Otro estado de alarma para combatir la pandemia de los bulos

Llevamos ya varios años con el asunto de las fake news y los bulos como tema de actualidad. En los medios, en Internet, en las redes. Como ya he señalado en alguna ocasión, las nuevas tecnologías no han servido para democratizar la información, es decir, no han servido tanto para garantizar el derecho a informar y estar informado y así democratizar la información; como para lograr que cualquiera pueda formar parte del sistema de desinformación.

La gravedad del asunto depende de dos parámetros, el cuantitativo –cuántos bulos circulen y con qué impacto– y el cualitativo –sobre qué temas traten–. Según van pasando los años hemos ido observando que los dos parámetros no cesan de aumentar en cantidad y en relevancia de su asunto.

También en diversas ocasiones he llamado la atención sobre la ausencia de medidas legislativas que permitan actuar con contundencia sobre los bulos y las mentiras. Que se pueda mentir con impunidad en la prensa, en las televisiones, en los debates, en las tertulias, por parte de periodistas, analistas o políticos sin que eso conlleve ninguna responsabilidad legal. Que hayamos llegado al nivel de que, en un debate electoral, algunos medios desplieguen más periodistas para destapar los bulos de los candidatos que para informar de lo que dicen.

Y ha sido ahora, con la pandemia de Covid-19, cuando los vemos en toda su magnitud. Ya teníamos secciones de los periódicos, colectivos de periodistas y departamentos de la Administración dedicados a desmentir y neutralizar las mentiras que circulaban, pero con motivo del coronavirus hemos tenido que activar a todos los poderes contra la otra pandemia, la de los bulos. Por ejemplo, que el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) haya tenido que emitir comunicados desmintiendo bulos. O que tengamos incluso a médicos y científicos dedicando parte de su esfuerzo a desmontar falsas informaciones y terapias contra el coronavirus, desde Colegios de Médicos hasta Colegios de Farmacéuticos o la Agencia Española del Medicamento se ven ocupados en desmentir bulos. El subdirector general de Logística e Innovación de la Policía Nacional, José García Molina, alertó en rueda de prensa de la creación de 1,5 millones de cuentas en redes sociales relacionadas con la Covid-19 que están dirigidas exclusivamente a “manipular o crear contenido”. A pesar de todo ello tenemos todo un sector de la población, el menos preparado culturalmente y con menos destreza para desenvolverse con las nuevas tecnologías, sumergido en un torbellino de vídeos por Whatsapp con falsas medidas curativas o con falsas informaciones sobre muertes y responsabilidades.

Como la impunidad de difundir bulos es absoluta, la envergadura de la desinformación y sus pretensiones cada vez son mayores. Así hemos observado que, en su última estrategia, la mayoría se movilizan en un mismo sentido político: crear alarma y zozobra entre la población para embestir y desgastar al Gobierno. No es política ni periodismo utilizar datos falsos e imágenes falsas de ataúdes y cadáveres, desinformaciones de políticos falsamente enfermos o con privilegios sanitarios, acusaciones de genocidios y crímenes a gobernantes, esgrimir supuestos informes científicos que no son reales para responsabilizar a líderes políticos de muertes. Y muchas de esas acciones con sus responsables ya identificados. Las noticias falsas de la peor crisis sanitaria vivida por España en el último siglo encuentran respaldo y difusión en webs ideológicamente adscritas a la derecha extrema, incluidos canales de Youtube y digitales que se presentan como informativos, como han mostrado las investigaciones de algunos medios.

Unidas Podemos ha registrado varias denuncias ante la Fiscalía General del Estado por la elaboración y difusión de bulos a través de las redes sociales sobre la pandemia de coronavirus. El grupo político recalca que expandir informaciones falsas “no tiene otra intencionalidad que injuriar, calumniar y desestabilizar la institucionalidad y los servicios públicos sanitarios de España”. Pero no parece que nuestro sistema legislativo esté muy dotado de normas que penalicen los bulos.

Asistimos cada día a medidas que muestran el surrealismo y la impotencia para frenar los bulos. La última es la decisión de la red social de mensajería privada Whatsapp de limitar a un solo chat el reenvío de mensajes para tratar de evitar que se viralicen los bulos, ya antes lo había limitado a cinco. De nuevo una muestra de la impotencia legal de poder actuar penalmente contra los bulos y la desinformación, en el siglo XXI de la era de la información hemos de plantearnos limitar la capacidad de comunicar y difundir como mecanismo de lucha contra la desinformación. Es como limitar las páginas de los periódicos para disminuir las mentiras.

La impunidad es tal, que por las redes se denuncian las pruebas y los rostros de ultraderechistas, algunos de ellos miembros reconocidos de Vox, que han difundido bulos, con la impotencia ciudadana de quien difundiría la foto de un violador que vive en su pueblo y que la policía no lo detiene y solo nos queda conocer su rostro para evitar cruzárnoslo.

No sé hasta dónde debe llegar la situación de inseguridad informativa para que las autoridades entiendan que mentir no puede salir gratis. De momento ya se difunden mentiras que suponen graves peligros para la salud de los ciudadanos ante una pandemia sanitaria y montajes audiovisuales de muertes y tragedias destinados a desestabilizar un gobierno mediante bulos y mentiras.

La falsa coartada de la libertad de prensa y el espantajo de una censura ha servido para impedir que los ciudadanos puedan tener garantizado su derecho a una información veraz, tal y como reza el artículo 20 de la Constitución Española. Parece que ni en una situación de Estado de Alarma, donde la fuerza de la ley tiene capacidad para confinarnos en nuestra casa, no la tiene para actuar contra los que usan la mentira contra la salud y contra la democracia.