La polvareda levantada en medios de comunicación y redes sociales por la marcha a Andorra de algunos youtubers millonarios para ahorrarse impuestos reproduce polémicas similares de hace años protagonizadas por célebres cantantes, actores y deportistas. La desalentadora novedad es la juventud de quienes desprecian la contribución al sostenimiento de los gastos comunes pero los argumentos de unos y otros son idénticos.
Con la mejor de las intenciones, a menudo se cae en el error de intentar contrarrestar semejante muestra de incivismo apelando a la conciencia ética de quien la comete, algo tan estéril como llamar a la compasión de quien estrangula a un gato. Lo hacen porque pueden hacerlo, y nuestra desgracia radica en padecer un sistema tributario que abre gigantescas ventanas de huida a quienes son lo bastante ricos como para comprarlas y gozan de unas fuentes de renta que pueden trasladar de un lugar a otro con facilidad.
Porque quien establezca un negocio de venta de flores en Madrid no podrá viajar todos los días de Andorra a su lugar de trabajo y deberá correr, quiéralo o no, con los costes fiscales correspondientes, mientras que al youtuber tanto le da emitir desde Madrid que desde Andorra que desde Singapur. De modo que la particular forma de obtener sus rentas ofrece al segundo una posibilidad de reducir el pago de impuestos que no se encuentra al alcance del primero. Y el debate ciudadano no ha de ser, en consecuencia, sobre la moralidad individual de quien ya ofrece sobradas pruebas de carecer por completo de ella, sino acerca de si es justo un sistema que así permite convertir en la práctica en papel mojado los principios de igualdad, capacidad económica y progresividad al contribuir.
Andorra logró en 2018 salir del listado oficial de paraísos fiscales de la OCDE y la Unión Europea tras la derogación de algunas bonificaciones en el Impuesto sobre Sociedades, el abandono del secreto bancario y la suscripción de acuerdos de intercambio de información con medio centenar de países. Sin embargo, es evidente que continúa con agresivas prácticas de competencia fiscal que perjudican gravemente a sus vecinos, en especial a Francia y España, tanto por lo que se refiere a sus bajos tipos impositivos como por las facilidades que ofrece para atraerse a grandes fortunas. Y puede hacerlo por ubicarse entre economías desarrolladas que quebrarían si rebajaran sus ingresos fiscales tanto como para ser competitivas con el Principado y que, a pesar de ello, son las que generan el mayor volumen de rentas de los millonarios a los que el Principado acoge.
La pretensión de aquellos que sugieren que se rebajen los tipos impositivos para que no se nos fuguen los millonarios resulta particularmente desvergonzada, porque al final vendría a suponer que los pobres se han de conformar con los tributos que la ley disponga y los ricos podrán pagar los que les den la real gana so pena de marcharse de lo contrario. Pues ¿hasta dónde hemos de reducir los impuestos a los millonarios para que tengan a bien seguir entre nosotros?, ¿hasta el 30%? ¿Y por qué iban a aceptarlo? El 30% es mucho más que el 10%. Como lo es el 20%. Si me apuran, ¿por qué no iban a exigir al Estado que les mejorase la oferta de Andorra? Aceptada la posibilidad de chantajear a un país entero, ¿quién pone el límite y dónde se sitúa?
Pero además se incurre en una falacia usual en economía que se conoce como falacia de la composición y que consiste en inferir que algo es verdadero para un conjunto sólo porque lo es para una o varias de sus partes. Es más fácil entenderlo imaginándose el patio de butacas de un teatro en medio de una representación, con todos los espectadores sentados. Si uno de los espectadores se pone en pie, podrá ver mejor el escenario aunque obstruya la visión de los que se sientan tras él. Pero, si se ponen en pie todos los espectadores al mismo tiempo, nadie mejorará su perspectiva. Luego, lo que es cierto para uno no lo es para todos.
Aplicado a la competencia fiscal, comprenderemos que Andorra puede lucrarse atrayendo fortunas con impuestos bajos porque los de los países vecinos son más elevados. Si éstos redujeran sus tipos al nivel de Andorra, el Principado sólo podría mantener su fuerza de atracción reduciéndolos aún más, y si los países vecinos volvieran a bajarlos, se entraría en una competición insostenible que más pronto que tarde haría colapsar las economías de todos. En realidad, los gobiernos y las élites económicas saben que es inviable generalizar las prácticas fiscales de Andorra, Luxemburgo, Países Bajos o Irlanda. Pero, dentro de unos márgenes y salvando ocasionales tensiones, son lo bastante permisivos como para que subsistan porque proporcionan refugio a grandes empresas y fortunas y excusa para reducciones fiscales periódicas. La perjudicada es la mayoría de la población, que carece de vías de elusión del fisco y sufre el deterioro creciente de bienes y servicios públicos.
En resumen, quienes más pierden por la marcha de youtubers a Andorra son los millones de seguidores que hacen que aquellos ganen millones de euros. Así es la vida.
La forma en que el sistema tributario nos asegura disfrutar de derechos elementales es más concreta de lo que se piensa. A principios del año pasado, la Asociación Española Contra el Cáncer publicó un estudio que determinaba que el coste medio del tratamiento de un enfermo de cáncer rondaba los 90.000 euros, corriendo la sanidad pública con la financiación de todo el tratamiento médico sin copagos, en torno a un 55% de esa cuantía, y siendo el resto gastos que soportan los pacientes y sus familias. En un país en el que el salario medio –no ya el más frecuente, que es inferior- no excede de los 24.000 euros brutos anuales, ¿se imaginan cuántos años de ahorro de todos sus ingresos y cuántos de acumulación de toda su aportación fiscal precisaría la inmensa mayoría si careciésemos de sanidad pública?
¿Y cómo es que la sanidad pública sí puede pagarlo? Por dos razones que hallaremos en el artículo 31 de la Constitución: porque todos, enfermemos o no de cáncer, contribuimos con nuestros impuestos para que se trate a quien enferma y porque el sistema es progresivo, obteniendo más recursos de quien más gana y más tiene para atender las necesidades de todos. Lo que prueba que, a pesar de sus muchos defectos e injusticias, conserva una enorme capacidad, y también que aún hay recorrido para empeorar nuestras condiciones de vida si no nos andamos con cuidado.
Los youtubers millonarios, como tantos antes que ellos, podrán presumir de ganar lo suficiente como para pagarse en el mercado privado cuantos servicios pueda prestarles el Estado. Aparte de que el sector público aporta a la economía mucho más que servicios, deberían meditar acerca del hecho incontrovertible de que ninguna fortuna particular cabe al margen de la sociedad en la que se da. Ni ellos ni nadie somos nada sin la comunidad en la que vivimos. En el fondo, los impuestos únicamente palian una distribución profundamente injusta de la riqueza que ni mucho menos se corresponde con la contribución del trabajo de cada quien a la sociedad.
Pero la reflexión que más importa es la del conjunto de la ciudadanía, en especial de los miles de jóvenes que los siguen. Recuerden la falacia de la composición: sólo unos pocos pueden ser millonarios, y el precio de justificar la huida del fisco de esos pocos podría ser un futuro incierto de precariedad para el resto.