La derecha política y mediática dice estar escandalizada ante la inminente formación de un Gobierno que al parecer se va a arrodillar ante los independentistas catalanes. Da la sensación de que esta actitud no es más que una sobrerrepresentación, que esconde simplemente su deseo de lastrar la puesta en marcha de un Gobierno progresista. Ha llegado el momento de que este interrogante se resuelva y sepamos con certeza qué preocupa más al PP y a Ciudadanos, si preservar la unidad de España o perjudicar hasta donde sea posible a la mayoría progresista que salió de las urnas el 10 de noviembre.
Pedro Sánchez se encuentra por fin con Pablo Casado e Inés Arrimadas. El líder socialista está convencido de la inutilidad de pedirles colaboración alguna para sacar adelante el Gobierno de coalición progresista con Unidas Podemos. En persona, no ha habido reuniones entre ellos, aunque no han parado de discrepar a través de los medios de comunicación desde la misma noche electoral. Ahora toca tomar decisiones, que cada uno se retrate y fije su posición. Lo que opten por hacer marcará su discurso el resto de la legislatura.
PP y Ciudadanos insisten día tras día en que no se les puede pedir que ayuden al desbloqueo político, si Pedro Sánchez quiere gobernar “con aquellos que pretenden destruir España”. Con esta idea, tan dramática como genérica, agrupan a todos aquellos que parecen dispuestos a colaborar en el gobierno, empezando por UP y acabando con los partidos independentistas. En esta descalificación global, han llegado a incluir a partidos como Compromís o Teruel Existe, a los que acusan de compartir una idea de España desestructurada y desunida.
La clave de la desavenencia se centra sin duda en la negociación abierta con ERC. El PSOE puede llegar a sumar hasta 169 votos a favor junto a los partidos que ya han manifestado su voluntad de apoyar. Necesitaría 13 abstenciones para garantizarse que los votos en contra nunca superarán la cifra de 168. Casualmente, son 13 los diputados con los que cuenta en el parlamento el partido dirigido por Oriol Junqueras, condenado a prisión tras el juicio del procés. La negociación entre PSOE y ERC parece ir por buen camino, aunque con un elevado riesgo de fracaso final. En cualquier caso, despierta una enorme desconfianza entre los líderes de la derecha. En ese colectivo cabe incluir a algunos barones del PSOE, como Page y Lambán, que defienden sus principios ideológicos con un peculiar y desconcertante concepto de la lealtad y de la vaselina.
El argumento contra la negociación tiene una parte razonable. El PSOE, en el actual panorama, necesita las 13 abstenciones de ERC para poder gobernar España. Por lo que dicen los propios dirigentes republicanos, sus exigencias a cambio de facilitar el Gobierno de Sánchez tienen que ver primordialmente con el conflicto en Cataluña. Preocupa que los socialistas acepten medidas que no apoyarían si ERC no tuviera la posición de fuerza que le concede la actual aritmética parlamentaria. El propio Pedro Sánchez ha reiterado que, si se llega a un acuerdo, todo se hará dentro del marco legal y sin acuerdos ocultos que sean difíciles de explicar. Sin embargo, la derecha política y mediática ha pasado de la desconfianza a la convicción absoluta de que esos pactos inconfesables y casi demoníacos ya están encima de la mesa.
El discurso de la derecha va creciendo en intensidad y extiende entre los ciudadanos una angustiosa sensación de tragedia ante el inmediato futuro. El círculo vicioso no tiene salida. Por un lado, se niega el voto favorable o la abstención a Sánchez e Iglesias y se les deja como única alternativa posible el acuerdo con el resto de los partidos. Por otro lado, si se hace efectivo ese acuerdo, se confirma, según su juicio, la voluntad de Sánchez de llevar a España a su destrucción como nación. De antemano, el PP ha declarado que no piensa abstenerse de la misma forma que el PSOE lo hizo en 2016. Ciudadanos insiste en no votar a favor del nuevo Gobierno progresista. Es decir, bloqueo garantizado.
Lo más sorprendente de todo es el desinterés absoluto que demuestran PP y Ciudadanos en salvar a España de su supuesta demolición. Si realmente ese peligro existe, derivado de la negociación con ERC, bastaría con que Pablo Casado e Inés Arrimadas acordaran ceder 13 abstenciones para que la presión de ERC desapareciera de golpe. Si de los 99 diputados que ambas formaciones suman se anunciara la abstención de 13 de ellos, todo cambiaría de golpe. Es más, todo se solucionaría instantáneamente:
1/ Con esta simbólica decisión quedaría clara su postura contraria a apoyar un Gobierno de “aquellos que quieren destruir España”.
2/ Se daría la vuelta a las negociaciones entre PSOE y ERC. A partir de ese anuncio, solo se hablaría en las reuniones de cómo buscar soluciones de consenso al problema catalán, sin mezclarlo con la urgencia de resolver el Gobierno de Madrid.
3/ Finalmente, quedaría claro, por encima de cualquier duda, que la prioridad de PP y Ciudadanos es la de salvar a España de cualquier amenaza de desunión por encima de otros intereses. Si no lo hacen, quedaría más que probado que todo lo que puedan decir no son más que excusas para revelar su auténtico único objetivo: hacer la vida imposible a un Gobierno progresista.