Más en eldiario.es
Guía práctica: preguntas y respuestas básicas sobre la pandemia
10 respuestas de la OMS para pelear contra la desinformación acerca del coronavirus
La crisis del coronavirus: mapas y gráficos de su expansión en España y el mundo
A los tres días de la declaración de estado de alarma para imponer el confinamiento de la población española para contener la epidemia del coronavirus, el Gobierno ha adoptado un paquete de medidas económicas que pretende movilizar 200.000 millones de euros, casi un 20% del PIB. Esto se añade a las medidas de apoyo a sectores afectados por la crisis internacional, tales como el turismo, que el gobierno adoptó la semana pasada y que cifraba en algo más de 18.000 millones de euros.
Lo primero que hay que aclarar es que, de los 200.000 millones de euros anunciados, sólo una fracción pequeña son gasto público. La mayor parte son créditos y avales, y casi la mitad del total se espera que provengan de crédito privado. De ahí que el gobierno diga que su objetivo es “movilizar” una cierta cantidad de dinero.
El Ministerio de Economía podrá conceder hasta 100.000 millones de euros en avales para crédito privado que permita mantener la liquidez a las empresas. El Gobierno espera que el sector financiero proporcione entre 150.000 y 200.000 millones de euros de liquidez de corto plazo a empresas en base a estos avales. Pero los avales no representan gasto público, salvo en caso de que las empresas beneficiarias de estos avales finalmente no puedan pagar sus préstamos, que es lo que las medidas adoptadas pretenden evitar.
Los avales públicos funcionarán bien como otro incentivo a los bancos para hacer estos préstamos de liquidez a empresas y autónomos, que es la flexibilización de las normas sobre morosidad anunciada el jueves por el Mecanismo Único de Supervisión. El MUS permitirá a los bancos refinanciar el crédito de las empresas afectadas por la crisis sin tener que clasificarlo como dudoso con el consiguiente coste de capital.
En cuanto a los créditos, el gobierno da al ICO la capacidad de prestar 10.000 millones de euros adicionales, también con el propósito de proporcionar liquidez a las empresas. Pero, de nuevo, el crédito no es gasto. Finalmente las empresas que se beneficien de estos préstamos tendrán que devolverlos con intereses, igual que los que resulten de los 100.000 millones de euros de avales. El gobierno también aprueba otros 2000 millones de euros de avales para la exportación.
Una serie de medidas adoptadas por el Gobierno, tanto esta semana como la semana pasada, posponen pero no condonan el pago de diversos impuestos. De manera similar, la semana pasada, el Gobierno adelantó pagos a cuenta de las Comunidades Autónomas para gastos sanitarios.
Las medidas de gasto discrecional incluyen 1.000 millones de euros del fondo de contingencia para el Ministerio de Sanidad, 25 millones de euros de becas-comedor, bonificaciones a la contratación de trabajadores fijos discontinuos en sectores relacionados con el turismo, 600 millones de euros para dependencia, y 30 millones de euros para investigación biomédica del coronavirus.
Lo que sí va a redundar en un gasto para el Gobierno son las medidas sociales. Mucho de este gasto se habría producido de todas maneras, ya que es lo que se llama estabilizadores automáticos. Son políticas de compensación de rentas que actúan automáticamente en caso de desaceleración económica. Pero este gasto aumentará un tanto y llegará antes a quien lo necesite gracias a medidas como dar incentivos a las empresas para que apliquen ERTEs, expedientes de regulación del tiempo de trabajo, en lugar de EREs que redundan en despidos; o la extensión de la prestación por desempleo a trabajadores que normalmente no tendrían derecho a ella. Además, el Gobierno garantizará el suministro de agua, energía, y telecomunicaciones a todos los ciudadanos.
En tanto en cuanto estas medidas sociales y estabilizadores automáticos tiendan a aumentar el gasto público y por tanto a que el Gobierno exceda las previsiones de déficit al final del año, será importante que el Gobierno resista la tentación de recortar gasto de otras partidas para compensar. En este sentido ayudará el compromiso de la Comisión Europea de flexibilizar las reglas del Pacto Fiscal, de manera que el gasto adicional para hacer frente a la epidemia no redunde en un procedimiento de déficit excesivo.
El Gobierno estima que todas estas medidas pueden redundar en un gasto adicional de unos 17.000 millones de euros. Cabe hacer la consideración de que el Gobierno no ha dado una idea de cuánto tiempo espera que estén las vigentes medidas aprobadas el martes. Las medidas aprobadas parecen adecuadas para hacer frente a las necesidades más urgentes, pero deberán revisarse y ampliarse si se extiende el estado de emergencia sanitaria más allá de los quince días de vigencia del primer decreto. Y el presidente del Gobierno ya indicó en su discurso de presentación de las medidas económicas que la emergencia durará no ya días, sino semanas. Lo hizo al enumerar tres hitos que deben superarse para vencer la emergencia sanitaria: frenar el crecimiento de los contagios, reducir el número de casos activos consiguiendo que haya más altas que nuevos casos, y finalmente reducir el número de contagios. Entre cada uno de estos hitos pueden pasar algunas semanas. Es más que probable, por tanto, que el coste fiscal de las medidas sociales y los estabilizadores automáticos acabe siendo mayor que los 17.000 millones de euros estimados actualmente.