Cuando se despenalizó la cirugía de reasignación de sexo en 1982 era difícil imaginar lo que los 35 años siguientes iban a deparar a las personas transexuales. Más allá de su legítimo sueño de poder ser sin pasar por la cárcel, sufrir torturas y ver peligrar su propia vida, aquellos mal llamados ‘gais afeminados’ y ‘travestís’ ni sospechaban que, poco a poco (quizá demasiado lentamente), se iban a ir borrando las huellas de una persecución institucional hasta prácticamente el olvido. Sin embargo, veinte años después del primer gran avance en el reconocimiento de una mínima parte de sus derechos en la ley de 2007, la patologización, discriminación y violencia hacia las personas trans siguen siendo amparadas por cambios legales que no llegan. Las creencias religiosas de una minoría y el oportunismo político para colgarse medallas tienen demasiado peso en la actividad legislativa, aunque ello puede suponer seguir permitiendo que se vulneren sistemáticamente derechos fundamentales como la integridad, a la intimidad y a la vida.
La aclamada ley socialista de 2007 supuso, sin duda, un gran avance al reconocer legalmente el cambio registral del nombre y el sexo de las personas transexuales. Sin embargo, empieza a sonar a leyenda por lo mucho que cuesta materializar otros cambios legales más integrales y profundos que no vengan de la bancada socialista.
Veinte años llevan vigentes los condicionamientos al reconocimiento legal de la identidad sentida al sometimiento de diferentes tratamientos médicos durante un periodo de tiempo de dos años. Por un lado, al tratamiento hormonal (si no se quería pasar por el quirúrgico) y por otro, a un tratamiento psiquiátrico que viene a identificar la transexualidad como un trastorno mental. A diferencia de los avances que se vienen dando en Europa, en España seguimos obligando a una persona trans a someterse a criterios y pautas patologizantes. Eso atenta contra su integridad.
Ahora se abre el debate. El Congreso posiblemente votará a favor de hablar de si procede reformar los requisitos que impone la Ley 3/2007. No puedo evitar que me suene a circunloquio el título de lo que el PSOE ha presentado en la sesión de este martes: “Toma en consideración del proyecto de Ley para la reforma de la Ley 3/2007”. Sobre todo, cuando está en trámite un proyecto de ley integral que recoge esta modificación y una batería de medidas que combatirían de manera efectiva la transfobia. Porque son muchos los problemas a los que se enfrentan las personas trans ante la falta de tratamiento integral de su realidad, como, por ejemplo, el actual desabastecimiento de hormonas durante el tránsito y las malas práxis de la sanidad pública en las cirugías de reasignación.
Es muy importante esta reforma, por supuesto, pero esta no puede servir de cortina de humo hacia la Ley LGBTI que ha presentado Podemos con un amplio apoyo de los colectivos que defienden la diversidad sexual. De ser así, de seguir apoyando el PSOE el bloqueo que está haciendo el PP de esta ley en la Comisión correspondiente, estaríamos ante la instrumentalización de los derechos de todo un colectivo por parte de uno de los mejores aliados que hemos tenido hasta el momento las personas LGBTI.
También servirá el debate y la consiguiente reforma para poner en su lugar a quienes usan la retórica del odio para menoscabar el valor de la diversidad sexual. Retórica que utilizan en tono victimista los obispos y la ultra conservadora Hazte Oír cuando señalan que las legislaciones que promueven el respeto y protección de la diversidad sexual son una mordaza a su libertad de pensamiento y otras visiones del ser humano.
Precisamente, una de las fundadoras de la imaginaria ideología de género que supuestamente está detrás del reconocimiento de los derechos LGBTI, Judith Butler, recientemente recordó que “la libertad no es, y nunca será, la libertad de hacer daño. Si una acción libre hiere a otra persona o la priva de libertad, entonces el primer acto no puede considerarse libre; se convierte en una acción perjudicial”.
Y es que ni la libertad de pensamiento de unos ni la necesidad de colgarse medallas de otros es suficiente argumento cuando está en juego el acceso a derechos y la protección de la integridad personal. En todo caso, sea bienvenida la despatologizacion… cuando llegue claro, que pasar pasar todavía no ha pasado nada.