Impresiona la histeria de la derecha (partidos, jueces, fiscales, medios amigos) a causa de la ley de amnistía para los condenados del procés. Braman a los cuatro vientos todo lo que les pasa por la cabeza: que la amnistía es inconstitucional, que humilla a los jueces que han dictado las sentencias, que quiebra el principio de igualdad de los españoles ante la ley… En suma, ¿lo adivinan?, que se rompe España. Muchos togados ya se están preparando para presentar cuestiones de constitucionalidad ante el TC o cuestiones prejudiciales ante la justicia europea. Algunos lo harán con un sincero interés por disipar dudas sobre la nueva legislación, pero otros lo harán con el ánimo de torpedearla en cumplimiento del grito de guerra aznariano de “el que pueda hacer, que haga”. En paralelo, el PP, Vox y su artillería mediática seguirán martilleando como música de fondo la consigna de que Sánchez ha cometido un acto de alta traición a la patria. .
Pero no nos engañemos. El PP no es enemigo de las amnistías. Solo lo es de aquellas que no le gustan. En la votación de la primera ley de amnistía de esta etapa democrática, la Alianza Popular de Fraga, antecesora del PP, no votó en contra, sino que se abstuvo. Le enfurecía que la ley cobijara a más rojos de la cuenta, cierto, pero entendió que también permitiría salvar el pellejo a un buen número de personajes que habían sido altos cargos en la criminal dictadura franquista. Tan blindados quedaron, que un intento por investigarlos tres décadas después terminó con la expulsión de la carrera judicial del juez Baltasar Garzón. Hay que ver con qué devoción y vehemencia invocaron los populares aquella amnistía de 1977 cuando Garzón intentó escarbar en tan turbio pasado.
Se da la circunstancia de que la única amnistía declarada inconstitucional hasta el sol de hoy la promovió, precisamente, el PP, bajo el Gobierno de Rajoy. El objetivo de esa amnistía no era pasar página a una difícil coyuntura política, como lo fue en la de 1977 y pretende serlo en la del procés, sino engrosar las arcas del Estado invitando a los ricos evasores fiscales a que blanquearan sus capitales. La única exigencia era que pagasen a Hacienda el 10% de la suma aflorada, cifra que después se rebajó descaradamente al 3%. Nada de multas, nada de intereses por la deuda. Rajoy aprobó aquella amnistía fiscal en 2012 mediante decreto-ley, sin debate parlamentario, con el nombre eufemístico de Declaración Tributaria Especial, y esa amnistía sí que atentó contra uno de los principios vertebradores de España al hacer añicos la justicia distributiva en el sostenimiento del Estado. No lo digo yo: lo dijo por unanimidad el Tribunal Constitucional en su fallo de 2017, cuando ya el daño estaba hecho y no había vuelta atrás.
Vale la pena recordar uno de los párrafos cruciales del fallo: “La adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos. Viene así a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo a su capacidad económica, colocándolos en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir”.
Aunque el fallo del TC se circunscribió a la inconstitucionalidad del uso del decreto-ley, porque a eso se refería el recurso de los socialistas, es obvio que los argumentos del tribunal suponían un alegato general contra las amnistías fiscales, incluso aunque se tramitasen como ley ordinaria. Curiosamente, en aquella ocasión no se movilizaron jueces y fiscales contra lo que constituía una evidente quiebra de la igualdad entre los españoles. El PP nunca pidió perdón por haber aprobado esa amnistía. Por el contrario, intentó justificarse con el argumento torticero de que el TC sólo había declarado inconstitucional el procedimiento utilizado para su aprobación, no la iniciativa en sí.
No entraré en la constitucionalidad o no de la ley de amnistía del procés. Serán los magistrados del TC los que decidan. Puedo entender el sarpullido que a muchos les produce la nueva ley, sobre todo cuando desde Junts y ERC proclaman victoria y reafirman su anhelo independentista. Puedo entender también las críticas que se hagan a las veleidades del presidente Sánchez, que se presentó a las elecciones con una posición contraria a la amnistía. Mi opinión personal es que, si bien es cierto que Sánchez ha actuado por motivaciones de supervivencia política, su estrategia ha conseguido de momento desinflamar la crisis en Catalunya, como quedó patente en la calma que presidió las recientes elecciones autonómicas. Que Puigdemont o Junqueras mantengan sus posturas secesionistas no me inquieta mientras acepten encauzar sus aspiraciones por las vías democráticas. Lo que sí me preocupa, y mucho, como demócrata es ver cómo en el CGPJ y en algunos círculos de jueces y fiscales se han producido movilizaciones públicas contra la amnistía, en un conato de sublevación judicial, cuando lo que corresponde a togados y fiscales es cumplir disciplinadamente las leyes que se aprueben en el órgano donde reside la soberanía popular, que es el Parlamento. Y si tienen alguna duda honesta en la aplicación de la norma, existen los mecanismos constitucionales para despejarlas, como ellos bien saben.
Tres amnistías: una impulsada por UCD, otra por un pacto PSOE-Junts-ERC, otra por el PP. Las dos primeras, relacionadas con situaciones políticas muy complejas: el paso del franquismo a la democracia y la superación, por lo menos de manera transitoria, del trauma del procés. La tercera pretendía recaudar fondos favoreciendo a los evasores fiscales mediante una quiebra de la justicia y equidad tributarias consagradas en el Titulo I de la Constitución. La única que ha sido declarada inconstitucional es la tercera. Una amnistía de las que le gustan a la derecha.