Assange o la impunidad
La amenaza que veíamos venir desde hace tempo se ha hecho realidad. Reino Unido, tras violentar durante estos años todas las normas del derecho internacional, ha cumplido su función de brazo ejecutor después de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, supeditado a los intereses de los EEUU de Donald Trump, haya retirado el asilo político a Julian Assange. En unas imágenes que deberían ruborizar a cualquier demócrata, el Gobierno de Ecuador ha abierto la puerta de su embajada para permitir que la policía británica sacara de forma violenta al fundador de WikiLeaks.
Es muy grave lo ocurrido, y plantea un futuro incierto a Julian Assange quien después de casi ocho años de reclusión inhumana en el recinto de la embajada ecuatoriana, se encuentra ahora a expensas de lo que la Corte de magistrados de Westminster determine, una vez se ponga en marcha la extradición al país norteamericano. De inicio, el periodista buscó refugio ante la orden de aprehensión de Suecia por denuncia de violación, una causa que ya fue archivada en mayo del pasado año. Ahora enfrenta la condena por haber incumplido las medidas cautelares de su libertad, cuestión que siempre hemos aceptado y nunca hemos eludido responder tanto en Suecia como en Gran Bretaña, pero denunciando, a la vez, la instrumentación que de estos países hacía EEUU. Al final se ha desvelado la trama. Incluso desde diciembre de 2017 existía una orden de detención de la justicia estadounidense en Londres, a pesar de que tanto los británicos como el gobierno del presidente Moreno, específicamente el canciller Valencia, lo negaron.
Tras ese argumento se escondía la verdadera razón de la persecución contra el activista: Estados Unidos no puede consentir que Assange, mediante WikiLeaks, haya hecho públicos miles y miles de documentos militares y diplomáticos de carácter confidencial, denunciando torturas y crímenes de guerra por parte de responsables militares de ese país en lugares como Irak o Afganistán y filtraciones de las comunicaciones entre embajadas USA con Gobiernos y servicios de información en todo el mundo.
Las acusaciones de Suecia siempre fueron para su defensa una argucia para extraditarle a Estados Unidos, donde podría ser juzgado por tal causa. Sabemos ahora que, en efecto, lo que latía bajo este asunto era la acusación por conspiración por parte de una Corte estadounidense. Y es probable que este delito, el de conspiración para hackear ordenadores, sea solo el principio, porque buscan con ello eliminar la verdadera base política de la persecución.
La acción británica viene precedida de una serie de incumplimientos de los convenios internacionales. Gran Bretaña ha estado prescindiendo, obviando, incumpliendo y violentando todas las normas del derecho internacional y de los derechos humanos. No han atendido al salvoconducto que pedía Ecuador desde hace años porque había otorgado un asilo, y una vez otorgado el asilo los demás países tienen que cumplirlo.
Sobre el papel de Ecuador, poco puedo añadir a lo que ha manifestado el ex presidente Rafael Correa, quien en su día en nombre de los Derechos Humanos asiló a Assange, que ha criticado la detención y ha calificado de “traidor” al actual presidente por permitir su arresto. “Esto jamás será olvidado por la humanidad entera. Uno de los actos más atroces fruto del servilismo, la vileza y la venganza. La historia será implacable con los culpables de algo tan atroz”, ha dicho Correa, añadiendo: “De ahora en adelante, a nivel mundial la canallada y la traición podrán ser resumidas en dos palabras: Lenín Moreno”.
Pocas veces he asistido a tan sorprendente actuación contra lo que marca el derecho de asilo como la que este jueves hemos vivido. Las confusas afirmaciones del actual mandatario ecuatoriano, lo dicen todo: “Ecuador da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Por seis años y diez meses el pueblo ecuatoriano ha garantizado los derechos humanos del señor Assange y ha cubierto sus necesidades cotidianas en nuestras instalaciones de la embajada en Londres”. “El señor Assange violó reiteradamente disposiciones expresas de las convenciones sobre asilo diplomático. Violó particularmente la norma de no intervenir en los asuntos internos de otros estados”, ha añadido. Extremo este que es incierto, porque la acusación en este sentido siempre fue una argucia, como queda demostrado por los SMS que obran en la causa.
