Tengo la sensación de que nuestra democracia pasa por horas bajas. Muchos expertos sostienen que se trata de una epidemia generalizada en la mayor parte de los sistemas democráticos actuales. Es posible que sea cierto pero el diagnóstico no alivia, ni mucho menos, nuestra preocupación. Los organismos como los cuerpos sociales reaccionan de distinta manera ante los posibles tratamientos de sus males. Como sucede con las enfermedades, no todas las personas responden de igual manera ante los antibióticos. Por eso me centro exclusivamente en lo que considero una cierta degradación de los principios constitucionales que informan nuestro sistema.
Me intranquiliza especialmente la devaluación del valor superior que representa el pluralismo político. No hemos sabido asimilar su importancia para la convivencia entre las distintas tendencias ideológicas. En estos momentos, por una crisis que espero sea pasajera, se demoniza e incluso amenaza, a formaciones políticas como el Partido Nacionalista Vasco, la antigua Convergencia i Unió, incluyendo en el paquete a Esquerra Republicana, que sirvió para sustentar el tripartito que gobernó la Generalitat pero ahora se la excluye por su ideología independentista, ignorando que es un partido de izquierda y progresista.
Las conversaciones para conseguir la investidura han llegado a un punto surrealista. Al día de hoy estamos asistiendo a una especie de partido de tenis que ha llegado al tie break. Nuestro sistema electoral ha funcionado como una máquina tragaperras en la que los ciudadanos depositábamos nuestra monedas a través de las ranuras de las urnas para después ser administradas, en interés propio, por los partidos que se habían visto beneficiados con una mayor cantidad de monedas.
Lo que sucede es que la máquina tragaperras no ha conseguido, en los últimos comicios, entregar el premio de la mayoría absoluta a ningún partido, por lo que ha sido necesario instaurar lo que se ha dado en denominar la cultura de pactos, a los que tan ajena es la política española, tanto por inexperiencia como por temperamento. Parece que 20 de los 28 países que componen la Unión Europea están gobernados por coaliciones. Dinamarca ha jugado el papel determinante para poner freno a la llegada de una nueva extrema derecha que, si resultara hegemónica, no acabaría con Europa sino que la convertiría en un IV Reich de dimensiones aterradoras.
Una vez que se ha terminado el recuento de las últimas elecciones, las maquinarias de los partidos se han puesto a buscar fórmulas para gobernar. No han tenido ningún problema en los escalones inferiores en los que se divide el poder estatal: en las autonomías y en los ayuntamientos. Ante la necesidad de pactos, vemos que surgen líneas rojas, cordones sanitarios y, lo que es más preocupante, vetos difíciles de asimilar por una sociedad democrática con una cierta madurez.
El último episodio lo protagonizan, con diferentes responsabilidades, los negociadores del Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos. La derecha, que tienen más anchas tragaderas, no ha tenido ningún inconveniente en aliarse con VOX e incluso aceptar alguno de sus postulados. El PSOE y el presidente Pedro Sánchez han mantenido una postura pública, por lo menos, desconcertante. Primero no dudaron en proclamar que su socio preferente era Unidas Podemos. Más tarde no descartaron un Gobierno monocolor con ayuda parlamentaria y, sobre todo, con la abstención de Ciudadanos, manejando el miedo a la extrema derecha. Lo del centro derecha, en nuestro país, es una broma que solo digieren los que siguen creyendo en los Reyes Magos.
En este escenario, a nadie puede extrañar que los principales medios de comunicación iniciaran una ofensiva, no se sí concertada deliberadamente pero exteriorizada de forma clara y sin tapujos, para convencer a Ciudadanos, partido que se dice de centro liberal, para que formase una coalición a la alemana que pudiese mitigar los peligros o los excesos izquierdistas, progresistas o de solidaridad, que habían llevado a Pedro Sánchez primero a la Secretaría General del PSOE y después a ser el partido más votado.
Cuando se comprueba las dificultades de esta maniobra, los partidos nacionalistas exponen sus cautelas, ante una derecha ideológicamente más cercana a sus postulados, pero en las antípodas de sus aspiraciones independentistas. La derecha, anclada en el españolismo más rancio, considera una sacrilegio admitir, aunque sea con matizaciones, que las pretensiones de independencia, en mayor o menor grado, caben perfectamente dentro de de una Constitución elástica, sin corsés ni rigideces.
