¿No existen alternativas sostenibles a la privatización de los servicios públicos?
España, como Italia, Grecia y Portugal, se incorporó bastante tarde a la listas de países que contaban con un modelo de servicios sociales que comúnmente conocemos como Estado del Bienestar. No es hasta la Constitución de 1978 que no se reconocen derechos como la educación, la sanidad o las pensiones. Incluso el reconocimiento de esos derechos se convirtió en la vía principal de legitimación de los cambios políticos que se produjeron en la transición española a la democracia, haciendo que las personas identificaran progreso social con democracia y viceversa.
España se inserta en lo que los teóricos han llamado el “modelo mediterráneo”. Esto es: políticas sociales menos desarrolladas, instituciones menos maduras y un gasto social menor en todas las áreas. Esto hace que nuestro Estado de Bienestar sea débil. Durante los años 80, la mayor parte de los esfuerzos se centraron en dar una respuesta rápida a ese reconocimiento universal de derechos, fundamentalmente en educación y sanidad. Es por eso, que el modelo español ha combinado desde el inicio tres modalidades de gestión: la pública directa, la privada y la privada (con o sin ánimo de lucro) sostenida con fondos públicos. El modelo ha permanecido intacto a lo largo de las décadas. independientemente del color político de los distintos gobiernos, de las diferentes reformas legislativas y del importante proceso de descentralización política que llevaron las competencias sociales a autonomías y ayuntamientos, el modelo no ha cambiado.
Así, desde el inicio del Estado de Bienestar Español, la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos ha sido muy importante. Los modelos preferidos son la externalización (la gestión privada de centros públicos) y los conciertos (financiación pública de plazas privadas). Según la OCDE, España es el segundo país en Europa, después de Bélgica, con más alumnos en colegios concertados (31,7%). En cuanto a los hospitales, el 27,5% son centros privados financiados públicamente, según los datos del Ministerio de Sanidad. Además, la reformas legislativas han ido instaurando una variedad de modalidades, como las fundaciones sanitarias o las concesiones, que reducen considerablemente el papel de la gestión directa de los servicios sanitarios. El sector privado con ánimo de lucro ha sido el principal beneficiario de esta situación, aunque la Conferencia Episcopal (oficialmente encuadrada en el sector sin ánimo de lucro) también ha jugado un papel muy relevante en la gestión indirecta de los servicios públicos. También organizaciones como Cruz Roja, Cáritas y otro tipo de Fundaciones han trabajado sobre este esquema, funcionando como “entidades colaboradoras de los gobiernos” con subvenciones e incluso exenciones fiscales.
Con el inicio de la crisis, el debate político sobre la privatización de los servicios públicos ha cambiado, centrándose casi únicamente en las constricciones presupuestarias y la sostenibilidad económica, obviando cuestiones tan vitales como la modernización de los servicios o cómo aumentar su capacidad para afrontar las consecuencias sociales es esta crisis.
La respuesta la ha dado la calle y las coloridas mareas ciudadanas que se han movilizado en defensa de lo público, poniendo a la vez de manifiesto la incapacidad de los actuales gobernantes de plantear alternativas que no pasen por la privatización de aquello que nos pertenece a todos y todas. Los partidos verdes del Estado español, Equo e ICV, han apoyado y participado de todas las movilizaciones contra las privatizaciones desde el convencimiento de que unos servicios públicos de calidad son la única garantía efectiva de igualdad de oportunidades e, incluso, denunciando corrupción y confusión de intereses públicos y privados de los representantes políticos que encabezan el proceso privatizador. Pero, a parte de resistir, tendremos también que hacernos las preguntas adecuadas: ¿Público o privado son las dos únicas opciones para la gestión de los servicios sociales? ¿qué servicios públicos queremos? ¿La elección es exclusivamente entre el mercado y el estado? ¿Qué papel tenemos los ciudadanos? Quizás las respuestas estén en este “espacio ciudadano”.
