“Aluche is not Spain”, reza la camiseta de uno de los congregados para frenar el desahucio de una vecina del barrio madrileño que lleva estampado en el pecho. Una dosis extra de indignación se acumula frente al portal. Bankia, la entidad rescatada con casi 30.000 millones de euros en dinero público, es la ejecutora del desahucio. En Madrid, nadie desahucia más que Bankia, aseguran desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Escandalizado no es la palabra que define al grupo reunido en la calle de Camareno, pero es la que viene a la mente. “Vergüenza, vergüenza”, gritan los activistas frente al portal de la afectada, Luz María Reyes. Esta ecuatoriana de 52 años, empleada del hogar, acumula una deuda de 190.000 euros por un piso de 50 metros cuadrados que compró en 2006 y del que apenas llegó a pagar los intereses.more
El grupo se apelotona en el portal a la llegada de la comisión judicial. “Bankia es nuestra y nosotros no dejamos a la gente en la calle”, les gritan. El abogado de la plataforma, Javier Rubio, empieza la negociación con la comisión mientras la realidad se impone en las consignas del retén: “Rescatan al banquero, desahucian al obrero”.
A los pocos minutos se celebra que el desalojo ha sido aplazado sin fecha. “A ver si con un poco de suerte ya no vuelven hasta septiembre”, comenta Rubio. Las redes sociales empiezan a dar cuenta del pequeño éxito y llaman a reforzar el intento de parar otro desahucio en Legazpi. De todo recogen testimonios periodistas de la televisión alemana.
La sede de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid (PAH), cercana a la plaza de toros de Las Ventas, está habituada a la lidia. En su caso, Bankia es el morlaco, el más exigente en el ruedo de mantener las viviendas banderilleadas por las deudas. “Bankia está detrás de la inmensa mayoría de los desahucios de Madrid”, explica Vicente Pérez, uno de los portavoces de la plataforma en su local de reunión. ¿A qué se debe su voracidad? ¿Puede ser el ritmo de desalojos un indicador del estado de las entidades financieras?
En una cocina de las oficinas de la PAH se van desgranado las respuestas a estas preguntas. “Bankia es en Madrid lo que La Caixa en Barcelona. Son las entidades que más créditos concedieron en sus ámbitos geográficos”, comenta Pérez. “Por eso parece lógico que también sean las que más desahucian. Pero esto tampoco supone mejorar sus cuentas porque no reclaman el dinero”, señala Pérez, uno de los primeros implicados en el movimiento. Es decir, se recuperan las viviendas pero no se cubren las deudas económicas ¿Es esto una dación en pago de facto? Definitivamente no: “Las familias siguen estando en el registro de morosos. Nadie sabe si en el plazo de unos meses se exigirán los pagos”.
Buenas prácticas inaplicables
El Código de Buenas Prácticas Bancarias aprobado por el Gobierno en marzo debía favorecer la cancelación de la deuda a cambio de la entrega de las llaves. “Es inaplicable por la cantidad de requisitos. Es difícil encontrar familias que encajen en el perfil”. Para acogerse a él las hipotecas no deben superar los 200.000 euros, todos los miembros de la familia deben encontrarse en paro, que no perciban ninguna prestación social y cuyo banco se haya adherido al código. El 90% de los hipotecados se queda fuera. “No es un paño caliente, es una mentira”, zanja Pérez.
La actividad en la PAH, que lleva funcionando desde hace más de un año, aumenta tras meses de trascendencia mediática. De los juzgados salen una media de 40 casos al día, según la plataforma, sólo en Madrid. Según los datos de la Memoria de 2011 del Consejo General del Poder Judicial, 58.241 desahucios se solicitaron en los juzgados el pasado año, una cifra récord y un 22% mayor que la del año anterior. De ellos, 9.640 expedientes pertenecían a Madrid, tercera región en este ránking por detrás de la Comunidad Valenciana y Andalucía.
Los activistas de la PAH intervienen en entre tres y ocho procesos a la semana, una proporción ínfima del total. Sin embargo, la resistencia se hace cada vez más penosa. Mayor represión policial, detenciones de portavoces y abusos de autoridad como el producido el día 18 en Móstoles, cuando un matrimonio en deuda con Bankia fue desahuciado sin el preceptivo aviso.
Fue la hija mayor quien descubrió a su regreso de la universidad que su llave no era ya la de su casa. La cerradura había sido reemplazada, y documentos, enseres y en definitiva sus vidas quedaron encarcelados en la vivienda.
Tres notas pegadas a la puerta despejaban pocas dudas. La primera, con el membrete de la Administración de Justicia y firmada genéricamente por “la Comisión Judicial”, les informaba que el lanzamiento del desahucio había sido acordado por el juzgado de instrucción número 5 de Móstoles. Los bienes del interior se consideraban “abandonados” y el perro era trasladado a la perrera municipal, al que rescataron luego previo pago de 50 euros. Para recuperar el mobiliario debían ponerse en contacto con una empresa de cerrajeros. En el juzgado descubrieron, junto a uno de los abogados de la PAH, que el lanzamiento del desahucio había sido firmado por la secretaria judicial y en un auto del juez como es norma.