Austeridad hasta el último día, y más
Hay dos cuestiones relativas a los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Consejo de Ministros el pasado viernes que son cruciales. En primer lugar, el Partido Popular mantendrá lo que ha sido una constante en esta legislatura: la austeridad fiscal. Y en segundo lugar, lo hará incluso más allá de su mandato legal.
Empecemos con la segunda de las cuestiones. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el 2016 refleja el limitado compromiso democrático del Partido Popular con algunas cuestiones de enorme transcendencia económica, política y social. No parece muy oportuno que un gobierno que está finalizando su legislatura, y que es probable que no vuelva a gobernar tras las próximas elecciones generales, pretenda dejarle aprobados los presupuestos del año en curso al nuevo ejecutivo que le suceda.
Estamos ante una estrategia que intenta atar de pies y manos las posibilidades de que un nuevo gobierno establezca otras prioridades de política económica, obligando a prolongar la austeridad más allá de la propia presencia del Partido Popular en el gobierno de la nación.
¿Prolongar la austeridad? En efecto, porque de eso se trata. Estos presupuestos, a pesar de los fuegos de artificio con los que Rajoy ha intentado presentarlos, consolidan y prolongan la austeridad fiscal en nuestro país. Así, a pesar de que el gobierno contempla un crecimiento de los ingresos del 4% respecto a los presupuestos generales del año pasado, los gastos no financieros se reducirán en 5.666 millones, un 4,4%.
El debate económico de fondo es el siguiente: ¿a qué destinamos los ingresos procedentes del cambio de ciclo económico? Tres posibilidades caben a este respecto. En primer lugar, la mejora de la recaudación puede ser destinada a una drástica reducción del déficit público, en línea con lo planteado por Bruselas. En segundo lugar, los mayores ingresos pueden dedicarse a rebajas de impuestos. Finalmente, la mejora de la recaudación podría ser utilizada para impulsar una política de signo contrario a la austeridad, revirtiéndose los recortes de esta legislatura y favoreciéndose con ello una mayor creación de empleo y reducción de las desigualdades.
El gobierno del Partido Popular ha decidido consagrar la mejora de los ingresos a los dos primeros objetivos. Los presupuestos prevén recortar el déficit público desde el -4,2% del PIB hasta el -2,2%, y se ha adelantado al mes de julio la rebaja fiscal prevista para 2016.
Estas medidas no sólo continúan descapitalizando una hacienda pública que ya de por sí recauda notablemente menos que las de otros países europeos (preparando con ello la insostenibilidad de los servicios públicos). Además, revelan una elección dañina para la economía y para la mayoría social: frente al déficit de empleo de nuestra economía, y frente a los problemas estructurales no resueltos que ésta presenta, se opta por seguir profundizando en la lógica neoliberal de estrangulamiento de lo público.
Estos presupuestos son coherentes con el Programa de Estabilidad que el gobierno ha remitido a Bruselas, y que contempla una reducción de 5 puntos porcentuales del gasto público sobre el PIB para los próximos cuatro años. Con ello, España quedaría definitivamente alejada de la media de la eurozona, con un tamaño de su Estado del Bienestar más próximo al de las economías balcánicas o bálticas que al de las centroeuropeas.
Sin embargo, la drástica reducción del déficit público que plantea Bruselas debe condicionarse a una reducción previa del desempleo, las desigualdades y las debilidades productivas de nuestra economía. Debemos terminar de una vez con la austeridad y poner los Presupuestos Generales del Estado al servicio de una recuperación económica que distribuya los beneficios del crecimiento entre toda la población, y siente las bases de un nuevo patrón de crecimiento.
Si en lugar de a una drástica reducción del déficit público, los próximos presupuestos consagrasen la mejora prevista de los ingresos a un plan de recuperación y expansión de la inversión pública y de los servicios sociales, del orden por ejemplo de los 25.000 millones de euros, la brecha estructural con Europa podría empezar a cerrarse, al tiempo que el desempleo se reduciría notablemente más rápido.
