Las comparaciones son odiosas. Pero lo son más cuando estas nos llevan a conclusiones tan dispares en casos con ciertas similitudes. Rusia y Arabia Saudí son sin lugar a duda dos potencias, cada una por diferentes razones, que basan buena parte de su poder en su estructura militar y en la acción de sus ejércitos en intervenciones militares fuera de sus fronteras. Ambos regímenes salen igual de mal parados en el índice de democracia de The Economist, donde suspenden con rotundidad, lo que indica un evidente carácter autoritario de sus gobiernos. Aparentemente, tanto Rusia como Arabia Saudí debieran ser parias en lo que a apoyo político-militar se refiere por parte de las democracias europeas, ya que su, sobre el papel, exigente legislación con respecto a la exportación de armas no permite que estas se produzcan a países en conflicto armado, donde se vulneren los derechos humanos y, por supuesto, donde se vulnere el Derecho Internacional Humanitario (DIH). El resultado no puede ser más dispar. La UE mantiene un embargo de armas a Rusia desde su ocupación de Crimea en 2014, mientras ha exportado según los datos parciales facilitados por la propia UE, más de 10 mil millones en armamento a Arabia Saudí desde el inicio de la guerra en Yemen.
Es cuanto menos desesperanzador que datos e informaciones similares produzcan un efecto contrario no solo en nuestros gobernantes, sino en la población en general. Con respecto a las atrocidades que comete el ejército ruso en Ucrania sabemos a ciencia cierta lo que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), documenta en un informe del pasado 13 de abril. En él da buena cuenta de las violaciones del derecho internacional humanitario, crímenes de guerras y crímenes contra la humanidad de uno y otro bando, aunque deja patente que las violaciones del DIH cometidas por el ejército ruso son mayores en naturaleza y escala. En él aparecen los conocidos ataques del 9 y 16 de marzo que Rusia llevó a cabo en la ciudad de Mariúpol. El primero contra una maternidad de 390 camas, que causó varias muertes y personas heridas. El segundo es uno de los más tristemente célebres bombardeos de la guerra de Ucrania, realizado contra el Teatro Regional Académico de Arte Dramático de Donetsk en Mariúpol, que causó 300 muertes, según estimaciones utilizadas por la propia OSCE, de las 1200 personas que se refugiaban en el Teatro en el momento del ataque. Según el informe, ambos ataques constituyen claras violaciones del DIH y sus responsables hubieron cometido por ello crímenes de guerra. Lo ocurrido en Mariúpol es con toda probabilidad una pequeña muestra de lo que sucede en el resto del territorio ucraniano que sufre los ataques del ejército ruso.
Por lo que se refiere a Arabia Saudí, desde 2015 ya son muchos los informes que prueban las atrocidades del ejército saudí en la guerra de Yemen. El Grupo de Expertos Eminentes sobre Yemen de Naciones Unidas, Panel de Expertos en Yemen, además de varias ONG humanitarias documentan en sus informes violaciones del Derecho Internacional Humanitario de todo tipo de las que son responsables todas las partes implicadas en el conflicto armado en territorio yemení. Algunos de los casos denunciados se refieren a la aviación de Arabia Saudí que ha atacado varios hospitales de Médicos Sin Fronteras de manera intencionada. Y escuelas, como demuestra Mwatana for Human Rights, que afirma que, entre 2015 y 2019, impactaron en colegios 153 bombardeos. Se señala que los ataques de la coalición liderada por Arabia Saudí y EAU pueden ser responsables de la muerte de al menos 3.827 civiles. Según los Naciones Unidas y varias ONG independientes estos ataques son contrarios a derecho y pueden ser considerados crímenes de guerra.
La reacción de buena parte de la Comunidad Internacional contra la invasión rusa de Ucrania ha sido contundente. El rechazo a la violencia del ejército ruso es claro y contundente desde que ocupó militarmente Crimea. Las sanciones económicas a su gobierno han alcanzado niveles que ponen coto a las actividades económicas de Putin y sus oligarcas, el boicot a la economía rusa llevará a una alta inflación, una contracción considerable del PIB y a un aumento del desempleo, que con toda probabilidad pondrá en apuros el régimen de Putin. Sin embargo, la reacción de la Comunidad Internacional con respecto a Arabia Saudí (y sus aliados en la Coalición internacional que participa en la guerra de Yemen) no se puede calificar ni siquiera de tibia, sino que, sobre todo en el caso español, más bien pudiera afirmarse que ha sido entusiasta en su apoyo al régimen saudí. El gobierno español promueve e impulsa acuerdos económicos de gran calado, como el célebre tren de alta velocidad entre Medina y la Meca, inicio de una relación reforzada y ampliada al ámbito militar. Esta fue materializada en abril de 2018 cuando el príncipe Mohamed Bin Salmán realizó una visita oficial a España para mejorar las relaciones entre los dos países “amigos” y desarrollar áreas de cooperación, con la constitución de la empresa conjunta entre Navantia y Saudi Arabian Military Industries (SAMI) para la construcción de cinco corbetas para la armada saudí por un importe de 1.800 millones de €, de las que se ha entregado recientemente la primera.
El trato diferenciado entre España (y los países de nuestro entorno) con dos regímenes similares en lo político, acusados de vulneraciones de derechos humanos y cuyos ejércitos son sospechosos de cometer crímenes de guerra, solo puede ser explicado por la no por triste menos ruin lógica del doble rasero. Doble rasero político en el que millonarios contratos para algunas empresas nacionales, ayudan a hacer la vista gorda con el evidente autoritarismo del gobierno saudí. Y doble rasero cultural, producto de un racismo latente por el cual las víctimas de la guerra de Ucrania, de cabello rubio y ojos azules, piel blanca y religión cristiana, despiertan una solidaridad inexistente con el pueblo yemení, masacrado impunemente muy probablemente con armas fabricadas en Europa y también en España.
A pesar de todo, esta realidad no es inamovible y las cosas pueden cambiar si desde la sociedad civil perseveramos en poner por encima de infames intereses económicos o de otro calado el respecto a los derechos humanos, la paz y, sobre todo, el respeto y protección de las personas más vulnerables en las guerras, la población civil. Un primer paso es identificar a los responsables de todo esto y obligarles a rendir cuentas en los tribunales por sus presuntas complicidades en la comisión de crímenes de guerra. Es lo que pretende hacer el informe que hoy presentan las ONG Centro Delàs de Estudios por la Paz, Amnistía Internacional y European Center for Constitutional and Human Rights en el que se denuncian las exportaciones de armas españolas que presuntamente han sido utilizadas para cometer crímenes internacionales en la guerra de Yemen y donde se señala la responsabilidad penal de quienes han tomado la decisión de vender armas a un ejército, el saudí, que no difiere en lo esencial del ruso.