Algunos de los nuevos gobiernos del cambio de comunidades autónomas, como el valenciano o el balear, están dando respuesta a la falta de atención sanitaria de las personas excluidas de la misma. La reacción del Gobierno de Mariano Rajoy ha sido contundente: amenazas y supuestas multas de la Unión Europea… por las “consecuencias catastróficas” que puede tener esa decisión.
El Partido Popular, una vez más, ha recurrido a la desinformación para culpar a las CCAA que han tratado de solventar la exclusión sanitaria de más de 800.000 personas que ocasionó la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012. La misma norma que implantó el copago a los y las pensionistas, entre otras agresiones a la equidad en el acceso y el ejercicio del derecho a la atención sanitaria.
El Secretario General de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Rubén Moreno, ignora las denuncias que desde organismos de Derechos Humanos de la ONU, la Unión Europea o Amnistía Internacional ha recibido su creación de un apartheid sanitario. También parece que ignora el gobierno del PP a los miles de profesionales sanitarios que a lo largo y ancho de todo el territorio del Estado objetamos ante una ley que iba en contra de nuestra ética. Así quedó registrado en los correspondientes colegios profesionales. Y, por último, parece que olvida al Tribunal Constitucional cuando les reconoció a los gobiernos autonómicos la potestad que tenían en esta materia; decisión que había sido recurrida por el propio Gobierno.
Asustar en el Congreso de los Diputados de las “consecuencias catastróficas” de la universalización de la tarjeta sanitaria evidencia las prioridades del Gobierno. Además resulta chocante su desconocimiento de las cuantías económicas que conlleva en los presupuestos el ampliar la cobertura a estas personas, dado que su impacto es mínimo.
En los últimos años, el Gobierno de Mariano Rajoy ha recortado la inversión en sanidad en más de 10.000 millones de euros. Al mismo tiempo rescataba bancos con un gasto de alrededor de 120.000 millones y modificaba, junto al PSOE, el artículo 135 de la constitución para poner el pago de la deuda por delante del derecho a la salud o a la educación.
Por eso no extraña, pero abochorna, que el PP recurra a las amenazas a los nuevos gobiernos autonómicos del cambio, cuando garantizar el derecho de todo ser humano a la protección sanitaria es algo que demandan amplios sectores de la ciudadanía.
Rubén Moreno parece olvidar que fue precisamente su jefe, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, quien anunció la entrega a los inmigrantes excluidos de una tarjeta sanitaria para ser atendidos… ¡Claro, pero entonces estábamos en periodo electoral y en las elecciones municipales pueden votar inmigrantes!
El Gobierno del Partido Popular no siente vergüenza por construir en el Estado español un apartheid con más de 800.000 personas excluidas de la atención sanitaria, lo que constituye un verdadero problema de salud pública. No parece darle ninguna importancia al hecho de que como consecuencia del Real Decreto Ley 16/2012 se hayan constatado al menos tres muertes, ni que la salud de miles de personas se haya deteriorado por no poder acceder al seguimiento de sus patologías. Tampoco que ahora las y los enfermos con menos ingresos, también ciudadanos y ciudadanas españolas, no puedan costearse la medicación.
Mariano Rajoy quiere utilizar el miedo como herramienta para maniatar a los nuevos gobiernos del cambio. Tener un Gobierno que pretende convertir en una amenaza la aplicación de derechos fundamentales de cualquier ser humano ya ha tenido bastantes “consecuencias catastróficas”. Tratándose de un periodo electoral para Cataluña y prelectoral para las próximas elecciones generales, resulta cruel jugar con el miedo a la enfermedad y a la falta de atención sanitaria de miles de personas a cambio de rascar unos votos que se activan por resortes próximos a la xenofobia. Una evidencia más de que los intereses de su partido están por encima del bienestar colectivo.