En este momento es cuando aparece el veto sorprendente, por sus argumentos, al secretario general de un partido que, hasta momento, parece ser que sigue siendo el socio prioritario. Los razonamientos para el veto han seguido una escala gradual, enmascarada en frases ambiguas hasta que, por fin y esto es de agradecer, se concreta en una descarnada manifestación. El problema es que el señor Iglesias entre a formar parte del Consejo de Ministros.
¿Cuáles pueden ser las razones? Pueden ser varias, pero una de ellas me temo que nace de lo más profundo del alma humana de los políticos. En mi opinión se trata de un choque de egos o de personalidades que llevan a Pedro Sánchez a descartar la presencia de Pablo Iglesias ya que ello podría dar lugar a que su figura adquiriese una mayor relevancia pública. Si sólo se trata de esto estamos una vez más ante la demostración de la falta de madurez de nuestra política.
Si tornamos la vista a Alemania podemos contemplar como un ministro de una personalidad arrolladora y de proyección internacional, como Joschka Fischer pudo convivir sin mayores problemas con el canciller Gerhard Schröder. En Italia, el peligroso demagogo, Mateo Salvini, vicepresidente y ministro del Interior ha eclipsado al presidente del Consejo de Ministros, Giuseppe Conte. Para no seguir con más ejemplos, volvamos la vista hacia el Reino Unido, donde la personalidad de Boris Johnson ha anulado, hasta llevarla a la dimisión, a la Primera Ministra Theresa May. Me pregunto por qué aquí no podemos admitir que esto suceda sin que ello sirva de quebranto sino por el contrario de fortalecimiento y madurez de nuestra democracia.
Ante la ocultación o negación de este motivo, el resto de los argumentos me parecen débiles e incluso vergonzosos. Según las tres últimas entrevistas concedidas de manera inmediata y en un tiempo récord a Telecinco, la SER y Al Rojo Vivo, el presidente Sánchez ha manifestado que el problema consiste en su diferente visión sobre la cuestión catalana. Que yo sepa, el secretario general de Unidas Podemos, nunca ha dicho que sea partidario de la independencia unilateral de Cataluña. Han criticado la utilización del derecho penal, en niveles imposibles de superar, para castigar a unos políticos que iniciaron una hoja de ruta publicada y expuesta a sus electores, que además están sufriendo una prisión preventiva que ha sido declarada arbitraria por dos informes de Naciones Unidas.
Parece, a primera vista, que la crítica se personaliza en Pablo Iglesias. Ahora bien, el presidente del Gobierno no puede exigir que los futuros miembros del Gabinete de coalición tengan que jurar, como en Santa Gadea, que ellos nunca llamarán presos políticos a unas personas que están encarcelados por desarrollar una actividad política.
Incuestionablemente, España es una democracia con división de poderes pero, precisamente por ello, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial pueden ser criticados y cometer errores que causen un gran perjuicio a la convivencia. El Legislativo puede elaborar leyes anticonstitucionales o limitadoras de derechos (Ley Mordaza), el Ejecutivo acordar Decretos Leyes, nefastos para los intereses generales y los jueces, que integran el Poder Judicial, dictar sentencias difícilmente asimilables por la opinión pública.
No se me ocurren más argumentos para poner esa barrera sanitaria al secretario general de Unidas Podemos. Realizaré un último intento, a lo mejor la idea no procede directamente del presidente del Gobierno, sino de altas Instituciones del Estado y de los poderes financieros económicos que han alentado la campaña de promoción del Pacto PSOE-Ciudadanos para evitar las políticas económicas y sobre todo fiscales que pueda hacer de un gobierno de coalición, entre un PSOE en la línea que llevó a Pedro Sánchez a la secretaría general y los postulados de Unidas Podemos. ¿Alguien se atreve a descartar tajantemente esta posibilidad?
Se ha conseguido apartar al secretario general de Unidas Podemos por ser una persona peligrosa para el sistema. Los poderes financieros y económicos, no dudan en tachar de antisistema a todos los que propugnan una política económica diferente a sus exigencias y egoísmos neoliberales. Si son sinceros deberían decir que los que sostienen políticas de solidaridad no son unos réprobos sino enemigos de “mi sistema”, que es otra cosa distinta, y por supuesto, al margen de los principios y valores de un Estado social y democrático de Derecho.
Fuera caretas, hemos llegado al tie break. La pelota sólo puede caer a uno u otro lado de la red que separa a los contendientes. Espero y deseo que sea el de un gobierno de coalición, con una política de progreso social y solidaridad, tal como exige nuestra Constitución.