de salud mundial de proporciones epidémicas”, y continuó: “También vemos que los sistemas de salud del mundo pueden y deben hacer más por las mujeres que sufren violencia”.
El mundo de la salud reconoció, hace ya 23 años, que la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública (OMS, 1996). Esto significa que, para la Consejería de Sanidad de Cantabria, atajar la violencia de género es tan importante como reducir la incidencia de cáncer, combatir la gripe o evitar los casos de listeria. Es bien sabido que la violencia de género es un problema social, pero, ¿por qué decimos que es un problema de salud pública de magnitud epidémica?
Lo primero, porque la violencia machista tiene graves secuelas tanto en la salud de las mujeres como en la de su entorno, me refiero especialmente a los niños y las niñas que la sufren o la presencian desde su infancia. Además, las consecuencias negativas para la salud pueden persistir mucho tiempo después de que haya cesado el maltrato.
Específicamente, a nivel físico los servicios de salud debemos atender las lesiones agudas o inmediatas, como hematomas, heridas punzantes, quemaduras o mordeduras, así como fracturas de huesos o dientes. Vemos también otras lesiones más graves que pueden conducir a la discapacidad, como las lesiones en la cabeza, los ojos, el oído, el tórax o el abdomen. Nos enfrentamos a afecciones sexuales y reproductivas como las fístulas, las relaciones sexuales dolorosas o la disfunción sexual. Asimismo, está demostrado que es considerablemente más probable que las mujeres que han sufrido violencia física o sexual infligida por sus parejas refieran mala salud general, pérdida de memoria o problemas para caminar o realizar actividades cotidianas.
Los estudios también han descubierto que es más probable que las mujeres con antecedentes de maltrato sufran problemas de salud crónicos como cefaleas, dolor de espalda, abdominal o síndrome de colon irritable. Pero esta triste lista no termina aquí, los servicios de salud nos enfrentamos a complejas secuelas sobre la salud mental y conductual. Tanto la violencia física como la sexual duplican el riesgo de depresión y abuso de sustancias, provocan un aumento de intentos de suicidio, trastornos por estrés postraumático, de estrés y ansiedad, del sueño y de los hábitos alimentarios. Los malos tratos físicos y el abuso sexual en la niñez también se han asociado con un sinnúmero de comportamientos de riesgo posteriores, como actividad sexual precoz, alcoholismo, consumo de tabaco y otras drogas, elección de parejas abusivas en etapas posteriores de la vida y peores tasas en el uso de anticonceptivos y preservativos.
Mientras tomo aire después de escribir esto, vuelvo a pensar en las palabras de Margaret Chan: la violencia contra las mujeres es una epidemia y desde los servicios sanitarios podemos hacer más. En la Consejería de Sanidad de Cantabria contamos con un protocolo de actuación sanitaria frente a los malos tratos y a un protocolo específico de atención sanitaria a las víctimas de agresiones y abusos sexuales. Queremos asegurarnos de que las mujeres se sienten seguras en nuestro sistema sanitario, transmitirles que entendemos sus sentimientos de miedo o vergüenza y que en ningún caso deben sentirse juzgadas ni verse obligadas a contar su historia más de una vez. Pero queremos hacer más, debemos hacer más. Debemos mejorar la atención sanitaria a las mujeres y para ello es fundamental incorporar la perspectiva de género en nuestros protocolos, mejorar la detección precoz de la violencia, actualizar y mejorar los protocolos con mayor frecuencia, buscar nuevas vías para la formación y la sensibilización de profesionales…,pero, sobre todo, debemos crear instituciones que entienden y combaten el machismo desde dentro porque solo un servicio sanitario que incluya la perspectiva de género contribuirá a erradicar la violencia hacia las mujeres.
En España, el número de mujeres médicas que ejercen en los servicios sanitarios supera el 50 por ciento, pero solo el 20% de los puestos de dirección están ocupados por mujeres. La “feminización” del sistema sigue entendiéndose como un problema para algunos, pese a que a prestigiosas revistas como el Harvard Business Review apuntan justo a lo contrario. De igual manera, en ciencia, tenemos numerosos ejemplos de cómo los artículos escritos por mujeres tienen menos probabilidad de ser publicados, y en el ámbito académico son frecuentes los artículos que muestran que las mujeres sufren más barreras a la contratación en las universidades. Todo esto debe hacernos reflexionar y aceptar, sin género de dudas, que existe una discriminación clara hacia las mujeres en nuestro entorno.
Para la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, contribuir a eliminar la discriminación hacia las mujeres es una acción estratégica de gobierno y por eso estamos poniendo mucho empeño en el plan de igualdad del Servicio Cántabro de Salud. Debemos asegurar la igualdad de oportunidades, promover y favorecer la conciliación, integrar la perspectiva de género en la salud laboral, eliminar el acoso. Sin ir más lejos, este 25 de noviembre constituimos el Comité de Igualdad del Servicio Cántabro de Salud, para asegurarnos un sistema sanitario que lucha contra la violencia de género desde dentro.