Seguro que si ahora mismo inicio diciendo que muchas mujeres en España no tienen derecho al aborto, van a pensar que estoy equivocada y me dirán que hace poco se emitió una reforma de la “ley del aborto” que lo hace universal. Y lo de la ley y sus reformas es verdad; sin embargo, eso no desvirtúa lo que he dicho. Aunque pensemos que el derecho al aborto en España es una realidad y que quienes estén frente a un embarazo no deseado pueden interrumpirlo legal y gratuitamente con apoyo del Estado; la verdad es que eso no es así para todas.
Las mujeres migrantes en España vienen desde hace años lidiando con el hecho de que las barreras burocráticas les impidan materializar su derecho a la salud en general y sus derechos sexuales y reproductivos en particular. Ya en otras ocasiones les he hablado sobre los obstáculos que viven las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo embarazadas para acceder a la asistencia sanitaria. Pues bien, esos obstáculos persisten y son incluso peores para quienes necesitan practicarse un aborto, pues detrás de las barreras burocráticas a menudo existen prejuicios morales y religiosos de funcionarios/as del sistema sanitario que se oponen.
Es verdad que la legislación sanitaria en España señala que en principio el acceso es universal; sin embargo también señala que solo podrán recibir asistencia sanitaria las personas que demuestren llevar más de 90 días residiendo en el país (por aquello de que no sean turistas). Esto se ha interpretado de la forma más restrictiva posible para negar insistentemente el derecho a la salud a las personas migrantes, para quienes en muchas ocasiones aportar un padrón es casi imposible; ya sabemos lo problemática que es actualmente la situación de la vivienda para las personas nacionales, ahora imaginen lo que puede ser para las personas migrantes. Pero es una restricción que incluso se usa en contra de quienes llegan solicitando asilo; es decir, para quienes ingresan al país buscando protección del Estado y aun así, les imponen las mismas exigencias de tiempo, del padrón y, además, deben lidiar con que la Administración no les dé citas para renovar documentación y por esos documentos caducados también les niegan la asistencia sanitaria.
Las mujeres migrantes en situación irregular que desean interrumpir su embarazo ven por descontada una doble afectación a su salud mental. No solo deben cargar con su angustia personal sino además con la que la institucionalidad le impone. La única opción que les queda ahora mismo son las redes que han ido construyendo, la autogestión, el intentar resolverlo como buenamente puedan de tal forma que sea de la manera más segura posible. Y quienes aún no llegan a esas redes y no conocen a nadie, pues están en el abandono absoluto. Que esto ocurra es injusto, discriminatorio e ilegal. No existe motivo alguno que justifique de manera medianamente racional este tipo de restricciones que exponen seriamente la salud y la vida de las mujeres migrantes, sin que pase por una abierta vulneración de sus derechos humanos.
Imaginen ahora esa situación de angustia junto al hecho de haber vivido una violación. Hace unos días, una amiga que trabaja en una ONG, me contaba todas las peripecias que tuvo que vivir acompañando en la solicitud de un aborto a una mujer latina solicitante de asilo que había sido víctima de violencia sexual a los pocos días de llegar a España. En el centro de salud no le querían dar fecha para la práctica del procedimiento argumentando que aún le quedaba mucho para cumplir el plazo máximo de 14 semanas, que volviera después. De no ser porque mi amiga conocía el funcionamiento burocrático y estaba respaldada por su cargo en esa ONG, esa mujer no habría podido acceder al aborto. Un embarazo forzado, un auténtico mecanismo de tortura absoluto derivado de una violación, una realidad silenciada y que viven muchas mujeres migrantes.
El pasado miércoles 28 de septiembre fue el día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro y en diversos países las mujeres se movilizaron por esta causa. En España también se manifestaron las mujeres migrantes antirracistas; en Madrid, por ejemplo, convocaron y se sumaron a esta fecha, reivindicando su derecho a un “aborto antirracista”, en su comunicado 'Panchitas y Moras insumisas', declaran que son mujeres excluidas en un sistema que es racista, en el que solo importan los derechos de las personas nacionales o con NIE y en el que los lazos de sororidad no son los mismos en el interior del feminismo blanco que cuando se trata de mujeres sin papeles para que puedan abortar. “Nosotras somos las mujeres que tenemos que abortar escondidas en la noche, porque somos internas; las que tenemos que trabajar al siguiente día de abortar porque si no, nos echan sin ninguna contemplación; las que abortamos en habitaciones compartidas en soledad; somos las madres que queremos tener hijes por decisión y no por imposición”.
Y es que mientras unas se manifiestan para que su derecho al aborto sea blindado y ninguna fuerza política o judicial se lo arrebate, otras lo hacen para que apenas se lo reconozcan. Para que el derecho al aborto sea realmente universal, debe ser accesible para todas, indistintamente del lugar de origen o el color de piel. Los derechos no pueden ser privilegios para unas y clandestinidad y peligro para otras.