La semana pasada se conoció que el Tribunal Supremo ha anulado algunos puntos del Real Decreto aprobado por el Gobierno para limitar la publicidad de las casas de apuestas y juegos de azar. La sentencia es contradictoria en varios aspectos, pero, entre otras cosas, permitirá nuevamente la publicidad de estas actividades en redes sociales y páginas web. También se permitirá que personas famosas vuelvan a promocionar las apuestas. Sin embargo, se mantendrá la limitación en medios audiovisuales al horario de la 1 a 5 de la madrugada y la prohibición de los patrocinios de sociedades deportivas, que fueron los dos principales pilares de la norma.
Uno de los desafíos que enfrentábamos al entrar en el Gobierno durante la legislatura anterior era el aumento de las casas de apuestas y salones de juego. En pocos años, estos lugares habían proliferado, especialmente en los barrios populares de las grandes ciudades, convirtiéndose para el 2020 en un verdadero problema social. Se habían convertido en puntos de encuentro para jóvenes, donde se relacionaban principalmente a través de apuestas, especialmente deportivas. Esto los exponía a una actividad de riesgo que luego continuaban en otros lugares, utilizando cualquier dispositivo electrónico, en particular los teléfonos móviles.
Durante los últimos años, gracias al trabajo de asociaciones de exjugadores y a los reportajes en los medios de comunicación, la sociedad española ha podido conocer casos de enorme gravedad. Personalmente, debido a mis responsabilidades, he llegado a conocer jóvenes que robaban a sus familias para poder seguir apostando, convirtiéndose en esclavos de un proceso que no controlaban en absoluto. Estos son los casos más extremos, pero existe un gradiente que va desde el estrés y el daño mental hasta la ludopatía y la ruptura de relaciones sociales, además del menor rendimiento académico demostrado por los jugadores asiduos. Aunque las consecuencias no afectan a todas las personas por igual, los datos muestran que aproximadamente una de cada diez acabará desarrollando un problema relacionado con la actividad de juego de azar.
Este sector experimentó un rápido desarrollo en pocos años gracias a estrategias comerciales dirigidas principalmente a atraer a personas jóvenes. Uno de los principales canales fue la publicidad, que llegó a ocupar gran parte del espacio durante la transmisión de casi cualquier competición deportiva. Estábamos literalmente inundados de publicidad que nos incitaba a apostar en casi cualquier aspecto relacionado con el deporte, especialmente el fútbol.
Hubo mucha resistencia a restringir esta publicidad. Los medios de comunicación y los equipos de fútbol habían encontrado en ella una fuente de financiación que compensaba en parte la pérdida de anunciantes tras la crisis financiera de 2008. Lamentablemente, la mayoría de los clubes deportivos ignoraron las advertencias que indicaban, con razón, que normalizar las apuestas entre los jóvenes solo podría conducir al desastre para muchas familias. El comportamiento deportivo y social de las grandes figuras deportivas tiene un gran impacto entre los más jóvenes, lo que convirtió este tema en un punto central de nuestra legislación. Lo mismo ocurre con las personas famosas, incluidos los influencers en redes sociales; desafortunadamente, la normativa que restringía sus actividades ha sido limitada por el Tribunal Supremo.
El proceso legal para limitar la publicidad también fue complicado. No podíamos optar por una restricción total, como exigía una parte de la sociedad, debido a que la actividad de juegos de azar es legal en España, abarcando desde apuestas hasta Loterías, pasando por juegos de casino y la ONCE. Lo único que podíamos hacer era implementar un modelo de regulación muy medido y justificado en aras de proteger la salud pública. Este proceso gradual no fue bien comprendido e incluso enfrentamos la oposición de una asociación de consumidores que, con el fin de acaparar titulares, llegó a convocar una rueda de prensa media hora antes de conocer el borrador que iban a criticar duramente. Finalmente, y tras un largo proceso respaldado por numerosos informes jurídicos, incluido el del Consejo de Estado, logramos un Real Decreto que situaba la regulación española a la vanguardia europea en la materia. A pesar de esto, la sentencia del Tribunal Supremo indica que, en su opinión, nos excedimos en las restricciones. Una interpretación muy cuestionable, pero que solo puede revertirse mediante una modificación de la ley de juego.
Afortunadamente, la sociedad española seguirá protegida en lo fundamental. Sin embargo, no debemos bajar la guardia en esta cuestión, por varias razones.
En primer lugar, el hecho de que ya no veamos tanta publicidad como antes corre el riesgo de hacernos creer que el problema ha desaparecido. Lejos de eso, el número de jugadores, tanto en línea como en persona, sigue creciendo. El problema que enfrentamos es complejo y no se resuelve de la noche a la mañana ni con una sola normativa sobre publicidad.
En segundo lugar, la publicidad es solo un medio de entrada a la actividad de las apuestas. Hay muchas otras formas de introducirse en este mundo, del cual pocos jóvenes conocen los verdaderos riesgos. La normalización que ha experimentado esta actividad durante la última década es demasiado fuerte. ¿Cómo podrían las personas pensar que algo que llevaban todos los equipos de fútbol en sus camisetas podría convertirse en un problema de salud?
Y, en tercer lugar, y para mí lo más importante, el principal desafío de la sociedad es diseñar modelos de ocio saludable que compitan verdaderamente con las casas de apuestas como lugares de socialización para los jóvenes. La prohibición no resuelve el problema; lo que realmente necesitamos es más sensibilización y más alternativas viables. Si nuestras ciudades están diseñadas exclusivamente para facilitar reuniones en centros comerciales o salones de juego, entonces la batalla por un ocio saludable está perdida de antemano. Las administraciones públicas deberían considerar la geografía urbana como una herramienta para fomentar hábitos saludables y el desarrollo de prácticas congruentes, abandonando la concepción del territorio como un simple espacio a mercantilizar.
Si la rentabilidad económica sigue siendo el único criterio para considerar este u otros temas, no debemos olvidar que siempre existe el riesgo de sacrificar partes importantes de nuestra juventud, especialmente aquellas de extracción popular, bajo promesas matemáticamente imposibles.