Se esfuerzan estos días los padres, hijos y cuñaos de la Constitución en defender la vigencia del texto, y en convencernos de dos ideas principales: que no es tan mala como algunos creen; y que en su día fue la mejor posible dadas las circunstancias. ¿Y saben qué les digo? Que tienen razón. Pero eso tampoco la hace válida a estas alturas. Me explicaré.
Primero lo más rápido, el segundo argumento: que debemos valorar la Constitución teniendo en cuenta las difíciles circunstancias en que fue elaborada, con la dictadura todavía merodeando por las instituciones (sobre todo el Ejército y las fuerzas de seguridad, pero no solo), y la urgencia de construir cuando antes un sistema democrático con el que echar a andar. Es cierto, basta ver las hemerotecas de aquel tiempo para comprobar las muchas amenazas de involución que sobrevolaban el trabajo de los diputados en aquellos días; amenazas que también pesaban sobre los ciudadanos a la hora de votar en una elección que era a todo o nada: o esta Constitución, o seguimos donde estábamos.
Pero si esto es cierto, no vale como defensa hoy de la Constitución: al contrario, es un reconocimiento de que este es un texto fruto de la coacción, y como tal debía haberse reconsiderado, modificado o reescrito entero una vez perdiese fuerza esa coacción y estuviese consolidada la democracia. Cosa que nunca ocurrió.
El otro argumento me parece mucho más sólido: la Constitución, en sí misma, no es un mal texto. Tiene unas cuantas cosas impresentables, es verdad, que se incluyeron aprovechando el “todo o nada” (como la monarquía y su inviolabilidad, entre otras perlas). Pero al margen de eso, si uno lee el texto sin pensar en el uso que se ha hecho del mismo durante treinta y cinco años, hasta se sorprende. Es como una novela a la que uno llega con prejuicios hacia el autor y el tema, y acaba gustándole en no pocas páginas.
Si nos limitamos al texto, al negro sobre blanco, comprobamos que la Constitución es impecable en lo que se refiere a derechos y libertades, e insiste una y otra vez en la importancia no solo de la libertad sino también de la igualdad. A partir de ahí, un lector primerizo se queda pasmado al leer cosas que creería propias de una Constitución bolivariana: la propiedad privada que puede ser delimitada por su “función social”, las llamadas a la “distribución justa” de riqueza y renta, equiparar el nivel de vida de todos los españoles, fomentar las cooperativas o subordinar “toda la riqueza del país” al interés general, con un sector público que en defensa de ese interés podrá planificar la actividad económica, reservarse recursos esenciales, intervenir empresas y utilizar el suelo de acuerdo con el interés general “para impedir la especulación”.
¿Qué significa todo lo anterior? Pues que hasta ahora esas partes de la Constitución han sido papel mojado para los sucesivos gobiernos. Pero que cabe imaginar lo que un gobierno de verdad comprometido con la libertad, la igualdad y el bienestar de sus ciudadanos podría haber hecho si se hubiese tomado en serio todos esos artículos. Era posible, estaba en la Constitución, pero no se quiso.
Tras esta primera sorpresa por lo que hay, llega la segunda sorpresa: lo que no hay. Descubre uno que muchas de las disfunciones de nuestro sistema político y económico no están en la Constitución. No hay mención alguna a la ley D’Hondt (se habla de circunscripción provincial y reparto según población, pero el de D’Hondt no es el único posible). No figuran por ningún lado los privilegios de la Iglesia católica (que están en el Concordato negociado al margen). No están por supuesto las privatizaciones de todo lo público, ni las sucesivas reformas laborales, ni por supuesto las ayudas a la banca. Sí está, claro, el “principio de estabilidad presupuestaria”, pero ese no lo incluyeron los padres de la Constitución, sino sus hijos hace solo dos años.
La expresión más repetida a lo largo del texto es esa de “Una ley regulará…”, “La ley fijará…”, “La ley establecerá…”, “De acuerdo con las leyes…”. Es decir, indefinición total, a espera de ser regulado. Aquello que decía Romanones: “Hagan ustedes la ley (la Constitución en este caso) y déjenme a mí los reglamentos.” O con expresión de ayer mismo de Rajoy: “La Constitución no es un corsé que nos impide movernos”. Es decir, que con ella podemos hacer lo que nos plazca. Y eso han hecho durante treinta y cinco años: ponerse la Constitución no como corsé, sino como una camiseta ancha que permite libertad total de movimientos. Pero cuando interesa, eso sí, la convierten en una armadura rígida.
Conclusión: la Constitución no ha servido para lo que podía haber servido, y sí para todo aquello que no estaba ni en su espíritu. Es decir, que aunque los padres y cuñaos tengan razón en que no es un texto tan malo y que en su momento fue el mejor posible, ya no nos sirve.