En los últimos años ha surgido en el debate público internacional un interés notable por el tema de los bienes comunes como formas no convencionales de regulación y gestión de la propiedad de los recursos socioeconómicos. Este interés sobrepasa con mucho el ámbito estrictamente académico para entrar en el vocabulario de los movimientos sociales actuales. Se ha introducido el discurso de lo común -en todas sus dimensiones (cívicas, económicas, sociales, antropológicas, etc.)- en el proceso de construcción de unas nuevas identidades reivindicativas que se conecten con transformaciones profundas del mismo concepto de ciudadanía.
Los movimientos indignados han rescatado el discurso de lo común, tratando de encontrar un espacio entre el omnipresente y omnipotente avance de la privatización mercantil global en el ciclo histórico neoliberal y un sector público percibido como burocratizado y distante, cada vez más dependiente de los grandes poderes financieros y gobernado por políticos y técnicos absolutamente sumisos a los dictados de esos poderes mercantiles, presentados como inapelables y máximamente racionalizados.
Pero no sólo en la protesta ha tenido un sitio importante la apelación al procomún y los bienes comunes. Muchas prácticas sociales han recurrido a formas de supervivencia y gestión de sus recursos así como a la creación de espacios de intercambio, que se basan en una filosofía económica popular muy alejada de la de la privatización mercantil al uso y abuso o de la de la formación de bienes públicos estatales: consumos colaborativos, recursos informáticos y contenidos de uso no privativo, formas de intercambio no monetario local y vecinal, usos comunitarios y no mercantiles del territorio y la naturaleza, bancos de tiempo, monedas virtuales o populares, fórmulas avanzadas de crowdfunding y micromecenazgo, nuevas cooperativas de producción y consumo de alimentos y bienes de proximidad, etc.
De esta forma, hemos venido conociendo un buen número de experiencias que, protagonizadas por comunidades ciudadanas activadas, tratan de diseñar vínculos que, como el añorado David Anisi sugirió en su día, no están vinculados fundamentalmente por los precios o por las normas derivadas de la burocracia estatal, sino por los valores de las comunidades reales que se empeñan en resolver colectivamente sus problemas y organizar sus recursos. Es la solución colaborativa de la gente corriente para sus problemas cotidianos, que no pasa por la entrega de su soberanía ni al mercado ni al Estado.
Además, no son pocos los hitos intelectuales que han legitimado el uso del concepto de lo común como forma cooperativa y activa de generación y gestión de recursos. La economía académica ha dado la figura de la Premio Nobel Elinor Ostrom y sus tesis sobre el gobierno racional y plausible de las unidades económicas comunes, demostrando analíticamente la posibilidad de su gestión, frente a la tesis tradicional, extrapolada del clásico trabajo de Garrett Hardin. Esta tesis sobre la tragedia de los bienes comunes, tan utilizada por el neoliberalismo, es una especie de anuncio de una ley inexorable que concluye que lo que es de todos no es de nadie y por lo tanto caerá en el descuido y la ineficacia del que sólo se salvará si se vuelven a establecer derechos de propiedad (individual y privada, por supuesto) sobre los bienes públicos, o comunales.
Los historiadores, como el gran Edward Thompson o el inclasificable Karl Polanyi, nos han hecho el relato de la enorme importancia que las costumbres y modos económicos comunales han tenido en la supervivencia de la humanidad; y, paralelamente, del esfuerzo y la violencia privatista que supuso la primera acumulación histórica de capital, con resultados máximamente pauperizadores y depredadores para las masas (o sea, para “la gente común”). La filosofía política radical de Hard y Negri encuentra, derivada de la noción de lo común, una forma constituyente que, surgiendo de la resistencia, es capaz de conectarse con modos de vida que utilizan su capital intelectual para plantear mapas de necesidades (y deseos) alternativos y emancipadores. Finalmente, la antropología nos ha legado suficientes testimonios, desde Marcel Mauss a la escuela anti utilitarista actual, sobre la centralidad del don, la gratuidad y los intercambios simbólicos y reales horizontales, como para desmontar cualquier tesis sobre la pretendida esencia mercantil del ser humano y la dominación universal del homo economicus.
En todo caso, aunque con un tono que algunos han tachado de “nostálgico”, en el sentido de que vuelve a resucitar una mentalidad mítica de lo comunal precapitalista, lo cierto es que este tema ha abierto una enorme línea de pensamiento sobre cómo gestionar recursos en ámbitos donde ni la definición de derechos de propiedad privativos y excluyentes ni la estatalización clásica parecen ser ni eficientes ni equitativos: la gestión de recursos naturales, el ámbito de los cuidados, la gestión de los contenidos en las redes informáticas, la creación cultural y las formas propiedad intelectual, la producción y distribución cooperativa, etc.
Lo mismo que en los orígenes del capitalismo histórico un conjunto de cercamientos fue expropiando y convirtiendo en propiedad privada y mercantil los recursos de las comunidades locales históricas, en los últimos años, con la hegemonía neoliberal, hemos asistido a una auténtica política de cercamiento de los bienes públicos, privatizándolos y disolviéndolos en el capital financiero, a la vez que haciéndolos inasequibles para importantes sectores de unas clases medias descendentes, a las que -en una especie de analogía un tanto macabra con el período histórico de expulsión de los comunes- también se las ha expropiado de buena parte de un capital social colectivo que se había formado en la era keynesiana y en sus extensiones.
No es de extrañar, por tanto, que en las movilizaciones sociales en defensa de lo público haya aparecido un fuerte comunitarismo como reivindicación de fondo. Y así, a las demandas de mantenimiento de lo público se une una desconfianza radical de los tipos actuales de gestión (destrucción) de lo colectivo, que desemboca en una solicitud expresa de mayor participación y control en la gestión de los recursos económicos que se generan en la sociedad, porque, de hecho, su gobierno se ha hecho cada vez más opaco-privativo y apartado de la más elemental lógica democrática.
Éste es el principal interés del discurso emergente de los bienes comunes: plantea una llamada a la ciudadanía activa, al control directo por la comunidad y por colectivos de los recursos naturales y económicos, a la apertura de espacios autogestionados, cooperativos y de intercambios horizontales. Más que “la gran alternativa” con mayúsculas -como ha sugerido Jeremy Rifkin desde una postura más tecnocrática que política y casi exclusivamente asociada a los nuevos recursos tecnológicos, la apelación a los bienes comunes es una reivindicación de democracia económica, que limita el pensamiento único, obligatorio e impuesto en esta última época del individualismo radical asociado al homo economicus y a la mercantilización de todo.
Pero es también una enorme llamada de atención a los excesos de la burocratización estatal y a la usurpación de los gobiernos públicos por los agentes políticos de los poderes económicos y financieros. Entre lo privado y lo público está lo común y este redescubrimiento de lo común nos conduce a un nuevo encuentro entre lo político, lo económico, lo social y lo natural. Mirando al pasado podemos trazar un futuro en el que, en vez de sumergirnos en una cruel era postdemocrática y de pérdida de soberanía de los ciudadanos, podemos construir nuevos encuentros entre el individuo, la comunidad y el Estado.
(A toda esa compleja problemática se dedica el último número de la publicación trimestral de Economistas sin Fronteras Dossieres EsF, que lleva por título “El procomún y los bienes comunes” y sobre el que se celebrará un coloquio el 25 de febrero, a las 18,30, en el Espacio Abierto FUHEM, Duque de Sesto 40, Madrid).
Este artículo refleja la opinión y es responsabilidad de su autor.