Los excesos de la Policía y de los políticos acaban dándose de bruces contra el Estado de Derecho. Ha sucedido una vez más. Ignacio Cosidó, director general de la Policía, se iba de caña y avanzaba en la Comisión de Interior del Congreso una calificación de los hechos imputados a los detenidos en la manifestación del 25-S, de una gravedad inusitada: delitos contra las altas instituciones del Estado. En ese mismo y solemne foro, avanzó que los atestados de la Policía se habían instruido en el caso de los 35 detenidos por ese delito competencia de la Audiencia Nacional. Pero no ha sido así. Después de una incertidumbre que ha mantenido a estas personas durante más de 40 horas sin que tuviera lugar la puesta a disposición judicial, el juez Pedraz ha rechazado la competencia de ese órgano judicial ante unos atestados que relataban hechos que, en cualquier caso, serían constitutivos de delitos de atentado, lesiones, resistencia, desobediencia o desórdenes públicos. Nada que entre en las competencias de la Audiencia Nacional.
Dejando a un lado el nuevo patinazo de Interior -casi ya marca de la casa- nos encontramos ante un afán notorio del ministerio de forzar la llegada de la represión a la Audiencia Nacional. Un afán nada inocente. Los políticos, que huyen de este tribunal como de la peste cuando los procedimientos se refieren a ellos o a sus partidos, saben del potencial amplificador de la publicidad que lleva implícita. Ellos, que tantas veces se quejan en privado de que la “pena de telediario” es mucho mayor si la investigación compete a la Audiencia Nacional, querían ahora, claramente, aplicar ese altavoz de resonancia mediática al acervo intimidatorio que manejan. El mensaje era claro y querían para él la máxima repercusión: ojo con protestar, no nos vamos a andar con chiquitas. Claro que matar moscas a cañonazos tiene inconvenientes.
En este caso han vuelto a olvidar que el juez, los jueces, tienen un papel fundamental como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos. Y que lo ejercen. No les va a ser sencillo intentar presentarlos dentro de la rueda restrictiva en la que se mueven todas las decisiones que están tomando y todas las declaraciones que hacen. Quieren además utilizar los tribunales como amplificador propagandístico de sus intereses políticos forzando en ocasiones la presentación de detenidos y asuntos. Buscan conseguir su efecto y, luego, cuando el juez en aplicación de la Ley y actuando con independencia e imparcialidad, deja en libertad a los ciudadanos, entonces es el juez el que peca.
Forzar la máquina
La forma en que se ha querido forzar el sentido de los artículos 493 y 494 del Código Penal está tan clara que ni al Ministerio ni a la Policía debería haberles cabido duda. En ellos, el tipo delictivo incluye que las manifestaciones o reuniones ante el Congreso a que se refieren precisan de una “invasión con fuerza, violencia o intimidación” de la sede del mismo, que estén reunidos en sesión y que sea “alterando su normal funcionamiento”. En la tarde del día 25, de todas estas condiciones, se dio solo la de la reunión de la Cámara Baja con total normalidad. Que esa normalidad fuera debida o no al dispositivo preventivo policial no afecta al resultado del delito.
Pero es en esa precaución lógica que las autoridades deben tener ante una manifestación anunciada primero y legalizada después, en la que se ha visto también como ese espíritu represivo ha estado presente dejando ver a las claras una interpretación castrante del espíritu de las libertades que son la esencia de la democracia. Las identificaciones en los autobuses a los manifestantes antes de su llegada a Madrid fueron cuanto menos irregulares y tenían en sí mismas un componente coactivo claro. Aún ahora seguimos sin saber que se ha hecho con los datos obtenidos en las mismas, si bien es evidente que su introducción en cualquier tipo de fichero policial sería ilegal.
Lo mismo sucede con las detenciones practicadas a organizadores de la concentración de forma previa a esta. Dejando a un lado las significativas palabras de la delegada del Gobierno en Madrid afirmando que“no pueden pensar que el Retiro es un jardín donde hacer activismo político”, lo cierto es que el Derecho Penal preventivo no tiene cabida en un estado democrático. Y vaya, ¡que casualidad!, siempre vamos a topar con la dichosa palabreja. Esa que respalda la idea básica de que la calle es de los ciudadanos y que democracia es, en esencia, el ejercicio de los derechos individuales y colectivos. Un ejercicio que es continuo, diario, instantáneo y no focalizado exclusivamente en el ejercicio del derecho a voto. Un derecho, por cierto, plenamente individual por contraposición a los derechos colectivos a los que nos hemos estado refiriendo, como son el de manifestación y reunión.
Por mucha mayoría absoluta que se tenga. Por mucho que les moleste.