Por la reacción del PP y Ciudadanos a la primera reunión de la Comisión Bilateral entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat, los siete años transcurridos desde la reunión de dicha Comisión que presidieron por el Gobierno Manuel Chaves y por el Govern Duran i Lleida, no son suficientes para que resulte aconsejable su convocatoria. Siete años sin hablarse cara a cara el Gobierno de la Nación y el Govern de la Generalitat son, por lo visto, poca cosa.
Esos siete años sin comunicación han sido testigos de la mayor crisis constitucional desde el 29 de diciembre de 1978 en que entró en vigor la Constitución. Crisis constitucional que ha conducido a la única suspensión de la vigencia de la Constitución hasta la fecha. Limitada al ejercicio del derecho a la autonomía y a la Comunidad Autónoma de Catalunya, pero suspensión de la Constitución. Ni siquiera para hacer frente al terrorismo de ETA o al golpe de Estado del 23F se tuvo que suspender parte alguna de la Constitución. Únicamente frente a Catalunya se ha hecho valer “la protección excepcional o extraordinaria del Estado”, pues no otra cosa es el instituto de la “coacción federal” previsto en el artículo 155 CE.
Pues bien, parece que nada de esto es suficiente para aconsejar una reunión de los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra primero, y de la Comisión Bilateral después. Siete años de incomunicación para Pablo Casado y Albert Rivera son pocos. La incomunicación, por lo visto, todavía tiene camino que recorrer. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? ¿Con qué objetivo?
Esperar que de los encuentros entre los presidentes o de la reunión de la Comisión Bilateral va a derivarse una solución para la integración de Catalunya en el Estado sería ilusorio. Pero más ilusorio todavía sería pensar que se puede avanzar hacia una solución sin que se empiece por encuentros entre los presidentes y reuniones de la Comisión Bilateral. Es posible que todos los pasos que se den a partir de estos dos primeros no acaben conduciendo a encontrar una fórmula de integración de Catalunya en el Estado, que sea aceptable tanto para los ciudadanos catalanes como para los del resto del Estado. No hay ninguna garantía de que el camino que se está empezando a recorrer llegue a buen fin. Pero lo que es seguro es que, sin recuperar el diálogo entre el Estado y la Generalitat, no habrá posibilidad alguna de alcanzar el objetivo de que Catalunya, autogobernándose democráticamente, acepte formar parte del Estado español.
El ejercicio real y efectivo del derecho a la autonomía es la premisa indispensable de la democracia en España. Sin el primero no es posible la segunda. Y dicho ejercicio requiere que el Estado y la comunidad autónoma de Catalunya se relacionen de manera continuada e ininterrumpida. La interrupción de las relaciones no es una opción.
Nos hemos pasado siete años con relaciones interrumpidas, viviendo con base en dos espejismos, el espejismo de la independencia, por parte del nacionalismo catalán y el espejismo del 155 por parte del nacionalismo español. Los espejismos son espejismos, es decir, ilusiones ópticas o de la imaginación verosímiles en la distancia, pero que se desvanecen en la proximidad.
El espejismo de la independencia y el espejismo del 155 se desvanecieron sucesivamente en el último trimestre de 2017. Ni era posible la independencia ni era posible gobernar Catalunya desde Madrid. Constatar esta evidencia ha sido el resultado de los siete años de incomunicación anteriores.
¿Todavía se considera que no son suficientes?