La administración hidráulica española, a lo largo de décadas, apenas ha prestado atención a las aguas subterráneas, considerando casi exclusivamente las aguas superficiales. Esta desatención por parte de las administraciones ha traído consigo todo tipo de abusos por parte de particulares, a consecuencia de lo cual, una parte de nuestros acuíferos se encuentran sobreexplotados y contaminados. A ello hay que añadir el gran número de pozos ilegales existentes. Efectivamente, el Ministerio de Medio Ambiente en 2006 estimó el número de pozos ilegales en nada menos que 510.000, de los que se estimaba que se extraían anualmente nada menos que 3.600 hm3, en su gran mayoría destinados al regadío. Para hacernos una idea, 3.600 hm3 es aproximadamente lo que consumen en un año 40 millones de habitantes, incluyendo las pequeñas industrias, servicios, zonas verdes, y demás elementos asociados a los núcleos de población. Pero a pesar de estas cifras tan alarmantes, desde las diferentes administraciones hidráulicas apenas se ha hecho nada para evitar la apertura de nuevos pozos, ni siquiera se han realizado nuevos censos. A consecuencia de ello, el número de pozos ilegales ligados a la agricultura ha ido creciendo de manera exponencial. Esto puede comprobarse en aquellas zonas donde no se autoriza la apertura de nuevos pozos desde hace años por la sobreexplotación del acuífero, viendo como en las mismas proliferan paneles solares sostenidos sobre un fuste y dispersos entre los campos de cultivo. Cada una de estas instalaciones está ligada, en la mayoría de los casos, a la existencia de un pozo ilegal de más o menos reciente creación.
Como resultado del tradicional desprecio mostrado por las administraciones hidráulicas hacia las aguas subterráneas y todo lo relacionado con las mismas, nos encontramos con que actualmente un porcentaje importante de los acuíferos se encuentra sobreexplotados, y un buen número de ellos sufren una contaminación difusa que los inutiliza para el abastecimiento a poblaciones. Cada vez son más los pueblos que hay que abastecerlos de agua potable mediante camiones cisterna porque el agua del grifo ya no es apta para el consumo, pues sus fuentes de suministro han sido contaminadas a causa del regadío intensivo o por la proliferación de macrogranjas. La sobrexplotación de los acuíferos costeros conlleva a su vez un grave problema añadido. A causa del exceso de extracción de agua, se produce en los mismos la intrusión marina, consistente en la entrada de agua de mar, lo que va a inutilizar esos acuíferos para el uso humano durante muchos años. Una gran parte de los acuíferos de la costa mediterránea sufren actualmente, en un grado variable, intrusión salina marina.
Además, el estado de los acuíferos sigue empeorando. Según los últimos informes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el porcentaje de las masas de agua subterránea que no se encuentran en buen estado se ha incrementado en 3 puntos porcentuales en los últimos seis años, situándose ya alrededor del 40%.
El desprecio que se muestra desde las administraciones hidráulicas hacia las aguas subterráneas, se hace extensible al control de los propios pozos, especialmente cuando se abandonan, siendo para estos últimos prácticamente inexistente. Como resultado de esta falta de control por parte de las administraciones, existen diseminados por todo el país, miles de pozos abandonados sin contar con ningún tipo de señalización y protección, suponiendo un riesgo para la fauna y para las propias personas. En muchos casos, el estado de abandono en el que se encuentran, favorece el crecimiento de la vegetación entorno a los pozos, que impide que puedan ser vistos y, por tanto, puedan funcionar como una trampa para animales salvajes y domésticos, como también incluso para personas. Conviene señalar que este tipo de riesgos no solo son causados por los pozos que fueron dedicados a la extracción de agua, pues los hay también en numerosas explotaciones mineras abandonadas que, especialmente las más antiguas, tampoco cuentan con ningún tipo de señalización o protección. De hecho, existen centenares de explotaciones mineras diseminadas por todo el país, que cuentan con pozos especialmente peligrosos, y que se encuentran desprovistos de ningún tipo de señalización o protección.
Desde el punto de vista ambiental también hay que añadir otros impactos generados por los pozos abandonados, pues han sido también en muchas ocasiones responsables de la contaminación de los acuíferos. Es frecuente que su apertura comunicase los sustratos superiores con otros más profundos, llegando a estos últimos la contaminación, en forma de fertilizantes y productos fitosanitarios, derivada de la actividad agraria que se lleva a cabo en la superficie. Pero hay otros casos en los que se ha vertido directamente de manera furtiva en los propios pozos residuos sólidos urbanos o incluso fluidos contaminantes, ahorrándose así su traslado a vertedero o su entrega a un gestor autorizado.
En definitiva, el tradicional desprecio mostrado por la administración hidráulica hacia las aguas subterráneas se ha traducido en que un importante porcentaje de nuestros acuíferos se encuentren sobreexplotados y/o contaminados, algunos posiblemente de manera irreversible. Además, este nivel de abandono se traduce también en la existencia de miles de pozos abandonados y sin ningún tipo de control, esparcidos por toda nuestra geografía, que constituyen un riesgo para animales y personas, además de favorecer la llegada de productos contaminantes existentes o utilizados en la superficie, a sustratos más profundos.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y los organismos autonómicos responsables de la gestión del agua, deberían afrontar de una vez y de forma seria, el estado y gestión de las aguas subterráneas, estableciendo planes para la detección, clausura y sellado de todos los pozos ilegales existentes, en un periodo reducido de años. Asimismo, debería establecerse también una normativa que exija a los ayuntamientos a detectar y sellar adecuadamente todos los pozos abandonados existentes en sus términos municipales, con independencia de la titularidad del suelo en el que se encuentren, y contando con el apoyo de las administraciones regionales o estatal si así lo requiriesen.
Por último, las administraciones responsables de la gestión del agua deberían establecer un sistema de vigilancia eficaz, de cara a la pronta detección de la apertura de nuevos pozos ilegales, estableciendo también protocolos eficaces, que permitan su clausura y sellado en un reducido periodo de tiempo.