Va a haber ley de amnistía para los encausados por el 1 de Octubre o no va a haber investidura. El debate legal lo marcarán catedráticos, juristas y letrados del Congreso, pero tengan claro que se va a registrar una ley de amnistía en el Congreso para que los grupos que votaron a Francina Armengol la convaliden. La vigencia, validez y alcance de ese acuerdo se verán. La negociación está fijada y los marcos están claros. La ley de amnistía será el pago que el PSOE tendrá que dar para que la legislatura avance y el referéndum de autodeterminación para Cataluña será el que termine con el Gobierno de Pedro Sánchez. Una petición saldrá adelante, y la otra, dentro de dos años o tres, no se podrá llevar a término y nos llevará a elecciones.
El peaje de la amnistía será una concesión necesaria e impuesta para que se repita el Gobierno de coalición, pero eso no quiere decir que sea algo que haya que defender como adecuado. Es una simple asunción de la realidad, las peticiones ajenas y la correlación de fuerzas. Posicionarse contra la amnistía de cargos políticos y líderes que llevaron a España a una situación límite es una obligación progresista aunque no haya más remedio que otorgarla para dar salida a un Gobierno con un sumatorio de apoyos en el Congreso que dista mucho de ser de izquierdas. No se puede pretender que una mayoría que incluye a PNV y Junts adopte medidas que siempre sean del agrado de quien tiene filias izquierdistas, pero seguimos teniendo voz.
Durante estos años de democracia, la izquierda ha estado atravesada por la idea de derogar la ley de Amnistía de 1977 que, si bien en su momento sirvió para liberar a los antifranquistas, sirvió también de cepo para perseguir a los criminales de la dictadura. Ese es el problema fundamental de una amnistía, que sirviendo para hacer el bien con unos pocos, funciona como escudo de impunidad para quienes deben ser perseguidos.
Se da la paradoja de que ERC pide a la vez la derogación de la ley de Amnistía de 1977 mientras exige una para sus propios intereses. Una incoherencia fundamental que habita también en la izquierda poscomunista, que lleva muchos años luchando por abrir el candado que supone la ley que impide la persecución penal a los franquistas. Es tan disonante el panorama político que vivimos que para el PSOE la derogación de la ley de Amnistía de 1977 era una línea roja en la negociación de la ley de Memoria Democrática, pero no lo será crear una nueva ad hoc para el mundo independentista. Si hablamos de negociaciones, antes de incluir una nueva ley de amnistía estaría bien derogar aquella que afecta a los crímenes y reparación económica durante la dictadura.
No hay nada progresista en librar de la justicia a políticos mesiánicos que han considerado adecuado saltarse la ley para llevar a cabo sus proyectos personalistas. La desobediencia civil es solo para la ciudadanía, no para los cargos públicos. Ese principio fundamental es lo que nos separa de un estado represivo y totalitario, que nadie con poder puede saltarse la ley. Abrir esa puerta es desnudar la única defensa de los vulnerables, el principio de que somos iguales ante la ley que, sabiendo sus fallas –monarquía presente–, es irrenunciable para la construcción de un Estado igualitario. “Nunca más una ley de amnistía que provoque amnesia”, fueron declaraciones de Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados en 2018 en la propuesta de una ley que reformara la ley de Amnistía de 1977 para permitir juzgar a Billy El Niño. Es tiempo de volver a proponerlo.
Existe una posibilidad de hacer aceptable este trago. La única amnistía posible es discrecional, para el pueblo y solo para el pueblo, no la que salva a los líderes de un proceso político configurado desde una élite para su propio beneficio. Si los líderes independentistas quieren usar su poder para salvarse, dejemos que el pueblo les juzgue con su favor o descrédito. La izquierda tiene que fijar su propio camino. Sumar no tiene solo que ser notario de las exigencias de Junts mediante Jaume Asens, sino aprovecharlas para meter sus propias reivindicaciones para que no parezca que simplemente es un apósito del PSOE. Para ser defendible desde la izquierda, una futura ley de amnistía debería integrar, al menos, a todas las personas encausadas, condenadas y denunciadas por participar en procesos de detención de desahucios, por el artículo penal contra la libertad religiosa, por el delito de injurias a la corona, a los encausados por cualquier tipo de protesta laboral, como los hechos de los astilleros en Cádiz, por los derivados de la ley mordaza, para los perseguidos por delitos derivados de la participación en huelgas, es decir, para todos aquellas personas que han sido condenadas por actos de protesta y en su ejercicio de los derechos civiles sin circunscribirlos a los hechos del 1 de Octubre y del procés. Una ley de amnistía que no recoja a los seis antifascistas de Zaragoza y sí a Carles Puigdemont será una cesión a privilegiados manchada de ignominia.