La concesión del asilo lo fue por riesgo fundado, de acuerdo con las convenciones aplicables al caso. Su retirada solo se puede producir si aquel riesgo desaparece. En este caso, lejos de que el peligro haya desaparecido, se ha incrementado exponencialmente con las declaraciones recurrentes de autoridades norteamericanas, que han llegado a calificar a Wikileaks de organización terrorista. Tampoco se ha realizado ningún procedimiento de revisión con alegaciones para el asilado, como requería imperativamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al cerrar la demanda de medidas cautelares formulada meses atrás.
La mezcla de argumentos es difícil de comprender. De una parte, Moreno parece reprochar el gasto que la delegación ha cubierto. De otra, culpa a Assange de expresar sus opiniones sin concretar qué normas de derecho internacional ha afectado, de tal modo que se ha hecho merecedor de una sanción tan peligrosa. También de que es editor de WLO, cuando esto ya no es así; como tampoco tiene que ver con la filtración de los INApapers. O porque, y aquí viene el punto álgido, según Moreno, ha solicitado a Reino Unido que no entregue a Assange a un país en que se ejerza la tortura o exista la pena capital. Y asegura que los británicos han dado su asentimiento por escrito pero ¿acaso está exento Estados Unidos de estas dos condiciones? Es incontestable que la pena de muerte existe y uno de los elementos básicos por los que el país de Trump ha saltado a la palestra en WikiLeaks es por los supuestos malos tratos sistemáticos cuando así lo han considerado los poderes militares en casos de conflicto. Y además, un país en el que no se garantiza la ausencia de la tortura como puso de manifiesto el Relator contra la tortura Juan Méndez en el caso de Chelsea Manning, que fue sometida a un trato cruel, inhumano y degradante y que nuevamente ha sido encarcelada, el riesgo que corre Julian Assange si la extradición se materializa, es inmenso.
Aún queda lo más importante. ¿Qué ocurre con los Derechos Humanos? Estados Unidos discurre por un camino que nos llevará a todos al desastre. Recientemente amenazó con la prohibición de visados a los miembros del Tribunal Penal Internacional que investiguen casos como la supuesta responsabilidad de miembros de esa alta instancia de militares norteamericanos en Afganistán. Hace apenas unos días hizo efectiva esta sanción retirando el visado a la fiscal del TPI Fatou Bensouda que junto a sus colaboradores indaga desde 2016 la posible responsabilidad de soldados estadounidenses entre 2003 y 2004, en los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán. Ante tal sinrazón, Bensouda ha manifestado que seguirá cumpliendo su deber.
¿Muerto el perro se acabó la rabia? Esa parece ser la política del país más poderoso del mundo. Si la CPI puede afectar a los propios intereses, se anula y prohíbe, por más que Afganistán forme parte de los 124 países que han ratificado el Estatuto de Roma y que este tribunal sea una instancia superior, internacional, que garantiza la protección de las víctimas. Si un periodista activista denuncia ante el mundo las irregularidades, trapacerías, asesinatos, corrupción y manejos de la potencia mundial, se le persigue, aísla y aprovechando un giro a la derecha en el Gobierno de Ecuador, que hasta entonces entorpecía el objetivo marcado, se logra que esta nación levante el asilo acordado y dé vía libre para acabar con el estorbo Assange. ¡Menuda suerte que el presidente Correa, de talante progresista, fuera sustituido por Moreno, de talante marcadamente de derechas. ¡Vaya casualidad!
El caso Assange no termina aquí. Su equipo legal y yo, como coordinador de la defensa del periodista, no estamos dispuestos a permitir tal atropello. Pelearemos como David contra Goliat, como venimos haciendo desde hace años. Este asunto va más allá de una filtración o de un entramado de conflictos legales. Estamos hablando del derecho de los ciudadanos del mundo a conocer en manos de quién estamos, de lo que nos ocultan y de a dónde pretenden conducirnos. Y una vez que sabemos, no es tan fácil callar al mensajero. Lo que pretende Estados Unidos, apoyado en quienes le están favoreciendo, no es otra cosa que impunidad. No podemos ni debemos tolerarlo, y no lo haremos.
