Que Andrea Fabra se convirtió en diputada por ser hija del todo poderoso Carlos Fabra es algo que nadie discute en el Congreso. La diputada de Castellón apenas ha tenido actividad parlamentaria más allá de esa salida de pata de banco cuando dijo “que se jodan” desde su escaño y todos entendieron que el mensaje tenía por destinatario a los millones de españoles en la lista del paro. El exabrupto no gustó en su partido, pero Andrea era la hija de Fabra y nada se podía hacer para reconducirla o discutirla.
Ahora la cosas han cambiado y el Tribunal Supremo dice que el jefe del clan Fabra deberá entrar en la cárcel. El movimiento del alto tribunal tendrá como consecuencia que Andrea Fabra se convertirá en la primera diputada con un familiar directo en prisión. Además del encarcelamiento de su padre, Andrea Fabra está pendiente de la imputación de su marido, Juan José Güemes (exconsejero de Sanidad en Madrid) a quien el juez señala como posible autor de delitos de cohecho y prevaricación. Todo un mal rollo para un PP, que intenta colar en el argumentario general términos como regeneración democrática y pamplinas similares.
“¿Y qué hacemos ahora con Andrea?”, se preguntan los de Rajoy. La respuesta es sencilla: nada por ahora. Según fuentes del grupo popular en el Congreso, no se apartará a Andrea Fabra de su escaño. Otra cuestión es, señalan las mismas fuentes, que la hija de Carlos Fabra debería ir buscándose un empleo porque “tendrá difícil volver a estar en listas en puestos de salida”.
Lo del empleo no parece un mal consejo. A día de hoy, Andrea Fabra no tiene más ingresos que los que percibe del Parlamento. Así consta en la declaración de bienes y rentas que entregó a la Cámara al principio de la legislatura. Según esa documentación, la hija de Carlos Fabra declara participar en la propiedad de dos viviendas (una en Madrid y otra en Castellón). La segunda de esas viviendas (de la que posee el 20%) está vinculada a una hipoteca de 1,2 millones de euros que Andrea Fabra consiguió en Bancaja, el brazo financiero del PP en Valencia. Con respecto a la residencia madrileña (que posee en un 50%), la diputada aceptó una hipoteca superior al medio millón de euros. Parecen muchos gastos para quien solo atesora un sueldo.
En Génova y Moncloa consideran poco probable que la vía del indulto le pueda evitar al veterano político dar con sus huesos en prisión y la influencia de Fabra en el PP se intuye como cosa del pasado. Hace no mucho, las voces de apoyo eran unánimes y encabezadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no dudó en afirmar que “Fabra es un político ejemplar”. Es difícil que esas adhesiones se repitan a coro en esta ocasión.
En circunstancias normales el PP cumpliría el manual aplicado en otros casos como el de Jaume Matas. Esa norma no escrita consiste en dar la espalda a quien cae en desgracia. En esta ocasión, los populares podrán obviar a Carlos Fabra e, incluso, hacer como si no lo conociesen de nada. La diferencia, esta vez, es que parte de la sombra de Fabra continúa instalada en su escaño del Congreso de los diputados en la zona en la que se sientan los parlamentarios del PP.