A los que insisten en defender la eficiencia y ahorro de lo privado frente a lo público, yo les pondría como penitencia que recorriesen a pie todos los kilómetros de autopista que en las próximas semanas nos vamos a comer con patatas. ¿Consejero autonómico que propone privatizar hospitales? Una radial entera de rodillas. ¿Dirigente empresarial que alaba el sistema de concesiones? La autopista Cartagena-Vera, descalzo y con cruz al hombro. ¿Tertuliano de firmes convicciones neoliberales? La AP-41 a la pata coja. A ver si así se les quitan las tonterías.
Pocas demostraciones tan escandalosas del timo de la “colaboración público-privada” como el caso de las autopistas de peaje que tan alegremente se concedieron en los años de la burbuja. Un pozo sin fondo donde se han enterrado miles de millones, y que para variar ahora toca nacionalizar.
El cuento de las autopistas es largo, y da risa por no llorar. Una historia de final cantado, que recoge lo peor de nuestro “modelo productivo” en alianza con las decisiones políticas más nefastas. Un país de vieja querencia por el asfalto (al que se decidió dar prioridad frente al tren por intereses empresariales), donde las constructoras son un poder con mayúsculas, y que llegado el momento de la expansión burbujil encuentra en los kilómetros de asfalto otra oportunidad de pelotazo.
Y allá fueron, de la mano, ministros de Fomento, consejeros autonómicos, constructoras amigas (algunas en los papeles de Bárcenas) y por supuesto las cajas de ahorro, que no se perdían una fiesta. Juntos se sentaron a la mesa y organizaron un negocio redondo: construir costosísimas infraestructuras (que por el camino dejan enormes sobrecostes y suculentas comisiones), con crédito alegre de las cajas y avalado por el Estado, con contratos al gusto de la concesionaria, y lo más importante: con red, que es como se hacen en España los grandes negocios. Si sale bien, se lo lleva crudo la empresa; si sale mal, nos lo comemos nosotros.
Pasaron los años, y se cumplió todo lo que avisaban los aguafiestas que en su día alertaron de la inviabilidad de tanta autopista. No se construyeron, como sería lógico, para llegar a algún sitio pasando por el camino por otros sitios. No, no había lugar al que llegar ni por el que pasar, porque era la propia autopista la que iba a generar esos lugares. Se hicieron estimaciones de utilización fantásticas, basadas en esos lugares que no existían, y que surgirían espontáneamente por la propia existencia de las autopistas. Algunas no han llegado ni al 10% del tráfico estimado.
Y lo más cómico: se calcularon unos costes de expropiación de los terrenos que al final se multiplicaron por seis. Según la patronal de las constructoras, Seopan, pensaban pagar 427 millones por los terrenos, y acabaron obligados a soltar 2.267 millones, porque la propia autopista revalorizaba los terrenos, los “no lugares” que sin autopista valían cuatro duros, y con ella multiplicaban su precio.
Pero lo más importante era, por supuesto, la red de seguridad habitual en este tipo de funambulismo empresarial: las constructoras no corrían mucho riesgo, porque en caso de caerse del alambre, el Estado estaba en el suelo con los brazos abiertos para recogerlas. El Estado, es decir, nosotros, estamos pillados por créditos participativos, avales, compensaciones comprometidas, y la propiedad, que en el fondo sigue siendo nuestra. Todo conduce de cabeza al rescate, y si hay alguna posibilidad de evitarlo, ya se tirará de cabeza un gobierno siempre dispuesto a rescatar a los suyos.
Ya digo, una estafa monumental, otra más, que acumula una deuda de 3.500 millones que ahora pagaremos entre todos, y que de regalo nos deja con unas cuantas vías duplicadas y sin uso, que no sirven para nada, y que son irreversibles, no se pueden desmontar. Incluyamos ahí otro daño, incalculable: el destrozo ambiental y paisajístico, que una autopista no es una vieja vía de tren que ahora conviertes en vía verde para bicicletas.
En el pufo de las autopistas están implicadas las grandes del ladrillo: ACS, Abertis, Sacyr, Acciona, OHL. A sus consejos de administración los ponía yo a acompañar a los ministros y consejeros en la penitencia.