A pocos días para que acabe el mes de agosto y enfrentemos la vuelta al curso parece que, como cada año y desde que tengo uso de razón, vuelve a quedarnos pendiente para septiembre la misma asignatura de siempre: la vivienda.
Si bien es cierto que en los últimos años se han conseguido avances significativos en lo que respecta a la construcción- valga el eufemismo- del derecho a la vivienda, es evidente que aún queda mucho por hacer. Por seguir con la metáfora, es como si hubiéramos avanzado en poner los cimientos e incluso tenemos dibujado el plano, pero todavía nos quedan las paredes, las habitaciones, los baños, la cocina y el tejado por construir.
La incesante lucha por los movimientos en defensa del derecho a la vivienda desde hace ya más de una década -tras el estallido de la crisis inmobiliaria anterior- y la perseverancia de Unidas Podemos en el seno del Gobierno de coalición, han conseguido sembrar las bases para que hoy en nuestro país exista la primera Ley por el Derecho a la Vivienda de la historia de la democracia. Sin embargo, esa Ley es una condición necesaria pero no suficiente si de verdad queremos resolver una de las principales disfunciones (o quizá funciones) del sistema económico, que mayor brecha de desigualdad produce hoy en día: el coste de la vivienda.
Mientras una minoría rentista acapara numerosos inmuebles y percibe rentas anuales de 46.700€ anuales de media, el doble que las de los inquilinos- según el estudio de la Hidra Cooperativa- extrayendo rentas a los no privilegiados, la mayoría de la población sigue sufriendo problemas relacionados con la vivienda.
Ya sean problemas en el pago de las cuotas hipotecarias que han vuelto a subir como consecuencia de la decisión política errónea del Banco Central Europeo de elevar por novena vez desde 2022, los tipos de interés (misma receta fracasada aplicada en la crisis inmobiliaria anterior). O ya sean problemas para acceder o mantenerse en una vivienda en alquiler como consecuencia de unos precios desorbitados que superan, en muchos casos, el 60% de los salarios y el 80% en el caso de los jóvenes. O ya sean problemas relacionados con el hacinamiento, las malas condiciones de habitabilidad o la pobreza energética. Y si no, que se lo pregunten a los habitantes de la Cañada Real que en Octubre, si nada cambia, celebrarán el trágico aniversario de cumplir tres años sin suministro eléctrico, en una de las mayores conculcaciones de los Derechos Humanos en nuestro país de los últimos tiempos.
Y sin embargo, mientras el descontrol de los precios de los alquileres continúa y las subidas de los tipos de interés se notan- más bien se sufren- en el bolsillo de las familias, la proliferación descontrolada de la vivienda turística eleva los precios del alquiler y algunas inmobiliarias y fondos especulativos ponen en práctica -con impunidad- triquiñuelas para sortear la Ley de Vivienda, enfrentamos septiembre con la misma eterna asignatura pendiente. Este hecho, que no es casual, o como diría mi querido Jorge Dioni “ no es un fallo del modelo, sino el modelo funcionando a pleno rendimiento”, pone de manifiesto que el principal reto del próximo gobierno de coalición si quiere ponerse el apellido “progresista”, debe ser avanzar con valentía para construir de verdad, de materializar el derecho a la vivienda recogido en la constitución española.
¿Cómo? Desde luego, desarrollando la Ley e incorporando obligaciones de resultado, un régimen de inspección y sanción ante sus incumplimientos así como mecanismos – jurídicamente viables- que garanticen su efectividad y aplicación en aquellas regiones cuyos gobiernos han decidido cerrar filas con la especulación inmobiliaria (véase Madrid). Pero también encontrando fórmulas legales que pongan coto al negocio de la vivienda turística, al alquiler por temporada y a todas esas fórmulas – de apariencia moderna y con nombres en inglés- que acaban siendo perversiones y nuevos nichos de mercado para la especulación siga campando a sus anchas. Mientras que- como leía el otro día- familias en Tenerife se ven obligadas a vivir en tiendas de campaña en la playa, mientras varias personas desahuciadas del edificio “ La Dignidad” en Móstoles acampan en un parque ante la inacción del gobierno regional y el consistorio y mientras las víctimas de la línea 7 de metro en San Fernando no tienen garantizado su derecho a la vivienda, ni tampoco los vecinos de la Cañada Real, es imposible negar que el problema de la vivienda es más central que nunca en nuestro país. Todo ello sin olvidar que la crisis de la vivienda no es solo una crisis social, sino también climática que necesita rehabilitar un parque envejecido e ineficiente energéticamente hablando.
Por eso, ya es hora de garantizar realmente, con inversión pública suficiente, un verdadero parque de vivienda público y social en alquiler. Y para que deje de sonar a una especie de “propósito de año nuevo” o manida retahíla, debe ir acompañado de un aumento presupuestario fuerte. Empezar por destinar el 1% del PIB sería una buena manera de demostrar que, esta vez, vamos en serio y con la determinación de aprobar la asignatura en junio.
Leía el otro día en una interesante columna de opinión de Irene Vallejo en El País que decía que ya en el siglo II antes de Cristo se sucedían los problemas de hacinamiento y convivencia como consecuencia de que los inquilinos de las viviendas de la Roma clásica no podían pagar los elevados precios de los alquileres. Y escribía Vallejo que “hoy como entonces, vivir bajo techo se ha convertido en una lucha cotidiana. Una sociedad sana debe ofrecer cobijo digno y asequible a todos”. Pues eso.