La agenda social del Gobierno o catalizador de desigualdad
Simultáneamente a que el Consejo de Ministros anunciase su virtual Agenda Social, aprueba el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2015, ahora vigente. En buena lógica, deberían recoger la financiación de los Planes publicitados, pero sin embargo, lejos de recuperar la protección social deteriorada, vienen a consolidar el proceso de revisión del modelo de convivencia llevado a cabo esta legislatura, centrado en dos objetivos fundamentales para su ideario político: reducir el tamaño del Estado y establecer un nuevo orden en la distribución de la riqueza. Mediante dos bloques de medidas: recortes en las políticas sociales y cambios estructurales, ratificadas ambas en las cuentas 2015.
Durante esta legislatura se ha llevado a cabo un proceso de deconstrucción del Estado de Bienestar en dos direcciones: por una parte reformas estructurales orientadas a una progresiva mercantilización, sustituyendo los derechos de ciudadanía por aseguramiento (sanidad), resultados escolares, (becas), copagos (sanidad, dependencia, tasas) privatización de la gestión (sanidad, servicios sociales...), etc. Por otra parte, los recortes más duros para el cumplimiento de los objetivos de déficit se han operado sobre las políticas de bienestar, tanto directamente en los PGE como de exigencias a las CCAA y las Corporaciones Locales (CCLL). Todo ello bajo el mantra de la crisis económica sin aportar una sola evidencia que avale la pertinencia o eficacia de esas medidas.
Estamos ante una gestión de la crisis, bajo criterios exclusivamente ideológicos en la creencia de que la situación de shock de muchos ciudadanos, facilita imposición, pero a costa de situar en riesgo de exclusión a una parte de la población española, especialmente la del 10% más pobre.
Ciudadanos sobre los que impacta, además, la precariedad por los efectos de la reforma laboral, de forma que en estos tres años ha habido una brusca caída de la participación de las rentas del trabajo en el PIB, que bajó en un 9%, mientras que los excedentes empresariales han subido un 3.6 %.
Pero, además, en un contexto de desempleo de casi 4 millones de parados sin cobertura, el Gobierno decide una drástica rebaja de la protección por desempleo (7.220 millones de euros desde el 2011). Se debe conocer que la reciente ayuda para parados con cargas familiares alcanza a unas 430.000 personas y supone un gasto de 1.040 millones (1.000 frente a 7.000 recortados).
Y, por si fuera poco, también simultáneamente acomete una reforma fiscal que supone un regalo fiscal a las rentas altas (de hasta 7.000 euros). Únicamente las rentas por encima de 60.000 euros (3% de los contribuyentes) ven reducida su cuota de forma significativa, pero que perjudica, y mucho, a las rentas por debajo de 12.000 euros, que no solo no se benefician sino que son víctimas de la menor capacidad del Estado para políticas de protección social.
Progresividad inversa que también se produce en las deducciones por hijo a cargo, por familia numerosa y por discapacidad. Los tan publicitados 1.200 euros anuales o 100 al mes, sólo se benefician rentas medias y altas, ya que esta cantidad solo la perciben quienes hayan cotizado a la seguridad social ese importe. Los de salarios bajos cotizan apenas por 600 euros y los que están en paro no perciben nada. Pero lo que resulta casi obsceno es que esta deducción es incompatible con la prestación por desempleo.
Muchos de estos cambios han supuesto una auténtica ruptura de los consensos constitucionales, como el caso de la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma de la administración local o los derechos de acceso al Sistema Sanitario. Incluso, en algunos casos tramitado mediante RDL sin opción siquiera de un debate sosegado ni posibilidad de presentación de enmiendas por los Grupos Parlamentarios. Razón por la que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado ante el Tribunal Constitucional 34 recursos, todos admitidos a trámite.
En definitiva, la salida de la crisis va a ser muy lenta, pero los cambios en el reparto de la riqueza del país y las condiciones de acceso a bienes y servicios han sufrido un vuelco vertiginoso, asegurado por todo un entramado legislativo y presupuestario apoyado en la mayoría absoluta del PP en las Cortes Generales.
Evidentemente, estas medidas están impactando de forma sinérgica sobre la población más vulnerable: peores salarios, escasa protección por desempleo, reforma fiscal de progresividad inversa, recortes en la protección social, trabas al acceso a servicios y prestaciones que para las economías precarias las convierten inaccesibles (pobreza sanitaria, abandono escolar, no escolarización 0-3, etc.), que explican la situación descrita en el VII Informe FOESSA que nos muestra que solo un 34% de los ciudadanos disfrutan de una plena integración social, con un incremento de las carencias materiales (de más de 10 puntos las familias con dificultades para llegar a fin de mes, según la ECV), entre 2011 y 2013. En resumen, la “Agenda Reformista” del Gobierno confluye en el mismo objetivo: extrae recursos de las rentas bajas y los deriva hacia las rentas altas, deteriora los derechos, aumenta las desigualdades y tiende a una sociedad cada vez más dual y menos integrada: los pobres cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos.
Por eso, desde el PSOE consideramos que urge detener esta deriva de incremento de la desigualdad, revertir la situación y poner en marcha un cambio hacia nuevo modelo económico con reparto justo de la riqueza, con empleo de calidad y la recuperación del Estado de Bienestar basado en el derecho de ciudadanía, guiados por la justicia social.
