El fiscal jefe anticorrupción, Antonio Salinas, emitió en mayo una orden de servicio a todas sus delegaciones provinciales para recopilar las investigaciones abiertas contra bancos y cajas de ahorro en España. Entonces, trascendió que hasta los tribunales habían llegado diez casos entre los que no estaba CajaSur, la segunda caja de ahorros que tuvo que ser intervenida por el Banco de España, en mayo de 2010.
Pero esta mañana un ex director de una oficina de la antigua caja, hoy integrada dentro de BBK, ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a los anteriores presidentes de esta entidad financiera cordobesa. Todos sus responsables máximos son sacerdotes, ya que la caja estaba controlada por el Cabildo Catedralicio de Córdoba. Y uno de ellos, Miguel Castillejo Gorráiz, se retiró con una pensión multimillonaria.
El denunciante es Rafael Bueno, que hoy maneja una empresa de intermediación financiera en Sevilla. Ha adjuntado en su denuncia la resolución que el pasado viernes publicó el Banco de España en el Boletín Oficial del Estado (BOE), confirmando el expediente que se abrió contra CajaSur el mismo día en que fue intervenida. El Banco de España considera a CajaSur responsable de cuatro infracciones económicas, tres muy graves y una grave. more
La amonestación, firmada por el secretario general del Banco de España, Francisco Javier Priego Pérez el 5 de junio, asegura que los gestores de la caja de la Iglesia cordobesa pusieron en “peligro” su “solvencia o viabilidad” por “deficiencias” en su organización y control interno (primera sanción), incumplieron de forma reiterada todas las exigencias del Banco de España para poner coto a ese peligro (segunda sanción), asumieron unos riesgos en la concesión de créditos sin tener recursos propios para cubrirlos (tercera sanción) e incumplieron la normativa que establece ciertos límites a la hora de conceder esos mismos créditos (cuarta sanción).
CajaSur fue la segunda caja de ahorros intervenida por el Banco de España por el estallido de la burbuja inmobiliaria tras Caja Castilla La Mancha. Después de un pulso entre el Banco de España y la Iglesia, que se resistía con uñas y dientes a una fusión con Unicaja, el FROB controló el 21 de mayo de 2010 una entidad que tenía un agujero de casi 600 millones de euros en pérdidas y una morosidad superior al 8,5%.
La denuncia de Rafael Bueno está dirigida contra los tres presidentes que ha tenido CajaSur, todos curas: Miguel Castillejo, Juan Moreno y Santiago Gómez Sierra. Castillejo, presidente entre 1977 y 2005, se retiró con una pensión vitalicia que heredarán sus hermanas. La póliza que asumió CajaSur y hoy tiene que pagar BBK es de 2,6 millones de euros y tiene algunos requisitos que llevaron a la Junta de Andalucía a llevar el caso a los tribunales (donde perdió).
Castillejo cobra lo mismo que el director general de la entidad (unos 250.000 euros anuales) y su pensión es hereditaria. Es decir, después de su muerte CajaSur seguirá pagando esta cantidad a sus cuatro hermanas. Castillejo es, además, presidente de una fundación que lleva su nombre y que le fue cedida por el constructor metido a político e implicado en la operación ‘Malaya’ Rafael Gómez ‘Sandokán’.
El Banco de España considera que CajaSur quebró, entre otras razones, por operaciones de alto riesgo con constructores de la ciudad de Córdoba, entre ellos con la empresa de Rafael Gómez, Arenal 2000. CajaSur llegó a crear bajo la presidencia de Castillejo una empresa llamada Arenal Sur 21, participada al 50% por la constructora de ‘Sandokán’ y la caja de ahorros.
Juan Moreno, presidente de ‘transición’ en la entidad entre 2005 y 2007, es párroco de la céntrica iglesia de la Compañía en Córdoba. Mientras, Santiago Gómez Sierra, el último presidente de CajaSur, el que se negó a una fusión con Unicaja y precipitó la intervención del Banco de España, fue nombrado a finales de 2010 obispo auxiliar de la Archidiócesis de Sevilla por el papa Benedicto XVI.
La denuncia que ya está en manos de la Fiscalía Anticorrupción dice que estos tres sacerdotes (“y quienes más resulten responsables”) pudieron “haber cometido actuaciones presuntamente delictivas”, según se deduce de la sanción publicada por el Banco de España.
Rafael Bueno añade, en declaraciones a eldiario.es, que en CajaSur “se ha robado dinero a espuertas” y que toda la “casta política cordobesa ha estado callada mientras han comido del pesebre de CajaSur”.
El Banco de España también le ha puesto nombre y apellidos a sus sanciones y ha expedientado a los dos últimos consejos de administración de la caja cordobesa, más de 40 personas entre los que destacaban los tres últimos candidatos a la Alcaldía de Córdoba por PP, PSOE e IU, sacerdotes, impositores, sindicatos y directores generales. Las sanciones suman más de 2,4 millones de euros.
Rafael Bueno asegura que ya ha iniciado los trámites para poner estos hechos en conocimiento del Banco Central Europeo en el caso de que su denuncia sea archivada por la Fiscalía Anticorrupción.
Por otra parte, BBK, actual propietaria de la extinta CajaSur, se ha negado a hacer declaraciones, aparándose en que la denuncia se refiere a los anteriores gestores de una caja que llegó a gestionar más de la mitad del ahorro de toda la provincia de Córdoba.
Esta no es la primera vez que CajaSur se las tiene que ver con la Fiscalía Anticorrupción. En 2003, la Junta de Andalucía denunció a Miguel Castillejo por dos delitos, uno de falsedad documental y otro de apropiación indebida por valor de 10,2 millones de euros. Sobre el aire sobrevolaba la inmensa batalla desatada entre Castillejo y el Gobierno andaluz, que quería crear una gran caja de ahorros regional.
El Ministerio de Economía, dirigido entonces por Rodrigo Rato, promulgó una Ley Financiera a la que se acogió CajaSur, que pasó a ser tutelada por el Gobierno central y escapó así a la Junta. A los pocos meses de la denuncia, la Fiscalía Anticorrupción archivó la querella al no encontrar indicios de delito. En ese tiempo, Carlos Jiménez Villarejo (principal impulsor de la investigación en CajaSur) fue relevado del cargo de fiscal anticorrupción.