El Partido Popular de Feijóo no quiere que José Luís Escrivá, actualmente ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, sea nombrado nuevo gobernador del Banco de España. El argumento esgrimido es que se trata de un 'político' que carece de 'independencia'; y eso sería importante porque, según las palabras del líder conservador, el nuevo gobernador del Banco deberá seguir y valorar la política nacional.
Tal y como yo lo veo, estamos de nuevo ante el enésimo intento de obstaculizar la acción del Gobierno de coalición utilizando argumentos que ni se sostienen ni guardan ningún tipo de coherencia con la práctica pasada del PP.
Por empezar por esto último, recordemos que estamos hablando del mismo PP que eligió presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a Elvira Rodríguez, la cual pasó directamente de ser diputada del PP a dicha posición; y que también elevó, sin ir más lejos, al propio ministro de economía Luís de Guindos a vicepresidente del Banco Central Europeo, la institución que realmente gestiona la política monetaria que afecta a España. Se trata de dos ejemplos de muchos otros que podemos citar respecto a las designaciones de 'políticos' en instituciones nacionales e internacionales. Además, el PP no sólo realizó los nombramientos de personas conservadoras como les permitía la ley, sino que también, y como hemos visto de manera meridiana con el Poder Judicial, intentan luego retener el control de las instituciones incluso negándose durante años a las renovaciones a las que les obliga la legislación.
Hay de fondo varias confusiones importantes. La primera se refiere a la supuesta intercambiabilidad entre la noción de 'independencia' y la de 'imparcialidad'. En el lenguaje cotidiano se tratan como si fueran lo mismo, pero en realidad son conceptos muy distintos. En general casi todas las instituciones garantizan la independencia de los cargos una vez que son elegidos, lo que significa que no pueden ser coaccionados de ninguna forma por el poder político. Su independencia está garantizada, por lo tanto, sea quien sea la persona elegida. Sin embargo, la imparcialidad es una actitud que difícilmente puede reglamentarse ya que refiere a la actitud e ideología del individuo. Eso nos lleva a la segunda cuestión: ¿son acaso las personas que no han ostentado responsabilidades de representación más imparciales o menos ideológicas que las que sí lo han hecho?
Tanto en su corriente hayekiana como en la ordoliberal, el neoliberalismo teorizó que la democracia no debía alcanzar a determinados poderes públicos, especialmente en el área económica. Era demasiado peligroso que las gentes corrientes se ocuparan de materias que tendrían que estar reservadas para los expertos, decían; así que había que 'independizar' la gestión económica de la soberanía popular. Sobre esta base se fueron construyendo instituciones 'independientes' muy alejadas del mandato ciudadano. El caso paradigmático es el de los bancos centrales y, específicamente, el del Banco Central Europeo. Así, durante las últimas décadas ha ido calando en la sociedad la idea de que la mejor gestión de las instituciones se produce cuando están dirigidas por tecnócratas sin afiliaciones partidistas. En la práctica, como ya he planteado, existen las salvaguardas legales para que los elegidos sean independientes del poder político y popular. Pero no existe ninguna cláusula que pueda impedir la parcialidad y el sesgo ideológico, implícito o explícito, de esos mismos tecnócratas.
De hecho, los dos últimos gobernadores del Banco de España se han caracterizado por una orientación sumamente conservadora, rayana en lo doctrinario. Aunque el Banco de España no es ya el poder que fue cuando España tenía soberanía monetaria, aún tiene mandato de supervisión y regulación sobre el sistema financiero, pero también una enorme capacidad de análisis y una notable influencia en el mundo económico. Esta situación ha llevado a que los últimos gobernadores propuestos por el PP se hayan excedido en sus funciones y se hayan dedicado a hacer comentarios y recomendaciones públicas sobre materias sobre las que no tienen competencia alguna. Así, cada semana los gobernadores tenían su sesión de comentarios críticos sobre la reforma laboral y de pensiones del gobierno progresista, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, las propuestas impositivas progresivas, etcétera. Como no debe extrañar, estos comentarios sincronizaban de manera natural con la agenda conservadora y neoliberal del poder económico y político.
Cuando Feijóo piensa en un gobernador del Banco de España realmente está pensando en esto que acabo de decir: en una suerte de portavoz económico neoliberal. Sus declaraciones no parecen sugerir que Escrivá no esté preparado para asumir las funciones legales de un gobernador, sino que, y esto es lo que le parece molestar de verdad, no vaya a tener los sesgos neoliberales de sus antecesores.
Es positivo que el Gobierno progresista prefiera el diálogo y el consenso como fórmula para elegir a quien dirigirá instituciones públicas. Pero tampoco nos hagamos trampas, pues el Partido Popular no juega limpio. Ellos eligieron de manera unilateral al anterior gobernador del Banco de España cuando ya se sabía que el Gobierno conservador iba a ser desalojado en la moción de censura de 2018. Corrieron para designarlo porque sabían que, disfrazado de tecnocracia, el gobernador defendería el mismo programa económico que ellos y sería un instrumento contra el gobierno progresista que viniera después.
El ministro Escrivá es una persona altamente cualificada y con una experiencia profesional extraordinaria. Fue, por cierto, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) entre 2014 y 2020. Irónicamente, tanto la creación de aquella institución como su nombramiento como presidente contaron con mi voto en contra. Ahora, el Gobierno de España lo propone para un cargo para el que está perfectamente preparado y desde el que puede ayudar mucho a la agenda de transformación y modernización de España. Los cínicos movimientos tácticos del Partido Popular no deberían ser en ningún momento un obstáculo para lograr este objetivo. Escrivá sería un gobernador tan independiente como los dos gobernadores anteriores, y con toda probabilidad también bastante más imparcial. Pero seguro, sería un gran gobernador que, al efecto de sus funciones legales, no se dejaría arrastrar por las olas ideológicas del neoliberalismo.