Arias Cañete: un ministro para unos pocos
La trayectoria de Miguel Arias Cañete al frente de las políticas agrarias españolas se puede resumir en dos palabras: grande y lejos, porque las medidas más significativas que su gabinete ha adoptado estos años han tenido como objetivo convertir el paisaje agrario español en un exclusivo club para grandes negocios dedicados a la exportación. Hemos tenido, con Cañete en el timón, un Gobierno agrario para el interés (económico) de unos pocos, con lineas políticas que profundizan una crisis en el campo que parece imparable. Año a año, la gráfica de población activa del sector primario desciende en picado y en consecuencia los pueblos se abandonan, los bosques arden y la alimentación de toda la población pasa a depender peligrosamente de un puñado de corporaciones que, instaladas en una lejana nube online, mercadean y especulan con lo más básico, la comida.
Muy graves han sido, para la pequeña agricultura las posiciones que el ministerio adoptó para el diseño de la nueva Política Agraria Común (PAC), y grave también su aplicación, pues, aunque encalada de color verde, sigue siendo un simple –pero muy significativo– presupuesto al servicio de las grandes corporaciones y grandes propietarios, en lugar de ser, como correspondería, un verdadero conjunto de políticas para apoyar y proteger las agriculturas locales. Como denuncia el sindicato agrario COAG, la aplicación de la PAC en España sigue reproduciendo la injusticia que supone que sólo 2.600 perceptores reciban un total de ayudas igual a lo que reciben otros 500.000.
Miguel Arias Cañete, que fue quien permitió la entrada de cultivos transgénicos en España, y que ha seguido defendiéndolos cuando prácticamente el resto de países europeos los ha ido apartando de sus campos, no ha sabido tampoco regular la llamada cadena alimentaria. Su ley estrella, la ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, es insuficiente frente al monopolio que ejercen en esta cadena las grandes superficies. Según todos los informes y estudios, son ellas las que, tensionando al sector productivo y pagando sus productos incluso por debajo de costes, son responsables de muchos de los cierres de pequeñas fincas y granjas de nuestro territorio, sin olvidar el daño que han provocado al pequeño comercio de pueblos y barrios. Este mes de marzo, como dato promedio, el precio de origen que se paga al productor se multiplica por 4,39 veces hasta que llega al consumidor. Por ejemplo, mientras un kilo de naranjas en el Mercadona del Sr. Roig (que reconoce que hizo donaciones de 50.000 euros a la FAES, fundación del partido del ministro) se vende a 1,27€, quien las cultivó recibe 20 céntimos.
Dos organismos de las Naciones Unidas, en estas últimos semanas, están marcando con claridad cuáles deberían de ser las políticas agrarias, y bien vendría que la etapa que ahora se abre en el Ministerio atendiera a sus indicaciones.
Por un lado, la FAO ha decidido dedicar este año 2014 a visibilizar la Agricultura Familiar (un apelativo a cuestionar pero que es sinónimo de agricultura a pequeña escala), pues es ella la que ofrece mejores resultados y más sostenibles en cuanto a producción alimentaria y distribución de rentas; y, por otro lado, las reflexiones del relator del Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas, Olivier De Schutter, que hace un decidido llamamiento a los gobiernos a proteger sus agriculturas locales pues, como él dice, “deberán priorizarse los circuitos cortos y los vínculos directos entre productores y consumidores para reforzar la agricultura de los productores locales de alimentos en pequeña escala y reducir la dependencia de las importaciones”. Una definición acertada de lo que desde hace ya veinte años se ha convertido en un paradigma global: la propuesta de la soberanía alimentaria. Porque lo pequeño y local es justo y posible.
