En 2004, hace ya 10 años, el gobierno aprobó un plan general que contemplaba la construcción de un Almacén Transitorio Centralizado (ATC), el cementerio nuclear para todos los residuos de alta actividad de las centrales españolas. Tras un proceso salpicado de ocultismo y protestas sociales, en diciembre de 2012 se escogió Villar de Cañas como emplazamiento definitivo.
Era el peor de los candidatos, por las características geológicas y sociales del terreno, pero el mejor para los intereses políticos del PP y la presidenta de la Junta de Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal. En el pueblecito conquense quedarían almacenadas indefinidamente unas 7.000 toneladas de basura radiactiva, una cantidad que puede aumentar con nuevos módulos en caso necesario.
El ATC es una instalación clave para el sector, puesto que, en teoría permitiría un relanzamiento nuclear o un alargamiento de la vida de las centrales. El relanzamiento es muy improbable por las enormes inversiones necesarias para construir una nuclear y el sobredimensionamiento de nuestro sistema eléctrico. El alargamiento de la vida de las centrales es la verdadera batalla que está librando el sector: combina la fabricación de nuevos equipos para las centrales con el pingüe beneficio económico que supone la explotación de una central ya amortizada.
Pero las cosas no están saliendo como la industria quería. La construcción del ATC lleva cinco años de retraso, derivado de los problemas del terreno entre otras cosas. Y la basura radiactiva ha seguido aumentando. Por eso, ha sido necesario construir Almacenes Transitorios Individuales (ATIs).
Todas las centrales nucleares españolas, salvo Cofrentes (Valencia), han construido o planeen construir ATIs en sus recintos. Estas instalaciones también las pagará la empresa pública ENRESA. Se duplican, por tanto, los gastos y la construcción del cementerio nuclear de Villar de Cañas se hace innecesaria.
Es pertinente preguntarse sobre el mejor modelo de gestión de residuos. El almacenamiento centralizado frente a los individuales, el definitivo frente a los transitorios. Y, lo cierto es que todas las fórmulas presentan problemas.
En el caso del ATC tenemos todos los residuos concentrados en un único punto, con el alto riesgo que eso conlleva para el lugar de almacenamiento y los peligros de más de 1200 transportes en total. Pero los ATIs suponen la multiplicación de emplazamientos y, por tanto, de riesgos en el territorio.
La construcción de un almacén definitivo en profundidad, por su parte, equivale a renunciar a una solución que pueda aparecer en el futuro y no garantiza la seguridad durante los cientos de miles de años que los residuos continuarán siendo radiactivos y altamente peligrosos.
Estamos pues ante un verdadero dilema que nunca debería haberse producido, puesto que las centrales nucleares no tendrían que haberse puesto en marcha. El problema ya existe y hay que enfrentarlo: más de 3000 toneladas de residuos en España que hay que gestionar de la manera menos peligrosa posible.
Ante este panorama, lo más sensato es decir: dejen ustedes de producir residuos y vamos a sentarnos todos para buscar constructivamente una forma de gestión que sea lo menos insatisfactoria posible. El debate social, que contemplan las convenciones internacionales de Aarhus y de Espoo, ha brillado por su ausencia a la hora de designar Villar de Cañas como emplazamiento. Ahora ese debate debería fomentarse para buscar una solución buena para la ciudadanía y no para los intereses políticos y económicos.